Después de 35 años de
democracia en nuestro país, muchas son las cuestiones a revisar de nuestro
funcionamiento político. Como en cada situación de cambio, al pasar un
determinado tiempo conviene hacer una evaluación global para detectar aquello
que ha servido, con lo que nos ha ido bien, así como lo que no ha funcionado
para intentar cambiarlo a mejor.
Si nos detenemos a
analizar cada uno de los aspectos que no funcionan, la lista sería interminable
y, posiblemente, nos alejaría de buscar el punto focal en dicha evaluación, ya
que todos ellos tienen una raíz común: el bipartidismo PP-PSOE.
Ambos partidos han
tenido periodos de gobierno, alternándose en el poder en todos los ámbitos de
la administración: central, autonómica, provincial y local. Para ambos, la
alternancia era la opción, no la alternativa. Mantener todas las estructuras de
poder político y una administración gigantesca, les permitía un amplio
escenario donde ubicar miles de puestos políticos que engrosarían la mamadera
de lo público.
Ninguno de los dos
partidos grandes (que no grandes partidos) han abordado, con rigor y velando
por los intereses de todos, la necesaria reforma de la estructura política del
Estado. Y no lo han hecho porque a ambos le ha ido y les va bien. Mantienen más
de 8.000 ayuntamientos en España, cuando por ejemplo Brasil, con 200 millones
de habitantes sólo cuenta con 5.300 municipios. Mantienen las Diputaciones
Provinciales, entes que quedaron absorbidos en competencias al ponerse en
marcha el mapa autonómico y que duplican inexplicable el gasto y estructuras
públicas. Permitieron la creación de infinidad de mancomunidades, instituciones
que se han convertido en un coladero de enchufes y mal gobierno. Asumieron como
normal los estatutos autonómicos llamados de segunda generación, que vinieron a
profundizar las asimetrías entre comunidades autónomas consolidando la
desigualdad entre los servicios públicos a los españoles.
Pero eso a PP-PSOE les
daba exactamente igual. Lo importante, lo realmente importante para ellos, es
obtener el poder y distribuir miles de cargos públicos que, como bocas
agradecidas, trabajen para mantenerse en el poder. Esa ha sido su única visión
de Estado, su única vinculación con las estructuras políticas que no han usado
para cambiar la realidad española y poner en marcha la previsibilidad de
acciones políticas para la mejora social y económica, sino simplemente para
permanecer en el poder.
Tanto daño nos ha hecho
esto en el avance democrático en nuestro país, que por fin cada vez más
ciudadanos captan el mensaje de que el discurso y el debate, al que nos han
querido llevar, es ficticio. Ya hemos descubierto que no se trata de
contraponer propuestas sobre determinados temas o asuntos claves (asuntos que
ellos decidían si eran claves o no), sino de estar o no estar en el poder.
Detenerse a visualizar
la gran cantidad de casos de corrupción, la ineficacia de la política
económica, la pérdida de servicios sociales, la pésima gestión pública, los
recortes en educación o sanidad, las propuestas de privatización, el
contubernio con la iglesia católica, el paro general o el juvenil, sería
entretenernos en los síntomas sin ver la causa.
Atacar de raíz la causa
que ocasiona un país a la deriva significa acabar con el bipartidismo, erradicarlo
de los ámbitos de poder, terminar con las estructuras empresariales y oficinas
de colocación en las que se han convertidos ambos, para recuperar la dignidad.
Los políticos a los que
elegimos son nuestros representantes en las instituciones, nosotros los ponemos
y nosotros los quitamos. Es la quintaesencia de la democracia. Por eso, si
realmente queremos cambiar la situación actual y avanzar en un desarrollo
democrático, hemos de tomar la decisión firme de acabar con un bipartidismo
dañino y autocomplaciente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario