DIPUTACIONES PROVINCIALES NO, GRACIAS

Desde la Pepa en 1812 en su artículo 325, se menciona la creación de las Diputaciones Provinciales como órgano que encauce la prosperidad de las provincias. A lo largo de todo este tiempo las Diputaciones Provinciales adquirieron diversas competencias ya que fueron el nexo de unión entre el centralismo de Madrid y la política en las provincias como ente superior a los Municipios. En la etapa franquista las diputaciones sirvieron como un elemento más de control social y político (junto a los Gobernadores Civiles), siendo una institución clave en la etapa democrática al contar con una representación provincial completa asumiendo las propuestas de desarrollo local y mancomunado tan necesarias a primeros de los 80. Posteriormente a ello se han producido algunos cambios en el desarrollo constitucional que no han sido tenidos en cuenta sobre la vigencia o no, la necesidad o no de mantener las diputaciones provinciales como instituciones del Estado. Cuando se redacta la Ley de Bases de Régimen Local del 85, las Comunidades Autónomas en España recién acababan de instalarse y de ir dando forma a lo que serían sus competencias, ampliándose las mismas durante estos años hasta las reformas estatutarias últimas. Así, hemos visto que la Comunidad Autónoma desarrollaba competencialmente las políticas en cada una de las provincias donde aplicaba las mismas, quedando muy relegadas las funciones de las Diputaciones Provinciales. ¿Qué elementos hemos de considerar para analizar la validez de estas instituciones?. Pues lamentablemente en lo que han ido derivando las mismas en los últimos tiempos. Veamos. a) Duplicidad de funciones y competencias con las Comunidades Autónomas.- Al desarrollarse las Comunidades Autónomas en la aplicación de sus competencias, las Diputaciones se van quedando vacías de contenido, de tal forma que comienzan a ocuparse de otros temas para justificar su permanencia. Si ponemos el ejemplo de Andalucía, la Junta cuenta con un delegado provincial de todas y cada una de las Consejerías a excepción de Presidencia. Es decir, se replica en cada Provincia la estructura de gobierno de la Junta de Andalucía. Estos Delegados Provinciales serían los encargados de aplicar las políticas correspondientes en todos los municipios de la Provincia. b) Se produce un gasto inmenso en el pago de Diputados Provinciales, grupos políticos, órganos de gobierno provincial, asesores en las distintas áreas, gasto que se realiza ya en la delegación provincial de la Junta de Andalucía que puede asumir con facilidad la aplicación de las políticas públicas que desarrollan las diputaciones. c) Los partidos que obtienen representación en la Diputación Provincial, han utilizado la misma como oficina de recolocación de muchos concejales que han perdido en sus municipios las elecciones como Alcalde, premiándolos con una diputación, ó como puesto para liberados con dedicación a tiempo completo a la estructura del partido. Es decir, se utiliza la representatividad en la institución para otros fines internos en las estructuras partidarias. d) La desaparición de las Diputaciones Provinciales en estos tiempos de crisis en los que vivimos, se hace ya una cuestión prioritaria, pues simplemente en la reducción de los gastos políticos citados estamos hablando de algunos miles de millones de euros que hacen falta para la mejora de la economía. Es decir, es un tema urgente. ¿Cuáles serían los problemas subyacentes a la adopción de esta medida?. En principio ninguno. Sería necesaria una reforma Constitucional (para este y para otros muchos temas), una nueva Ley de Bases de Régimen Local (que ya es urgente) y un plan de normativa para proceder al desmantelamiento de las instituciones provinciales. Los puestos de trabajo de las Diputaciones Provinciales no corren peligro, puesto que allá donde vaya la competencia va el funcionario y su correspondiente partida presupuestaria de la propia Diputación. La distribución de las competencias pueden dividirse entre las que van directamente a los municipios, las que pueden ir a reforzar estructuras intermedias como son las mancomunidades, y aquellas que pasan directamente a la gestión de la Comunidad Autónoma. Es fácil en cada caso realizar un estudio para la aplicación de esta distribución. En cuanto a las instalaciones, bienes inmuebles, vehículos y materiales pasarán a ser gestionados por las instituciones más apropiadas, en unos casos los municipios y en otros la Comunidad Autónoma. La deuda contraída por las diputaciones será abonada en un periodo no superior a 4 años que se tarde en realizar todos los traspasos competenciales, de personal, de presupuesto y de bienes. Esto podría iniciarse perfectamente a raíz de las elecciones municipales de Mayo de 2011, teniendo por delante cuatro años (2015) para finalizar todo el proceso de desmantelamiento. El ahorro para las arcas públicas (es decir del dinero que pagamos en nuestros impuestos) sería notable y se mejoraría el nivel de gestión de las políticas con una visión holística en su aplicación, anulando las prebendas a municipios del signo político que gobierna en Diputación. Tal y como me confesara hace algunos años un Presidente de Diputación, esto de las diputaciones es un chollo para la mal llamada “clase política”. Hemos de insistir en modificar esta situación que no beneficia en nada los intereses de los ciudadanos.