En pocos días se
escenificará la primera moción de censura del siglo XXI en nuestro país. La
misma no conseguirá objetivos de cambio de gobierno, ni siquiera se lo plantea,
o mostrar una alternativa sólida para el futuro (Rubalcaba no lo es). Se
intenta con la misma que el Presidente Rajoy comparezca ante el Congreso de los
Diputados para dar explicaciones sobre la trama corrupta en su partido y la
posible financiación ilegal del mismo.
Aunque suene extraño,
los partidos que secunden la moción se han visto obligados a ello, ante la
inexplicable ausencia de comparecencia en sede parlamentaria del Sr.
Presidente. Estos episodios son más parecidos a un Estado (o una Democracia) en
excepción que a un Estado democrático. El rodillo de la mayoría absoluta del
PP, que a todas luces ya ha perdido el apoyo suficiente en la calle, sigue
funcionando como instrumento de ocultamiento del debate parlamentario y la
comparecencia de Rajoy.
El PP tiene que dar
muchas explicaciones, demasiadas. Por ello, juega al escondite esperando que
las aguas se calmen y los cauces vuelvan a su ritmo habitual. Pero la corriente
es de tal magnitud que más temprano que tarde tendrán que aclarar qué es lo que
pasa o pasó en el Partido Popular.
Podrán hacer oídos
sordos a las encuestas y sondeos, así como a las opiniones de soporte del
gobierno por parte de la población. Pero lo que la ciudadanía reclama es un
cambio de gobierno, un cambio de políticas y un cambio de políticos. No se
puede gobernar desoyendo al pueblo. Esto es más antiguo que la sopa de fideos.
Rajoy tiene dos
opciones: o seguir escondiéndose de los ciudadanos y del parlamento, o dar la
cara y abordar con la suficiente claridad el momento difícil que hoy se juega
en tribunales y en la prensa, pero que ya debía haberse depurado en el
parlamento. Ante la más que presunta financiación ilegal de la campaña
electoral del 2011 por su partido, los cobros de sobresueldos siendo Ministro
en el gobierno de Aznar, las comisiones de empresas para concursos en obras y
mil sospechas más, Rajoy debería presentar su dimisión, convocar elecciones
generales para Octubre y velar porque la Marca España no sufra más en la cotización
internacional de Marcas nefastas.
Si por el contrario se
aferra al poder y continúa desaparecido, el deterioro institucional en el país
está garantizado. Se ha propuesto un aumento considerable de la abstención a
sabiendas de que tiene algunos millones de votos fieles, como siempre ha
ocurrido en la derecha extrema. Pero puede llevarse la gran sorpresa de que los
ciudadanos asuman su papel de árbitros y electores y los dejen de apoyar de una
vez por todas.
Hay cosas que no se
aguantan: la mentira, la corrupción, el nepotismo, el ocultismo y la chulería.
Y de eso son graduados cum laude en el partido popular.
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