Ayer celebramos el día
de Andalucía. Bueno, celebraron mucho las instituciones con reclamos a
fortalecer y luchar por el estado del bienestar para la comunidad, el cual
presentan como si se tratará de la reserva de la biosfera con exclusividad
andaluza. Los parados (36,5%) y los parados jóvenes (64%) no tenían nada que
celebrar. El resto de los andaluces tampoco celebraban mucho. Nuestra sanidad
pública ha caído en la inversión por habitante y hoy se sitúa en 980 euros, mientras
la media nacional es de 1.204 y, más alejados aún, de los 1.541 dedicados en el
País Vasco o los 1.400 euros dedicados en Navarra. En los últimos años los
recortes del gobierno andaluz en sanidad alcanzan el 17%. Así que el baluarte
del estado del bienestar habrá que traducirlo en otros indicadores.
Desde luego en
educación tampoco. El informe Pisa 2013 sitúa a Andalucía a la cola en todas
las categorías que analiza. El recorte en educación ha sido en 2014 del 2,3% lo
que significa una inversión por habitante de 835 euros, frente a los 1.559 del
País Vasco o los 1.001 euros de Navarra. Continúan los problemas con aulas
prefabricadas, faltan institutos de secundaria, se eliminan más de 4.000
puestos de interinos y el fracaso escolar no ve una salida clara a su alto
índice andaluz que supera el 38%. Entonces, en educación parece que no
encontramos una traducción del cacareado refugio del bienestar social.
Siempre se puede
recurrir a los kilómetros de autovías, de alta velocidad y grandes obras que
fueron posibles en Andalucía gracias a las subvenciones llegadas de los fondos
europeos para equilibrar las regiones más pobres de Europa. Pero de eso ya hace
tiempo y, además, no conviene sacar pecho de aquello que no hemos hecho
nosotros, al menos no con inversiones propias sino sobrevenidas.
Por el contrario,
nuestro desempleo aumenta y amenaza con convertirse en una lacra permanente que
impida el crecimiento y la salida de la crisis en Andalucía. Eso sí, cuando
baja algunos miles será mérito del gobierno andaluz, cuando suba en unos miles
será demérito del gobierno central. Y además tenemos nuestro caso de los ERES,
que el día que acabe resolviéndose en los tribunales va a obligar a ampliar
algunas de las prisiones (ya superpobladas) de nuestra Andalucía. Han robado
hasta la saciedad, con la complicidad por acción u omisión de nuestros
gobernantes. Veremos qué pasa con Invercaria, Fondo Andaluz de Formación para
el Empleo (FAFE) y otras empresas e institutos paralelos de nuestra reserva de
la biosfera del Estado del Bienestar.
Los andaluces no nos
merecemos esto. Para este viaje no se necesitaban las alforjas de la autonomía.
No se han enterado en 34 años que trabajar para Andalucía significa abordar el
bien común, con planificación y transparencia, con eficacia y eficiencia y han
optado por engañarnos refugiándose en los agravios contra Andalucía.
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