viernes, 31 de agosto de 2012

¿QUIÉN PAGA LA CRISIS?


Iniciamos septiembre con la aplicación bestial de la subida del IVA por parte del Gobierno del PP. Rajoy acaba de prometernos que en 2013 no subirá más el IVA ni el IRPF, aunque dejando la postilla del “siempre que no sea necesario”, lo que deja a todas luces claro que volverá a subir los impuestos el año próximo.

Recordemos, (no hace falta ser muy mayor), que cuando un país siente la presión sobre su moneda suele recurrir al truco de la devaluación de la misma, potenciando el valor de sus exportaciones al hacerlas más competitivas y enfriando el consumo interno. España no puede recurrir en este momento a la vieja treta debido a su inclusión en la llamada “Zona Euro” cuya moneda solo podría ser devaluada por el Banco Central Europeo.

Para abordar la estrategia Rajoy, al igual que Zapatero, ha optado por devaluar el Euro en España vía disminución del poder adquisitivo. De ahí que los funcionarios hayan sufrido recortes del 5%, congelación salarial, desaparición de la paga extra de navidad, subido el IRPF, subido el IVA, incremento del pago por medicamentos, congelación de pensiones y un largo etc., que no reproduzco para no crear depresión psicológica.

Así, a groso modo, podemos estar hablando de una devaluación de nuestra moneda, o para ser más exacto de una pérdida del poder adquisitivo, en los últimos dos años del 30% real, incluyéndoles el 2,7% de inflación interanual actual. Es posible que no hayamos reparado en ello en el día a día de nuestros gastos y compras habituales, pero nuestro Euro, la moneda que utilizamos, cada vez vale menos. Es decir, el poder adquisitivo de las familias españolas ha disminuido considerablemente y amenaza con reducirse aún más en 2013.

Si a ello le sumamos que el desempleo español alcanza ya el 25,1% y el paro juvenil el 55%, el grado de desesperación aumenta, ya que no sólo tiene menos valor nuestro dinero sino que, además, disminuye de forma alarmante la posibilidad de obtenerlo.

Todo lo anterior ha sido provocado por una decisión política: el Partido Popular asume que la prioridad económica está en salvar a Sistema Financiero Español, es decir, bancos y cajas de ahorro, por lo que necesitará un rescate de la Unión Europea de hasta 100.000 millones de Euros, que pagaremos todos los españoles vía aumento de impuestos, reducción de servicios públicos y supresión de empleos.

Además de este rescate, que no hemos provocado los ciudadanos sino las entidades financieras, es el propio país el que recurrirá a un Rescate al Estado, que puede rondar los 300.000 millones de Euros y que incluirá nuevas condiciones, entre las cuales estarán, sin duda, la disminución de empleados públicos (no menos de 200.000), disminución de las pensiones y congelación de las mínimas, desaparición de subsidios y una vuelta de tuerca más a los servicios públicos en Educación y Sanidad.

Somos la ciudadanía la que al final va a pagar los platos rotos de años de políticas y políticos ineficaces, centrados en el derroche, y de cajas de ahorro y bancos manirrotos que son los verdaderos generadores del desastre económico en nuestro país. Personalmente no me siento responsable ni corresponsable de esta situación, como para tener que asumir que el valor de mi salario se devalúe en un 30%, pierdan calidad y cantidad los servicios públicos del estado del bienestar e hipotequen mi vida laboral, la de mis hijos y nietos, con tan nefasta política.

Los que han generado esta situación caótica deben pagar por ella. Banqueros y Consejos de dirección de Cajas de Ahorro (donde hay muchos responsables políticos), deben hacer frente a las repercusiones de su pésima gestión y, si no pueden, deben pagar por ello. Representantes políticos al frente de Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas y Gobierno Central, que han malgastado o dilapidado el dinero público endeudándose hasta las cejas, deben de responder de sus desmanes y pagar por ello.

Ninguno de los ciudadanos ha sido consultado sobre determinados gastos o políticas que conllevaran endeudamiento extra en ninguna de las administraciones. Los únicos y últimos responsables son los cargos políticos que han tomado esas decisiones y son ellos los que tienen que dar la cara y asumir las deudas generadas.

No pueden, aunque lo pretenden, trasladarnos a la ciudadanía mediante el miedo social la corresponsabilidad de que entre todos tenemos que salir de esta patética situación. Al menos no lo pueden hacer hasta que no veamos entre rejas y con sus bienes hipotecados totalmente a banqueros y políticos responsables de esta quiebra económica. Si hace falta construir nuevos centros penitenciarios, adelante, que hay mucha mano de obra preparada.



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