UN DAÑO IRREPARABLE

La agónica despedida del gobierno socialista puede traernos a los españoles una serie de daños irreparables de cálculo difícil. Cuando el ciclo político está agotado y acabamos de cerrar el parlamento por vacaciones, nada impide que aprovechando este paréntesis veraniego Zapatero pueda trasladarse a la Zarzuela o a Palma de Mallorca (donde se encuentre el Rey), a comunicarle la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo septiembre. En la Unión Europea llevan meses sabiendo que nuestro gobierno navega en una especie de interinidad manifiesta, consolidada por los resultados del 22 de mayo, y la falta de peso específico en la maraña europeísta es preocupante. Las decisiones se toman muy al margen de nuestro gobierno, pintamos poco y mal, y las medidas adoptadas tienen como referente salvar al Euro y no a España, Irlanda o Italia. En el plano interior la inversión privada lleva varios meses absolutamente frenada en espera de mejores tiempos políticos, mientras el drama del paro, los desahucios, el desempleo juvenil y la falta de liquidez azotan las economías domésticas, haciéndonos pasar uno de los veranos de mayor escasez de los últimos años. Ni siquiera el incremento del turismo debido a la inestabilidad de otras zonas de referencia (Egipto, Túnez, Marruecos), podrá reducir de forma estimable la vergonzosa ruina familiar e institucional que estamos viviendo. El partido socialista no tiene ningún derecho (a pesar de su legalidad) a prolongar esta agonía de todo un país que ve como cada día cuenta con menores recursos, sin timón ni referente en la política del estado. Pueden agotar la legislatura en beneficio propio, acortarla un poco y convocar elecciones en noviembre, pero saben perfectamente que ya no hay nada que hacer, ni tienen en sus manos las posibilidades de servir de revulsivo a la tremenda situación que padecemos. Por ello, si de verdad les queda un mínimo de responsabilidad política, deben aprovechar este periodo estival disolviendo las cámaras, corriendo así el tiempo de vacación y convocar elecciones para el próximo mes de septiembre. No sólo es lo más sensato sino lo más ético. Los españoles estamos cansados, extenuados de la dinámica establecida y tenemos todo el derecho (también el deber) de pronunciarnos de nuevo en las urnas para reconducir la situación antes de que los daños irreparables aumenten y puedan arruinar aún más nuestras maltrechas economías. La responsabilidad ciudadana tiene que retomar su presencia en lo político, que hasta ahora ha estado manejado de forma humillante por el bipartidismo clásico instaurado por el PSOE y el PP. Una responsabilidad que indica que el hartazgo mostrado en las encuestas del CIS hacia la clase política hace necesario un cambio de escenario y de actores en las instituciones de nuestro país.