Ayer, durante el paseo de pre campaña, tuve la oportunidad de pararme unos minutos a charlar con un ciudadano malagueño que me planteaba una nueva propuesta interesante: ¿por qué no podemos evaluar a nuestros políticos durante su mandato? Y aunque yo le argumentara que un sistema de evaluación puede presentarse en el momento de las elecciones mi interlocutor me corrigió diciendo que no se refería a eso.
“Mire, me dijo, si asemejamos un gobierno municipal, autonómico o del Estado a una empresa privada, las empresas tienen unos presupuestos de ingresos y gastos, unas proyecciones para la mejora de su rentabilidad y los directivos tienen que dar cuenta periódicamente de los avances, logros, pérdidas o dificultades, introduciendo en ese caso las medidas correctoras necesarias”.
“Si una empresa tiene unos directivos que son un desastre en la planificación, que demuestran su incapacidad para estar al frente del negocio, no dude que se les pone de patitas en la calle de inmediato, no se espera al final de su contrato para echarlos. Sin embargo en política tenemos que aguantarnos con las personas elegidas aunque lo hagan rematadamente mal, vayan contra los intereses de la población, hagan cosas que ni siquiera tenían incluidas en los programas cuando los votamos y sin ningún derecho a revocarlos. Han colocado en la ruina al país, ayuntamientos que no tienen ni para pagar su propia nómina cuando antes gastaban a manos llenas, mantienen una estructura administrativa mastodóntica y no tienen ni idea sobre lo que hacer para cambiar esto”.
Obviamente, tuve que explicarle cuáles eran las propuestas de UPYD para reducir los gastos superfluos de la administración en todos sus ámbitos, la necesaria reducción del número de ayuntamientos, la supresión de las diputaciones, la mejora en la gestión eficaz de las comunidades autónomas, etc.etc., escuchándome con mucha atención, para terminar concluyendo:
“Si eso está muy bien y por eso les voy a votar a ustedes, pero los que lleguen a gobernar estarán cuatro año sí o sí, y los ciudadanos no tenemos ningún derecho ni instrumento a revocarlos en caso de mala gestión o ineptitud. Si al menos pudiéramos a mitad de legislatura pronunciarnos en referéndum sobre determinadas políticas que nos afectan a todos, o pudiéramos interpelar o denunciar a tal o cual diputado, alcalde o concejal si hacen mal su trabajo, conseguiríamos un mayor acercamiento de los ciudadanos a la política. Eso es lo que tiene desencantados a los ciudadanos”.
Conclusión: ¿Quién ha dicho que los ciudadanos no tienen interés por la política? ¿A quién le interesa alejarse cada vez más de la población para situarse como casta al margen de lo que piensen los que para ellos son meros votantes? Ambos aceptamos que los partidos clásicos se están comportando como multinacionales de la política y que son los ciudadanos los que tienen en sus manos cambiar esto decidiendo el 20N.
3 comentarios:
Existe en el imaginario popular la opinión de que en la empresas privadas a los gestores, directores, presidentes etc., se le hecha si no cumplen, y no es cierto, lo vemos en los bancos, en la eléctricas y otras grandes empresas, y además la flexibilidad laboral y la adecuación de la retribución a la productividad que tanto demandan ellos se la "blindan".
-Posibilidad de convocar elecciones anticipadas por iniciativa popular, ante el uso de medidas no planteadas en el programa con que el Gobierno se presentó a las elecciones.
-Inspecciones y procesos legales de forma automática sobre los cargos políticos con responsabilidades, al terminar su mandato. Teniendo consecuencias legales los deficits no declarados, colocación de personal o gasto ineficiente, etc.
-Transparencia de las cuentas públicas.
-Fin de cargos de libre designación.
Personalmente antes de contar con la posibilidad de convocar elecciones anticipadas por iniciativa popular, me gustaría ver cómo este país deja de votar a políticos por el hecho de haber realizado una mala gestión y haber abusado del poder. Eso todavía no ha pasado en esta democracia.
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