Volver a oír hablar, a estas
alturas de la película, de un Frente Nacional por la España Una, Grande y
Libre, me retrotrae a momentos de nuestra reciente historia de los que no
quiero ni acordarme. Que la única ocurrencia que pongan sobre el tapete PP,
PSOE y Ciudadanos, sea la de formalizar un pacto por la Unidad de España, suena
tan ridículo e insultante a la inteligencia que asusta un caminar por esos
derroteros.
Los catalanes han intentado, por
todos los medios a su alcance, ser escuchados en sus demandas para realizar una
consulta legal sobre la creación de un nuevo Estado. Si a las cúpulas
dirigentes de este país lo único que se les ocurre para solucionar el tema es
la creación del Frente Nacional y el Pacto de Unidad de España, es que no han
aprendido nada.
Los estados modernos, libres y
democráticos, tienen la obligación de propiciar la participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones. Así ocurrió en el referéndum por la
soberanía de Quebec y su independencia de Canadá, resuelto con un ajustado
50,58% por el No y un 49,42% por el Sí, con solo 54.228 votos de margen.
También Reino Unido propició la celebración, el año pasado, del referéndum de
secesión de Escocia, aquí con un margen mayor triunfaba el No con el 55,3%
frente al 44,7% que optó por el Sí.
Pero claro, estamos hablando de
dos Estados modernos, modélicos y democráticos. En España somos diferentes, aquí lo que mola es la
imposición de la Unidad por decreto. La Constitución Española santifica la unidad
del territorio español, pero la Constitución la hicimos en su momento, la
aprobamos en su momento y la podemos cambiar en un momento, tal y como
demostraron PP y PSOE con la modificación del famoso Art. 135, con agosticidad
y alevosía.
La Constitución puede y debe
cambiarse. Es la Ley de Leyes o Marco Fundamental de la Convivencia, pero todos
sabemos que necesita una repensada para adaptarse al Siglo XXI y preparar una
propuesta que pueda servirnos, como tal “Marco”, para los próximos cincuenta
años. Solo los partidos retrógrados, miedosos y cavernarios se posesionarán por
la defensa a ultranza de un texto caduco.
En Democracia, con mayúsculas, el
pueblo es quien tiene la última palabra. Y los catalanes, como ocurriera en
Canadá y Reino Unido, no cejarán en su empeño de ser consultados en un
referéndum legal, auspiciado por el gobierno de España y con toda la validez
que situaciones como esta requieren. El problema en Cataluña solo se
solucionará “votando”. En lugar de enrocarse el tripartito para mantener con
firmeza una estructura del Estado monolítico y centrípeto, hay que abrirse a
las nuevas realidades y considerar a España como un Estado Plurinacional, sin
complejos ni mensajes de asusta viejas, sino con la madurez necesaria para
hacer viable una mejor convivencia.
Después vendrán las propuestas,
los análisis, los cambios a introducir para que los catalanes puedan sentirse
cómodos dentro de la propuesta de la nueva España. Quebec y Escocia perdieron
sus referéndums y no ha pasado absolutamente nada. Ambos pueblos caminan de la
mano con sus estados para construir un futuro juntos con la satisfacción de
haber sido los protagonistas de su historia. Lo que no se puede hurtar es el
derecho a decidir. Cualquier solución que no contemple ese derecho está condenada
al más absoluto de los fracasos.
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