Si los partidos políticos que
participaron en el diseño de la transición, acordando una Ley Electoral que
beneficiaba un bipartidismo alternante, piensan que pueden continuar viviendo
de las rentas de sus labores de gobierno, están muy equivocados. Sólo en países con una estabilidad casi
perfecta y una sincronía entre servicios públicos de calidad, bases impositivas
y proyección vital, puede conseguirse que la movilidad o alteración política
sea prácticamente insignificante.
En el periodo de crisis económica
y financiera, desde 2007 hasta no sabemos cuándo, se han generado otras crisis
como la política y la social. En esta última, poniendo en grave riesgo
servicios fundamentales para la ciudadanía como la Salud o la Educación, gravando
la cultura, disminuyendo el apoyo a la dependencia, recortando libertades
civiles, condenando al desempleo a cientos de miles de personas, creando un
mercado laboral propio de países tercermundistas y alentando el exilio laboral
de centenares de miles de jóvenes.
En la crisis política, señalando
decenas de casos de corrupción que han salpicado todo tipo de instituciones,
desde la Casa Real hasta Consejos de Administración de entidades financieras
(cajas de ahorro), políticos corruptos y posible financiación ilegal de los
propios partidos políticos, cuentas en paraísos fiscales defraudando al fisco,
sobreprecios en obras públicas, sobresueldos, inversiones en fomento cerradas e
inútiles, y un sinfín de ejemplos de mala gestión que recaen en gastos sobre el
erario público que pagamos entre todos.
La interrelación de estos
vectores, crisis política, económica y social, es lo que ha terminado
indignando a la ciudadanía, que ha visto como se ha ido tejiendo una tela de
araña del atraco, la indignidad y las malas artes en el manejo de lo público.
Ha visto como el bien común ha quedado relegado en la filosofía de la clase
dirigente para convertirlo en un bien para unos pocos, dotándose de leyes
protectoras, indultos, estructuras, consejos consultivos, observatorios,
fundaciones, pagadas con el dinero del pueblo al que decían representar.
Es esa misma actuación descarada
la que ha hecho que la población vaya tomando conciencia de que no podemos
continuar así. A este sentimiento o reflexión política lo llaman antisistema,
entrando a combatirlo con todas su poderío desde la política, la economía y los
medios de comunicación, que controlan por su dependencia. Un escenario que ni
ellos mismos esperaban se produjera, acostumbrados a las grandes tragaderas del
personal. No han sabido respetar las reglas del juego y han provocado un
verdadero tsunami que nadie sabe en qué puede terminar.
La proyección a futuro pasa por
cambiar la vida política, económica y social en nuestro país. Es decir, no es
solo el referente político, sino una visión mucho más holística de recuperación
de dignidades. Una nueva Constitución para el Siglo XXI que avance en el
desarrollo de España como país y coloque de verdad al ciudadano a la cabeza del
dicho desarrollo.
A los que han vivido de las rentas
durante todo este tiempo y han provocado la necesidad de este cambio, se les ha
acabado el chollo. Ya no vamos a permitir más saqueos, corruptos ni usurpadores
de lo público. Es la hora del pueblo, de retomar el mando de la situación, de
colocar a cada uno en su sitio y de saber que si no hacemos algo ahora lo
pagaremos muy caro durante otra larga temporada.
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