¿SOMOS PERSONAS?

Las fronteras entre países se han ido estableciendo a lo largo de la historia como un método con cierta lógica histórica a la hora de poder desarrollar políticas públicas en un territorio concreto y para un número de personas determinado. A veces esos territorios se han ido modificando in descenso o in crescendo, dependiendo de guerras, acuerdos internacionales, luchas independentistas, etc. La Comunidad Internacional se ha ido dotando, por su parte, de ciertos mecanismos que englobaran compromisos generales de esas estructuras país y marcaran una línea de mínimos en diversos tratados y acuerdos que los países asumían mediante su firma.

En momentos determinados se han producido movimientos migratorios de cierta importancia. Los más graves motivados por conflictos bélicos que desplazan a un gran número de habitantes de un país a otro. Aquello, que anteriormente daba signos de descontrol, fue asumido por la Comunidad Internacional en atención a los desplazados, refugiados y víctimas de guerra mediante su inclusión en campos al efecto. Es una forma de atender a los afectados sin que pasen a formar parte de un país tercero, lo que podría desestabilizarlo en su propio proceso de desarrollo. Otros movimientos han tenido como causa las graves hambrunas que se han producido, sobre todo en diversas zonas de África, que provocan desplazamientos de cientos de miles de personas, siendo atendidos por los organismos internacionales con los mismos métodos que el caso anterior.

Sin embargo, proliferan desde finales del siglo XX y continúan en el XXI, los movimientos migratorios de personas que desean a toda costa instalarse en el llamado mundo desarrollo, occidental o rico. Para ello existen varias fórmulas establecidas que han ido dando cabida en los países receptores a un número importante de personas procedentes de países emisores. En nuestro caso, especial relevancia tuvieron los movimientos migratorios de Latinoamérica hacia España, en concreto de Ecuador, Argentina, Bolivia y Colombia, así como los procedentes de países de Europa como Rumanía y Polonia  que significó un incremento importante de nuestra población en momentos donde nuestra economía basada en la burbuja inmobiliaria estaba absolutamente boyante.

Otro tratamiento y método han tenido los migrantes de origen subsahariano, procedentes de una diversidad de países como Nigeria, Níger, Camerún, Mauritania, Malí, etc., que arriesgan sus vidas en un camino infernal hasta las fronteras de Ceuta y Melilla para saltar las vallas limítrofes o intentan atravesar el estrecho en cayucos o en balsas de recreo. Todos ellos presentan un perfil muy parecido: personas jóvenes, con un futuro frustrado en su país, que pretenden llegar al primer mundo a abrirse camino y poder ayudar a sus familias de origen. Tanta demanda, ha originado bandas mafiosas que trafican con traslados, documentación falsa, extorsionan, controlan la trata de personas, etc.

A todo esto hay que ponerle control. Por eso, la Comunidad Internacional se dotó de tratados al efecto que asumieron la mayoría de los países, entre otros España. El Derecho Internacional Humanitario recoge toda una serie de normas para atender, socorrer, proteger y asistir a las personas que lo precisen, independientemente del origen que provoca la atención. En el caso reciente de Ceuta, cientos de personas se tiran al agua con la intención de pasar a aguas españolas y pisar suelo español. Algunas decenas saben nadar y otras van con pequeños flotadores. La actuación humanitaria que se desprende de los acuerdos firmados por nuestro país, hubiera implicado el salvamento marítimo de las mismas, la atención médica necesaria y, posteriormente, ocuparse de su deportación, internamiento o lo que procediera.

Sin embargo, la actuación realizada dista mucho de esos principios. Primero se les intento disuadir mediante métodos antidisturbios (pelotas de goma, quizás balas de goma y otros) en su nado hacia la costa. En ningún momento se planteo su rescate del agua y, más grave aún, conforme alcanzaban la costa agarraditos de la mano eran entregados a la policía marroquí. En ese bochorno de actuación han perdido la vida, de momento, quince personas (15). Las autoridades europeas ya han anunciado medidas contra el gobierno español, cientos de ONG acusan al ministro del interior y al director de la Guardia Civil de haber incumplido sus compromisos internacionales. Naciones Unidas nos mira con mucha desconfianza por la actuación realizada. Y lo más importante, quince personas han muerto en el desastre.

Las vidas valen todas lo mismo. Insisto, todas. No vale mirar para otro lado si los sujetos son blancos, amarillos o negros, sudamericanos, centroeuropeos o africanos. Todos sin excepción tienen el mismo valor en el Derecho Internacional y en los organismos internacionales. Pero eso en España parece no ser así. Todo depende del color de las personas y de los métodos para llegar a nuestro país. El derecho de socorro se lo han saltado a la torera agravando la situación utilizando material antidisturbios contra personas indefensas dentro del agua. Quince muertos, de momento. Creo que el asunto merece unos minutos de reflexión.