LA SOBERANÍA DEL PUEBLO.

Todas las constituciones modernas recogen el latiguillo de que la soberanía recae sobre el pueblo. Es como un soniquete que intenta empañar lo que a posteriori sucede y es que quien decide realmente son los poderes políticos.

Miles, decenas de miles o cientos de miles, según las fuentes, han salido a las calles a protestar en demanda de su derecho a decidir y argumentando que son el pueblo y que se les tiene que escuchar que para eso son los soberanos. No cesan en su empeño por la demanda y día tras día aparecen mujeres, hombres, niños, jóvenes, de todos los sectores sociales para fortalecer su demanda. Unas protestas transversales que ponen en entredicho las decisiones del gobierno central.

El gobierno se ampara en la Ley y en la obligatoriedad de su cumplimiento: Nada por encima de la Ley o la Ley por encima de todo, esgrimiendo el argumento con rotundidad y señalando a los osados ciudadanos que pretenden otra cosa (creyéndose soberanos). Sin embargo, la gente continúa saliendo a la calle y cada día con más convencimiento de que llevan la razón y que tienen derecho a decidir, que votar es la expresión más democrática de las que se puedan poner en práctica y que los avances de dicha democracia exigen apertura de mente y vista de largo alcance.

Ante la negativa feroz del gobierno central, los líderes de las protestas y manifestaciones, han amenazado con pasar a una fase de desobediencia civil bajo la premisa de: “si no atienden nuestros derechos que creemos fundamentales no podremos obedecer lo que nos parecen decisiones injustas y arbitrarias”. Los más aguerridos incluso han amenazado con tomar edificios públicos institucionales del estado, como medida de presión para que se les escuche y su protesta sea conocida en los confines de la Tierra.

La negativa del gobierno central continúa y amenazan con hacer recaer la Ley sobre dichos líderes y promotores si el movimiento no cesa. No están dispuestos a que las movilizaciones se multipliquen a otras regiones del país ni a dar soluciones que puedan ser copiadas por otros descontentos. Siempre hay algún político mandamás que señala artículos de la Constitución para amenazar con aplicarlos y retirarles competencias o el status que ya tienen y, posiblemente, poner ante la justicia a los promotores que desacatan el cumplimiento. Sobre la desobediencia civil que se vayan olvidando, el que no obedezca tendrá sanciones. Como ven un gobierno central inmovilista, caduco y falto de opciones políticas a poner sobre la mesa.

Si realmente la soberanía recae en el pueblo, es este quien debería decidir en cada momento por dónde deberían orientarse los avances de la democracia. El gobierno central debería analizar las distintas opciones y ponerlas encima de la mesa para que, al final, la soberanía del pueblo decida. Pero me temo que lo único que harán será aplicar la represión.

Efectivamente, como se han imaginado, no les estaba hablando de Cataluña, sino de Hong Kong.