ANDALUCÍA, ¿RESERVA DE LA BIOSFERA?

Ayer celebramos el día de Andalucía. Bueno, celebraron mucho las instituciones con reclamos a fortalecer y luchar por el estado del bienestar para la comunidad, el cual presentan como si se tratará de la reserva de la biosfera con exclusividad andaluza. Los parados (36,5%) y los parados jóvenes (64%) no tenían nada que celebrar. El resto de los andaluces tampoco celebraban mucho. Nuestra sanidad pública ha caído en la inversión por habitante y hoy se sitúa en 980 euros, mientras la media nacional es de 1.204 y, más alejados aún, de los 1.541 dedicados en el País Vasco o los 1.400 euros dedicados en Navarra. En los últimos años los recortes del gobierno andaluz en sanidad alcanzan el 17%. Así que el baluarte del estado del bienestar habrá que traducirlo en otros indicadores.

Desde luego en educación tampoco. El informe Pisa 2013 sitúa a Andalucía a la cola en todas las categorías que analiza. El recorte en educación ha sido en 2014 del 2,3% lo que significa una inversión por habitante de 835 euros, frente a los 1.559 del País Vasco o los 1.001 euros de Navarra. Continúan los problemas con aulas prefabricadas, faltan institutos de secundaria, se eliminan más de 4.000 puestos de interinos y el fracaso escolar no ve una salida clara a su alto índice andaluz que supera el 38%. Entonces, en educación parece que no encontramos una traducción del cacareado refugio del bienestar social.

Siempre se puede recurrir a los kilómetros de autovías, de alta velocidad y grandes obras que fueron posibles en Andalucía gracias a las subvenciones llegadas de los fondos europeos para equilibrar las regiones más pobres de Europa. Pero de eso ya hace tiempo y, además, no conviene sacar pecho de aquello que no hemos hecho nosotros, al menos no con inversiones propias sino sobrevenidas.

Por el contrario, nuestro desempleo aumenta y amenaza con convertirse en una lacra permanente que impida el crecimiento y la salida de la crisis en Andalucía. Eso sí, cuando baja algunos miles será mérito del gobierno andaluz, cuando suba en unos miles será demérito del gobierno central. Y además tenemos nuestro caso de los ERES, que el día que acabe resolviéndose en los tribunales va a obligar a ampliar algunas de las prisiones (ya superpobladas) de nuestra Andalucía. Han robado hasta la saciedad, con la complicidad por acción u omisión de nuestros gobernantes. Veremos qué pasa con Invercaria, Fondo Andaluz de Formación para el Empleo (FAFE) y otras empresas e institutos paralelos de nuestra reserva de la biosfera del Estado del Bienestar.

Los andaluces no nos merecemos esto. Para este viaje no se necesitaban las alforjas de la autonomía. No se han enterado en 34 años que trabajar para Andalucía significa abordar el bien común, con planificación y transparencia, con eficacia y eficiencia y han optado por engañarnos refugiándose en los agravios contra Andalucía.

¿SOMOS PERSONAS?

Las fronteras entre países se han ido estableciendo a lo largo de la historia como un método con cierta lógica histórica a la hora de poder desarrollar políticas públicas en un territorio concreto y para un número de personas determinado. A veces esos territorios se han ido modificando in descenso o in crescendo, dependiendo de guerras, acuerdos internacionales, luchas independentistas, etc. La Comunidad Internacional se ha ido dotando, por su parte, de ciertos mecanismos que englobaran compromisos generales de esas estructuras país y marcaran una línea de mínimos en diversos tratados y acuerdos que los países asumían mediante su firma.

En momentos determinados se han producido movimientos migratorios de cierta importancia. Los más graves motivados por conflictos bélicos que desplazan a un gran número de habitantes de un país a otro. Aquello, que anteriormente daba signos de descontrol, fue asumido por la Comunidad Internacional en atención a los desplazados, refugiados y víctimas de guerra mediante su inclusión en campos al efecto. Es una forma de atender a los afectados sin que pasen a formar parte de un país tercero, lo que podría desestabilizarlo en su propio proceso de desarrollo. Otros movimientos han tenido como causa las graves hambrunas que se han producido, sobre todo en diversas zonas de África, que provocan desplazamientos de cientos de miles de personas, siendo atendidos por los organismos internacionales con los mismos métodos que el caso anterior.

Sin embargo, proliferan desde finales del siglo XX y continúan en el XXI, los movimientos migratorios de personas que desean a toda costa instalarse en el llamado mundo desarrollo, occidental o rico. Para ello existen varias fórmulas establecidas que han ido dando cabida en los países receptores a un número importante de personas procedentes de países emisores. En nuestro caso, especial relevancia tuvieron los movimientos migratorios de Latinoamérica hacia España, en concreto de Ecuador, Argentina, Bolivia y Colombia, así como los procedentes de países de Europa como Rumanía y Polonia  que significó un incremento importante de nuestra población en momentos donde nuestra economía basada en la burbuja inmobiliaria estaba absolutamente boyante.

Otro tratamiento y método han tenido los migrantes de origen subsahariano, procedentes de una diversidad de países como Nigeria, Níger, Camerún, Mauritania, Malí, etc., que arriesgan sus vidas en un camino infernal hasta las fronteras de Ceuta y Melilla para saltar las vallas limítrofes o intentan atravesar el estrecho en cayucos o en balsas de recreo. Todos ellos presentan un perfil muy parecido: personas jóvenes, con un futuro frustrado en su país, que pretenden llegar al primer mundo a abrirse camino y poder ayudar a sus familias de origen. Tanta demanda, ha originado bandas mafiosas que trafican con traslados, documentación falsa, extorsionan, controlan la trata de personas, etc.

A todo esto hay que ponerle control. Por eso, la Comunidad Internacional se dotó de tratados al efecto que asumieron la mayoría de los países, entre otros España. El Derecho Internacional Humanitario recoge toda una serie de normas para atender, socorrer, proteger y asistir a las personas que lo precisen, independientemente del origen que provoca la atención. En el caso reciente de Ceuta, cientos de personas se tiran al agua con la intención de pasar a aguas españolas y pisar suelo español. Algunas decenas saben nadar y otras van con pequeños flotadores. La actuación humanitaria que se desprende de los acuerdos firmados por nuestro país, hubiera implicado el salvamento marítimo de las mismas, la atención médica necesaria y, posteriormente, ocuparse de su deportación, internamiento o lo que procediera.

Sin embargo, la actuación realizada dista mucho de esos principios. Primero se les intento disuadir mediante métodos antidisturbios (pelotas de goma, quizás balas de goma y otros) en su nado hacia la costa. En ningún momento se planteo su rescate del agua y, más grave aún, conforme alcanzaban la costa agarraditos de la mano eran entregados a la policía marroquí. En ese bochorno de actuación han perdido la vida, de momento, quince personas (15). Las autoridades europeas ya han anunciado medidas contra el gobierno español, cientos de ONG acusan al ministro del interior y al director de la Guardia Civil de haber incumplido sus compromisos internacionales. Naciones Unidas nos mira con mucha desconfianza por la actuación realizada. Y lo más importante, quince personas han muerto en el desastre.

Las vidas valen todas lo mismo. Insisto, todas. No vale mirar para otro lado si los sujetos son blancos, amarillos o negros, sudamericanos, centroeuropeos o africanos. Todos sin excepción tienen el mismo valor en el Derecho Internacional y en los organismos internacionales. Pero eso en España parece no ser así. Todo depende del color de las personas y de los métodos para llegar a nuestro país. El derecho de socorro se lo han saltado a la torera agravando la situación utilizando material antidisturbios contra personas indefensas dentro del agua. Quince muertos, de momento. Creo que el asunto merece unos minutos de reflexión.

SIN PENA NI GLORIA.

Desde que Griñán saliera huyendo para refugiarse en el Senado y dejara en herencia la Presidencia de la Junta a Susana Díaz, hemos visto pasar seis largos meses sin pena ni gloria para la política andaluza. Lo hereditario, que es como una cosa genética en el PSOE y en el PP, no ha abordado con seriedad ni uno solo de los graves problemas que tenemos en Andalucía y se ha dedicado a consolidarse dentro de sus propias filas en el territorio español.

Susana Díaz está apostando fuerte a nivel federal del PSOE. Se mete hasta en los charcos para obtener visibilidad española (que lleva implícita la andaluza) y tener peso decisorio en el aparato de Ferraz. Sin embargo, sostiene Pereira, son varios altos cargos del PSOE los que están indicando a la heredera que si realmente quiere tener poder en el seno del partido tiene que ganar unas elecciones en Andalucía. No se puede ir dando lecciones a las huestes socialistas, blandiendo la bata de cola del poderío andaluz, sin revalidar en las urnas el gobierno más importante que mantiene el partido.

Con sus socios de gobierno (izquierda unida) Susana Díaz mantiene una relación calculada y el “vamos a llevarnos bien” se traduce en una falta absoluta de ideas y propuestas para abordar el problema del paro, los recortes en sanidad y educación, la juventud sin salida y los problemas derivados de la PAC. La acción de gobierno se limita a preparar concienzudamente las próximas elecciones anticipadas que Susana tiene que ganar. El resto, los acuerdos del Consejo de Gobierno, son simplemente una excusa para ir ganando tiempo, cuando todos sabemos que desde septiembre nuestra comunidad está en encefalograma plano.

El PP parece que va aclarando su candidato y ya se oyen ruidos en el Hospital de las Cinco Llagas de convocatoria electoral. Es muy posible que coincidan con las europeas del 25 de mayo (con lo cual Moreno Bonilla ni se habrá peinado todavía) o que piensen en el 28 de septiembre como última fecha, después de un verano que nos deja a todos más pendientes de los espetos y el chiringuito que de los vaivenes políticos.

Sea como fuere, lo que ha demostrado Susana en estos seis meses es que los problemas andaluces ni siquiera los ha abordado en profundidad. Algunos retoques por aquí, algún empresario por allá y mucho discurso y presencia dentro y fuera de Andalucía. Lo que está claro es que de nuevo las elecciones andaluzas no responderán a una necesidad de los propios andaluces sino a los intereses del partido en Madrid. Y hemos perdido unos valiosos meses para poner en marcha políticas públicas serias para impulsar el empleo.  Deberíamos tomar nota y no dejarnos engañar de nuevo.

HORA DE PROPUESTAS

El descrédito de los partidos políticos, reflejados en todas las encuestas y sondeos de opinión, viene aumentando mes a mes provocando cierta desazón sobre el futuro de la política en nuestro país. A todos los males de la corrupción, los manejos internos y de las instituciones, los chanchullos y manipulaciones (que siempre han existido por desgracia), hay que sumarle la constatación de la ineficacia en la resolución de los problemas sociales reales que afectan a la mayoría de los ciudadanos. Espiral en la que se ven envueltos no sólo los partidos en el gobierno sino también los de la oposición.

La población está cansada de ver cómo unos y otros se tiran permanentemente los trastos a la cabeza, se insultan, se descalifican, con posicionamientos absolutamente estereotipados que responden a viejas consignas y que para nada ayudan a plantear alternativas serias en esto de la gestión de lo público. Todo parece convertirse en un circo mediático donde se busca la confrontación y el enfrentamiento en lugar de realizar propuestas alternativas serias, buscar el acuerdo y reflejar en la acción política la sensibilidad de la calle para resolver los problemas.

Los gobiernos (da igual su magnitud de gestión), se parapetan en mini verdades absolutas para gestionar la miseria, buscando siempre el rédito electoral fácil y preparando con minuciosidad el argumentario para enfrentar a los adversarios. Jamás están dispuestos a escuchar una opinión distinta, algo que pueda mejorar su propuesta, ya que automáticamente la encasillarán y acusarán al proponente de demagogia política.

Si de verdad queremos regenerar la política en toda su dimensión, tenemos que comenzar por hacer válidos los debates y propuestas en las instituciones, buscar siempre las mejores opciones para beneficiar al máximo de ciudadanos y perjudicar al menor número posible. Para eso, los gobiernos deben saber escuchar al resto de partidos y también a la calle, pero la oposición debe hacer propuestas serias alejadas del enfrentamiento pseudoideológico para abordar con claridad la mejor gestión posible sobre el bien común.

Estamos muy alejados de que esto sea así. Los partidos viejos parecen condenados a mantener su modus vivendi basado en el control férreo de las instituciones y los partidos nuevos, que podrían regenerar realmente la vida política, están entrando en una metodología del insulto con escasísimas propuestas globales de mejora de la realidad, abusando de las vaguedades y sin entrar en lo concreto.

Mucho les queda por hacer a los partidos para recuperar la credibilidad ante los ciudadanos a los que una vez más les toca considerar si apoyan a partidos anquilosados en los ismos o definitivamente optan por nuevas opciones de interlocución en la gestión de lo público. Son elementos a tener muy en cuenta cuando nos enfrentemos de nuevo a las urnas que todo lo justifican. Pensemos muy bien qué tipo de políticos queremos al frente de nuestras instituciones y qué tipo de políticas queremos que hagan.

LA POLÍTICA HA MUERTO.

Las turbulencias económicas que estamos viviendo los últimos siete años, han provocado un efecto perverso que hemos de corregir a la mayor brevedad. Se trata de los enormes beneficios obtenidos por las empresas multinacionales y grandes empresas de los estados afectados. A río revuelto, ganancia de pescadores, como diría el refrán, pero a medida que han crecido los beneficios empresariales de forma escandalosa, el empleo ha caído, las condiciones laborales han entrado en una clara pérdida de derechos y de poder adquisitivo, al tiempo que las escasas estrategias políticas de los gobernantes poco o casi nada pueden hacer para revertir la situación.

De los siete años de vacas flacas para la administración de lo político en los gobiernos, ya podemos deducir que los principales beneficiados del tsunami económico han sido las medianas y grandes fortunas en manos de muy pocas empresas y personas. Mientras, la inmensa mayoría de la población enmarcada en las clases media-alta y media-media, han visto disminuir sensiblemente su capacidad de gasto y concentración económica, por no hablar de la caída a la pobreza y extrema pobreza de centenares de miles de familias excluidas del escaso empleo existente.

Algunos de los indicadores económicos en los países avanzados, indican que se avecina el ciclo de los siete años de vacas gordas, ciclo que comenzará a aflorar en 2015 hasta 2021 inclusive, fecha en la que podremos dar por concluida la grave recesión mundial. Pero en este amplio periodo las grandes fortunas habrán acumulado catorce años de extraordinarias ganancias, mientras que en los gobiernos mundiales se habrá puesto en evidencia su inservible audacia, negando la mayor de las virtudes que se le suponen: preocuparse y ocuparse del bien común. Lo único que los más avispados han podido hacer, consistió en reducir a la mínima expresión el peso del lastre económico disminuyendo la indigencia en sus países, para lo cual ampliaron soberanamente las capas sociales que sufren la depreciación y devaluación de su poder adquisitivo.

Lo que ha quedado demostrado es que por la ineptitud de muchos y la capacidad de reinventarse de otros, el mundo de las grandes empresas sabe hacer su agosto en tiempos difíciles. Han demostrado que realmente son los que gobiernan el mundo, los que hacen y deshacen, los que deciden, llevándonos a un enfrentamiento real con las capacidades de aquellos que nos gobiernan o, mejor dicho, que no nos gobiernan. Entregar la planificación del futuro de varias generaciones del mundo actual a los intereses económicos de trust, oligopolios, multinacionales y a los sistemas financieros privados, supone rendirse y reconocer la evidencia que veníamos seriamente sospechando: la política ha muerto.

Por eso necesitamos, más que nunca, políticos de altura que sepan rediseñar nuestro futuro, el de todos, partiendo de las elementales nociones del bien común y poniendo la política al servicio de los ciudadanos y no de intereses mezquinos basados en la codicia.