EL BANCO BUENO

La afectación de la crisis económica sobre la vivienda en propiedad crece por momentos en nuestro país. Las familias, que se ven obligadas por orden judicial a desalojar su vivienda hipotecada por no poder hacer frente a los pagos mensuales, continúan debiendo el resto de la hipoteca aunque se hayan quedado sin vivienda. De tal forma el fenómeno se ha extendido, que nos encontramos con la paradoja de tener en nuestro país mucha gente sin casa y muchas casas sin gente.

El gobierno ha consultado a la banca antes de dar ningún paso para paliar esta situación y los cambios que ha propuesto son tan tímidos que reflejan la sumisión total de lo político a lo económico una vez más. La dación en pago continuará existiendo aunque con moratoria de dos años que lleva implícita el aumento de intereses, unos perfiles de familia tipo para paralizar el desahucio y el resto a la calle.

Mientras, se crea el banco malo donde las entidades financieras podrán depositar sus toxicidades inmobiliarias para aliviar sus cuentas de resultados. Un banco malo, por su propia definición de descarte, no puede ser bueno. Sin embargo, la Unión Europea obligó a nuestro gobierno a pesar de que habían jurado que nunca tendríamos un banco malo. Una vez más imponiéndose lo económico sobre lo político.

Pero muchos nos hemos preguntado por qué no se ha creado un banco bueno. Un banco que podría llamarse Banco de la Vivienda o Banco Bueno directamente. He revisado muchas normativas en varios continentes sobre las leyes hipotecarias, préstamos bancarios y adquisiciones de viviendas en propiedad. Y viendo la comparativa he llegado a la conclusión de que la creación de un banco bueno es posible. Y digo “es posible”, otra cosa distinta es que las autoridades quieran hacerlo.

Se trataría de cambiar puntualmente algunas leyes en relación a la vivienda y también el modelo con el que se otorgan las hipotecas desde los bancos. Cuando una persona o familia desea comprar una vivienda la opción primera no debe ser la hipoteca tradicional, sino algo parecido a un leasing, una especie de Alquiler con Opción a Compra.

El banco bueno lo que hace es adquirir la vivienda que el cliente va a comprar, que en realidad es lo que hace ahora con las hipotecas y condiciones abusivas. Del resultado de la operación saldrá un tiempo y unos intereses para que el inquilino pueda terminar  siendo propietario de la misma. El banco lo que ha hecho es alquilar la vivienda con opción a compra, con lo cual si el inquilino deja de pagar sus cuotas mensuales de alquiler el banco está respaldado por la actual ley sobre alquileres y el inquilino abandonará la vivienda.

Automáticamente el inquilino deja de pagar su cuota mensual al banco y no tiene contraída con el banco ninguna deuda más por lo que ni siquiera es necesario regular la dación en pago, ya que este pago no existe. El banco puede disponer de la vivienda que es suya para volver a alquilarla con opción a compra a otro cliente.

Este banco bueno nunca perdería, ya que su activo inmobiliario siempre estaría funcionando. Si el inquilino termina de pagar el valor acordado en el contrato de alquiler con opción a compra, la vivienda será de su propiedad y el banco habrá recuperado su inversión inicial con los intereses correspondientes sin perder un céntimo.

Lo que realmente nos está ocurriendo es que seguimos primando la usura y la codicia en los beneficios del capital bancario a los derechos constitucionales y humanos de tener una vivienda, que nadie dice que sea en propiedad, alquilada o con opción a compra.

El banco bueno recibiría un sinfín de clientes que obviamente tendrían sus depósitos (nóminas, haberes, ahorros, etc.) en la entidad, para que el banco pueda continuar adquiriendo nuevas opciones de compra que nuevos clientes les presenten. A ello habría que sumar la obligatoriedad de que la cantidad a pagar mensualmente por parte del cliente nunca supere el 40% de sus ingresos, aunque ello signifique ampliar por más años el hipotético final de ser propietario.

Un país puede diseñar sus propias leyes y crear o fomentar aquellas entidades públicas o privadas que sean necesarias para conseguir que sus ciudadanos sean más felices. Lo contrario, primar al usurero en contra de la felicidad de los ciudadanos, es tan fácil que pueden hacerlo hasta los más idiotas.