LA ESTABILIDAD ECONÓMICA.

Hemos asistido, y lo que nos queda, al espectáculo más bochornoso que podríamos esperar del fin del zapaterismo. PP y PSOE han escenificado en el congreso la verdadera cara de su perfil como partidos, dispuestos a continuar repartiéndose el poder en España pase lo que pase y pese a quien pese. El Parlamento condenado al rodillo del bipartidismo, alejándose cada vez más de los ciudadanos y tomando decisiones absurdas que no nos conducen a ningún lado.

La aprobación, a velocidad de Fórmula I, de la reforma constitucional para fijar la estabilidad presupuestaria y del déficit, no será aplicada hasta 2020, y hemos tenido que aguantar la puesta en escena de la pretendida unidad nacional de Rajoy y Rubalcaba, de PP y PSOE. Hemos desaprovechado la oportunidad del siglo para incorporar las verdaderas reformas que precisa nuestra Constitución, con la pantomima de que fijando el control del déficit en la carta magna ya se ha solucionado el problema, cuando para llegar a la estabilidad lo que hay que tomar son medidas concretas.

Algunas de ellas son las siguientes:

n - Tenemos que disminuir nuestra estructura político administrativa del Estado. No podemos contar con 8.871 ayuntamientos, todos ellos deficitarios, la mitad de los cuales no cuentan ni siquiera con 5.000 habitantes. Hay que adelgazar las estructuras municipales.

n - Las Diputaciones Provinciales deben desaparecer, pues todas sus funciones y tareas pueden ser asumidas sin ningún tipo de problema (de hecho ahora se superponen en demasiadas ocasiones) por las comunidades autónomas y por los propios ayuntamientos. Así eliminamos la estructura provincial.

n - Hemos de fijar los techos competenciales en las comunidades autónomas, así como sus techos presupuestarios, recuperando para el gobierno central algunas de las competencias como Salud, Educación, Justicia, que ameritan de un tratamiento único tanto a nivel legislativo como ejecutivo. Así adelgazamos y colocamos tope a las estructuras autonómicas.

n - Hay que mejorar y perfeccionar, consiguiendo mayor eficacia y eficiencia, la gestión de todo lo público, eliminando el sinfín de cargos de confianza, de libre designación, que estrangulan los gastos de las administraciones y dotar a las mismas de elementos de control para evaluar sus objetivos. Dicha mejora en la gestión de lo público ayudaría a reducir nuestro gasto.

n - Terminar con los privilegios, prebendas, prerrogativas, regalías y concesiones de todos los cargos públicos, desde los diputados hasta los concejales. Los instrumentos mínimos para desarrollar eficazmente su trabajo y punto. Ahorraríamos una buena cantidad.

Pero esto les da igual tanto a PSOE como a PP, que además impiden que los ciudadanos opinen y ratifiquen, en su caso, las reformas constitucionales planteadas. ¿Estamos condenados a sufrir esta clase política o, por el contrario, podemos aspirar a tener políticos con altura de miras? ¿Podremos romper este bipartidismo antes de que nos lleve a la ruina total y a una crisis social, política y económica sin precedentes?.

El 20 N contaremos con la posibilidad de cambiar esto, de apoyar alternativas reales y no alternancias caducas. De nosotros depende que esto siga así.

BUENOS SÚBDITOS, MALOS GOBERNANTES

Reunidos la semana pasada Sarkozy y Merkel, decidieron que una forma de garantizar el control de los excesos en las deudas públicas de los países miembros de la UE, sería incorporar a las constituciones nacionales tal mandato, ya que el criterio incumplido por todos los países de la eurozona de no superar el 3%, no había resultado suficiente. El interés no es otro que dar mayor peso a este criterio convirtiéndolo en norma constitucional, colocando en un serio peligro a los países que no cumplan su propia Constitución.

Esta modificación, que sin ser menor no deja de resultar absolutamente parcial y escasa, no va a influir de forma drástica en el control de nuestros déficits públicos, servirá de orientación e incluso de metodología presupuestaria, pero no garantiza lo realmente importante: que lo que gastemos sea lo necesario, que gestionemos bien, que existan mecanismos de control sobre el gasto público y que acabemos de una vez con la corrupción y el despilfarro. Por lo tanto, la modificación constitucional sólo servirá para contentar una vez más a los mercados, a los dueños de Europa (Alemania y Francia) y para poner de garantía la carta magna de que las deudas las vamos a pagar, precisamente a estos dos países y sus bancos, a los que debemos tanto.

PP y PSOE, como alumnos aventajados, aplicados y obedientes, han querido ser de los primeros de la clase, para demostrarles a los jefes que sabemos y podemos hacerlo, pero este nivel de obediencia debida (como en el ejército), deja al descubierto la absoluta sumisión a los mandatos del eje franco-alemán, dejando pasar la oportunidad de readecuar nuestra Constitución a las necesidades propias de este momento y 30 años más por delante. La prisa por cumplir la orden ha sido excesiva e innecesaria la forma de llevarla a cabo mediante su aprobación exclusiva por el congreso y el senado, al no reunirse el 10% necesario de diputados que obligarían a la celebración de un referéndum.

Hubiera bastado, incluso, que los dos partidos incorporasen tal propuesta en sus programas electorales para el 20N y llegar a una nueva cámara que aplicara los resultados emanados de las urnas, con una renovación de los apoyos concretos. No han querido. Como tampoco han querido (por no arriesgarse a quedar en ridículo) someter a referéndum popular la aprobación de esta modificación, tan solo colocando una urna más el 20N, demostrando que la opinión del ciudadano se las trae al pairo.

Un debate sosegado sobre las necesarias y urgentes reformas de nuestra Constitución hubiera supuesto un avance extraordinario para colocarnos en un mejor puesto en la parrilla de salida de la crisis política, social y económica en la que estamos inmersos. De nuevo han hurtado la posibilidad de hacerlo, optando por mantener sus privilegios de bipartidismo y dejando pasar una oportunidad de lujo que costará volver a encontrar en el breve plazo. Tomaremos nota de su ineptitud y de su desprecio sobre la opinión del pueblo, a la hora de elegir la papeleta de voto el 20N.

LA CAÍDA DEL SOCIALISMO

Eso que dice el tango de que “veinte años no es nada”, es muy relativo. Hace veinte años y de un día para otro, nos vimos sorprendidos de que hubiera caído el otrora inexpugnable bloque soviético. Un tipo subido en un tanque arengando al personal, fue la imagen del derrumbamiento del socialismo, tipo que llegaría a ser presidente de Rusia meses más tarde.

Los que habíamos mamado que el mundo se dividía en dos bloques antagónicos y que todo giraba alrededor de ellos, tuvimos que recomponer de nuevo la geoestrategia y la interpretación política de la realidad mundial. Demasiado fácil nos había resultado en relaciones internacionales colocar cada hecho, acción u omisión, enmarcándolos en las políticas de uno de los dos bloques. Ahora todo se complicaba y necesitábamos un nuevo marco de análisis.

Estados Unidos intentó, desde el minuto uno, copar todo el espacio e implantar la hegemonía mundial. Pero las cosas habían cambiado tanto en el mundo que pronto tuvieron que replantear su propia estrategia. Muchas propuestas de integraciones regionales y subregionales estaban en marcha por todo el mundo y esas nuevas agrupaciones frenarían las antiguas concepciones de bloque unipolar que pesan aún en lo más rancio del republicanismo americano.

La existencia de los bloques socialista y capitalista había servido para mantener una cierta compensación en la balanza de las extralimitaciones y nos permitía, de una forma más o menos tranquila, gozar de cierta estabilidad. Nos tocó reconsiderar todos los conceptos de multilateralidad deprisa y corriendo, como intentado evitar la hegemonía norteamericana. El resultado no ha sido demasiado exitoso, pues el multilateralismo no ha cuajado con la precisión que tenía dibujada y no ha colmado las expectativas que habíamos puesto en este nuevo escenario.

Los que sí han aprovechado esta especie de paréntesis por el control mundial han sido los mercados y las instituciones financieras. Durante estos veinte años han campado a sus anchas, más o menos apoyados por algunos gobiernos de turno de manera irresponsable, estableciendo sus propios mecanismos de control social, económico y político. Hoy vivimos prácticamente embargados a lo que dicten los mercados, desde los que tenemos una hipoteca hasta los gobiernos endeudados hasta las cejas.

Nadie puede interpretar del análisis que estuviera añorando la larga etapa de los bloques, aunque fuera más fácil para nuestra tarea de la conceptualización de la política internacional. Lo que sí he echado de menos ha sido la capacidad de los gobiernos y de los partidos políticos para saber interpretar la nueva realidad y adelantarse, con el suficiente nivel de previsibilidad, a los cambios que se avecinaban.

Hoy mandan el petróleo, el oro, la banca y las entidades financieras, los acuerdos comerciales y las deudas externas. Marcan las políticas a realizar y nuestras vidas, las intervenciones armadas y los objetivos en defensa, las relaciones bilaterales y las multilaterales. Habrá que intentar cambiar esto.

HISPANIA

Como cada año me he reunido con mis amigos portugueses, largos ratos para charlar y comentar la jugada entre estíos. Me han lanzado la firme propuesta de estudiar las posibilidades de unir España y Portugal en un solo país, recuperando la antigua denominación fenicia y romana de la Hispania.

Ya lo planteó Saramago antes de irse y muchos portugueses pusieron el grito en el cielo llamándole traidor a la patria. Sin embargo, como pasa con muchos temas, con el paso del tiempo y la marcha del mensajero, muchos han reconsiderado la idea y me indican que no sería disparatado darle una vuelta al asunto.

España puede incluir en sus actuales autonomías algunas de las actuales regiones portuguesas, dejar la región de la Gran Lisboa (como la autónoma de Madrid) y los entes autónomos de Madeira y Azores (como Ceuta y Melilla). Ellos lo tienen más claro que yo, pues me han hablado del ahorro que supondría en tantos rubros y las grandes ventajas de unión de los dos países. Me han insistido en una cuestión que me parece fundamental: los pueblos no desaparecen lo único que se modifican son las instituciones que gestionan lo público.

En el marco de un lento avance de la Unión Europea en su proceso de integración, que está siendo puesto en jaque en lo económico permanentemente, no me parece demasiado irreal plantear la fusión en los términos que los dos países soberanos estimen conveniente. Desde luego sería todo un ejemplo para las ansias independentistas de algunas regiones europeas planteando la unificación en lugar la secesión.

Hispania pasaría a ser uno de los países más importantes de la Unión Europea, pues a pesar de la intervención a Portugal y la estancia en la UCI de la economía española, la unión nos colocaría en una situación inmejorable para abordar un nuevo paradigma en la concepción de las políticas públicas en la península.

Me aseguran mis amigos que no son sólo ellos los que piensan en esta posibilidad y afirman que muchos portugueses estarían encantados con el asunto. Les he prometido dedicarle un tiempo al tema al regreso de vacaciones y compartir con algunos compañeros y amigos españoles para ver qué piensan por el lado español. A mí la idea no me desagrada, más bien me atrae y, como siempre, pienso que hemos de estar abiertos a estudiar cualquier posibilidad, intentando dejar en las alforjas nuestros prejuicios.

En fin, me ha parecido interesante comunicaros los diálogos mantenidos sobre la Hispania, porque igual muchos de ustedes también le han dado una vuelta en algún momento.

LOS ESTAFADORES

Entramos en una etapa electoral que se promete repleta de promesas, artes malabares, arremetidas personales, campañas mediáticas, puestas en escena y decenas de titulares. Contaremos en la misma con una serie de expertos que nos inundarán hasta el hartazgo de soluciones mil para hacer nuestra vida más feliz. Se abre la veda de la caza del voto y en la montería todo vale.

De las acepciones que tiene el término “estafar” me quedo con la que indica que estafar es defraudar, no llegar a dar lo que se espera de algo o de alguien. Y en este campo de lo político contamos con un buen número de estafadores. Nos estafan cuando realizan propuestas que luego no cumplen, a veces realizando políticas absolutamente antagónicas a las indicadas en sus programas electorales. Nos estafan, cuando habiendo gobernado y continuando aún en el gobierno, nos dicen lo que harán si ganan las elecciones en los próximos cuatro años, pero que no han hecho en 8 ni lo harán en los meses que aún le quedan por gobernar.

Nos tangan cuando se dirigen a nosotros como lo fundamental en el proceso democrático y luego se olvidan de nosotros en los próximos cuatro años. Quieren hacernos ver que están preparados para ponerse al frente de este país escuálido, cuando lo único que les interesa en agrandar su poder sin realizar ninguna alternativa de cambio real ni de modificación seria de lo que realmente se necesita. Este hábito de estafar al personal es lo que está dando al traste con la credibilidad de la llamada clase política, consiguiendo un alejamiento de millones de españoles de su participación en las urnas.

Por suerte, la ciudadanía española es cada vez más responsable y asume que está en sus manos (y en su cabeza) proceder a cambiar esto. Cuando a uno lo estafan una vez, vale. Pero cuando la estafa se convierte en una norma, adornada por la corrupción y la ineficacia, entonces tenemos que reaccionar para impedir que semejantes truhanes sigan dirigiendo los designios de nuestro país.

Así que ojito con la puja permanente en que se convertirá la campaña en un “a ver quién da más”, porque ese discurso forma parte de la propia estafa. Si volvemos a dejarnos llevar por la ilusión óptica de los mercachifles que les encanta cantinflear para ver a cuánta gente estafan con su discurso, nos convertiremos en cómplices de su propio juego.

Estos birladores de la democracia que han asentado un control absoluto sobre el poder institucional consolidando el bipartidismo para anular la posible alternativa, están llamados a desaparecer. Y la única forma de acelerar tal proceso es no votando sus candidaturas, o dicho de otra forma, cambiando de opciones para hacerles ver que ya no nos van a estafar nunca más.

POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA

Todo el proceso de Globalización vivido desde finales de los 90 ha originado una interrelación mayor entre las aplicaciones de las relaciones internacionales. Ha disminuido sobremanera la importancia de las relaciones bilaterales cobrando mayor importancia las multilaterales. En el caso de Europa, donde la UE ha iniciado todo el proceso de política exterior unificada, nombramiento de Embajadores Representantes de la UE, Acuerdos Especiales bilaterales y regionales; el peso de la política de cada uno de los estados ha venido siendo mucho menor en el panorama internacional.

No obstante lo anterior, que sin duda es una tendencia y un cambio de paradigma para entender y enfocar las relaciones internacionales, España no puede desatender y relajar su propia política exterior en base a dos criterios fundamentales. En primer lugar, nuestra historia, explicitada en las relaciones con América Latina y ex colonias africanas y asiáticas, así como con los países vecinos. En segundo lugar, la potenciación de las relaciones comerciales para favorecer la exportación de productos propios dándole valor agregado a la calidad de nuestras mercancías.

Con cierto dolor hemos podido constatar la desatención de la política exterior española en los dos grandes campos señalados en los últimos quince años. Si bien nuestra presencia en organismos internacionales está cobrando cierta notoriedad, sobre todo a raíz de nuestra participación en la ilegal guerra de Irak y en misiones internacionales bajo el paraguas de Naciones Unidas o de la OTAN (Líbano, Afganistán, Índico, Haití, Libia, etc.), no es menos cierto que hemos abandonado a su mínima expresión nuestra relación bilateral y regional con las distintas áreas en las que nuestra presencia histórica, cultural, económica y social debería seguir siendo prioritaria.

El proceso iniciado en la Unión Europea de Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) avanza a su ritmo y es el referente para el futuro inmediato, pero no por ello debemos aparcar nuestra política exterior situándola bajo mínimos sino, antes al contrario, potenciarla y extenderla, no siendo ello incompatible con el caminar común europeo. España necesita más que nunca del refuerzo de sus relaciones propias internacionales y comerciales, sin olvidar las culturales y de cooperación, y no por ello ir en contra la PESC, sobre la premisa de que una mayor y más consolidada presencia de nuestro país en el exterior apoyará una ampliación más rápida y más completa de la propia PESC.

Se han relajado nuestros gobernantes bajo el paraguas de lo supra nacional, lo que considero el principal error de nuestra política exterior y que traerá consecuencias en el corto y medio plazo de carácter irrecuperable. Un amplio desarrollo de nuestras relaciones sólo viene a sumar en el marco europeo y no a dividir. Ese error de concepción será el que nos sitúe en un plano marginal en el futuro inmediato de la política europea y en el panorama internacional en general.

EL MOMENTO DEL CAMBIO

Decía Gandhi que “Nosotros mismos debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo” y utilizo la reflexión de H.G. Wells sobre el tema: “¿Por qué se ha de temer a los cambios?, toda la vida es un cambio”. Todo parece apuntar, si no lo impiden los mercados, que las próximas elecciones generales se celebrarán el 20 de noviembre. Momento decisivo para la democracia española que necesita un cambio en su orientación, en sus políticas y en sus políticos. Durante los años transcurridos de este periodo democrático, hemos podido comprobar cómo PSOE y PP han colaborado mutuamente en el deterioro institucional, convirtiendo en un mercadeo permanente las políticas públicas en beneficio partidario, alejándose cada vez más de los intereses y problemáticas de la ciudadanía. Nosotros, los ciudadanos, hemos sido corresponsables de esta situación, no sólo con nuestro voto sino también con nuestro silencio y asunción de que continuábamos en el discurso de las dos Españas. Hemos descargado nuestra indignación pero al final siempre nos llevaban al callejón que a ellos le interesaba en su discurso tradicionalista y clásico, para evitar que gobernaran los otros, reclamando un voto útil para después hacer lo contrario de lo que indicaban sus programas electorales. Ya hemos aprendido la lección y corresponde de nuevo a los electores tomar la determinación de enderezar el rumbo de la política española, observar y analizar con la lupa de la responsabilidad qué es lo que necesita el país, cómo hemos de plantear la política para los próximos años (no sólo 4), qué partido está defendiendo realmente los intereses generales de todos, cómo podemos incidir en el cambio tan necesario. La respuesta a estas preguntas yo las he encontrado en Unión, Progreso y Democracia, UPYD, un partido joven, dinámico, moderno, que ha formulado toda una serie de propuestas que vienen a regenerar la vida democrática española, huyendo de mensajes mesiánicos y estrangulaciones de la democracia. Propuestas que coinciden plenamente con lo que piensa la gente en la calle y que ha demostrado su capacidad para defenderlas en las instituciones donde tiene representación. UPYD no tiene ningún miedo al cambio, porque es el cambio. No se asusta al mirarse al espejo, porque se reconoce en lo que ve, lejos de lo que le ocurre a las opciones que ya han demostrado su gran capacidad camaleónica para disfrazarse hasta de lagarterana si hiciera falta, exclusivamente para mantenerse en el poder. Cambio no es alternancia sino alternativa real y eso ya lo han aprendido los ciudadanos. No vale votar a uno que nos parezca menos malo que el otro, sino optar por aquello que creamos más cercano a la realidad de nuestro pensamiento, aquello que se ajuste más a una respuesta global, sin parches, que necesitamos de forma urgente en el panorama político de nuestro país. El voto útil será aquel que se deposite con la tranquilidad y satisfacción de haber optado por lo correcto, por lo deseable, recogiendo una sonrisa cuando salimos del colegio electoral. Para cambiar las cosas hemos de asumir nuestro deseo de hacerlo, juntos podemos y lo haremos por responsabilidad con la situación del país, mirando al futuro y con la alegría necesaria de quien sabe que no todo está perdido.

LA SEGUNDA TRANSICIÓN (y II)

A las modificaciones constitucionales que implicarían las propuestas realizadas en la primera parte de esta entrada, deben sumarse toda una serie de reformas que hagan posible el perfeccionamiento del sistema dado. Principalmente hemos de contemplar aquellas referidas a la Reforma de la Ley Electoral. Quizás con buen criterio, los legisladores de la época buscaron la forma de evitar que el congreso estuviera compuesto por un sinfín de partidos pequeños que hicieran imposible la gobernabilidad del país, aprobando una Ley Electoral que primaba el bipartidismo y dejaba fuera a los pequeños partidos. Hoy hemos superado esa etapa y hemos de abordar con máxima urgencia una Ley Electoral que sea más igualitaria, que no discrimine entre el valor de los votos según el territorio donde se ejerza y que recoja el verdadero sentir del elector. Hemos además de recuperar la independencia total de poder judicial. Sin una justicia independiente nunca podremos perseguir la corrupción política y económica, verdaderas lacras de nuestra situación actual. Para ello, han de modificarse los sistemas de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, así como dotar a la Justicia de los instrumentos más eficaces para acelerar todos los procesos pendientes en nuestro país. Urgente abordar una verdadera reforma laboral que incluya criterios de igualdad y proporcionalidad, que evite las dificultades en la contratación y se acerque más a la realidad europea en esta materia. Mayor control sobre los mercados financieros y no al contrario, pues cada vez los Mercados marcan las políticas a desarrollar. Garantizar unos servicios sociales básicos a la población independientemente del territorio donde se viva, evitando las asimetrías que se dan actualmente según la comunidad autónoma donde vivas. También de forma urgente plantear la lucha contra la corrupción en todos los niveles, de forma que garanticemos una transparencia en empresas, partidos, sindicatos, fundaciones, ayudas y subvenciones públicas, etc. Hemos de reorientar nuestra participación en la Unión Europea, con mayor claridad de nuestras acciones bajo la premisa de que más Europa será también más democracia y más España. Redefinir y consolidar nuestra presencia en el mundo, desde la acción exterior y la cooperación internacional al desarrollo. Todos estos asuntos que parecen propios de cada partido en sus programas electorales, deberían ser asumidos como una cuestión de estado por el congreso, eliminando así las posibilidades de vaivenes en nuestras acciones políticas y favoreciendo la credibilidad en nuestro sistema tanto al interior como al exterior del país. Si fuésemos capaces de alcanzar un gran Pacto de Estado que abordara al menos las cuestiones formuladas, habríamos marcado para una buena temporada las líneas maestras a seguir desde la política nacional, autonómica y municipal, permitiendo alcanzar altos grados de fiabilidad y confianza. Se acerca la hora de tomar opciones y es necesario que cada uno de los ciudadanos electores sepan discernir cuáles son los verdaderos intereses de las propuestas de los partidos y decidir con quién quieren acudir a las urnas.

LA SEGUNDA TRANSICIÓN (I)

Aunque la transición a la democracia sabemos cuándo se inició, aún no hemos convenido en darle carpetazo y pasar a otra cosa. Después de 35 años creo amortizado el proceso que dimos en llamar “la transición”, que tan dispares resultados nos ha traído. Los Pactos de la Moncloa para ordenar nuestra vida política en democracia, la Constitución del 76, la puesta en marcha del proceso autonómico, sus estatutos, la renovación de los mismos, la desconcentración y descentralización de competencias a las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos; todo eso formaría parte de la transición. En el camino se ha abonado el terreno a la desesperación, el hartazgo, la indignación, fruto de algunas malas interpretaciones del qué hacer político. Se hace necesario y urgente colocar un punto y aparte en este proceso y comenzar a diseñar una segunda transición que repare algunos daños causados, dibuje un nuevo escenario en la administración política del estado y nos marque el camino para los próximos cincuenta años. Estos planes de cambios estructurales son necesarios ahora y dejar pasar más tiempo supondrá una irresponsabilidad no sólo política sino también ciudadana. Nuestra Constitución necesita ser modificada para recoger la adaptación necesaria a estos nuevos tiempos y sobre todo contemplar con el máximo de previsibilidad posible hacia dónde vamos a caminar. La reforma del título VIII es urgentísima. Hemos de cambiar el concepto de Municipio o Ayuntamiento, otorgando tal calidad a aquellos que cuenten con un determinado número de habitantes para ser considerados como tales. España cuenta en la actualidad con más de 8.800 municipios, de los cuales más de 1.000 tienen menos de 100 habitantes. Alemania, Reino Unido, Italia y Grecia, ya redujeron hace tiempo en su territorio el número de municipios a la mitad. Es posible que no nos pongamos de acuerdo tan rápido en el número de habitantes mínimo para ser considerado municipio, podría ser 20.000, 10.000 ó incluso 5.000, pero lo que es urgente es redefinir dicho concepto pues el mantenimiento de tantísima estructura municipal es demasiado costosa para los exiguos recursos del Estado. Conseguir un mapa municipal en España cercano a los 5.000 municipios nos colocaría en la media de la Unión Europea, evitaríamos tanta dispersión administrativa y política y ahorraríamos en gastos fácilmente prescindibles, al tiempo que se mejorarían los servicios a los ciudadanos. La ineficacia de las estructuras de las Diputaciones Provinciales, su utilización por parte de los partidos políticos para recolocar a sus candidatos que salieron mal parados de las municipales, el número de cargos de confianza que incluyen en esta caduca estructura, hacen necesario que nos planteemos su desaparición. No podemos permitirnos el lujo de mantener cuatro estructuras administrativas: municipios, diputaciones, autonomías y estado, a la que hemos de sumar nuestra pertenencia a la Unión Europea. Demasiados filtros que producen gastos desorbitados y a veces multiplican la misma competencia mareando al ciudadano. Una vez en funcionamiento las comunidades autónomas, estas pueden asumir con total garantía el grueso de las escasas competencias que actualmente tienen las diputaciones provinciales. Otras pueden pasar directamente a los municipios. Ahorraríamos con ello una estructura burocrática, disminución de los cargos políticos y cargos de confianza contratados a dedo y ganaríamos en eficacia y eficiencia para los ciudadanos. Por último, las Comunidades Autónomas, que han visto crecer su grado competencial de tal forma que hemos construido un estado de las autonomías compartimentando en 17 territorios las competencias que deberían ser del Gobierno Central. La Sanidad y la Educación deben ser referentes de la política social del estado y su aplicación y legislación única para todo el territorio español. No podemos permitirnos por más tiempo 17 leyes de sanidad, otras tantas de educación, ni la organización dispersa de la justicia. Es necesario modificar las competencias autonómicas al tiempo que se fija un techo de las mismas. No se puede abrir el melón de mayores competencias por el hecho de la necesidad de negociar con partidos nacionalistas que obligan a ello. Otro techo a aplicar sería el tope de endeudamiento de todas las administraciones, permitiendo así al estado controlar la deuda global del país. Resulta obvio que para realizar estos cambios necesitamos de un gran pacto de estado, donde todas las fuerzas políticas y sociales encuentren el necesario acuerdo para colocar nuestra estructura administrativo política en la senda del progreso del siglo XXI, siendo necesaria la modificación constitucional correspondiente.

EL FINAL DE LA OEA.

La Organización de Estados Americanos (OEA), acaba de sufrir el mayor varapalo de su historia al haber aprobado la comisión de exteriores estadounidense retirar los 48 millones de dólares (unos 40 millones de euros), que anualmente venía aportando a la organización. La propuesta de retirar la aportación económica ha sido realizada por los republicanos en el marco de la reducción de gastos para elevar el techo de deuda y evitar la suspensión de pagos en Estados Unidos. Aunque el margen de aprobación de la medida ha sido sólo de dos votos, (22-20), la medida será ratificada en el senado norteamericano, donde los republicanos cuentan con mayoría. La argumentación de los republicanos no deja de ser peregrina, al colocar a la OEA como una institución multilateral que beneficia a países contrarios a los intereses estadounidenses, como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, sin que se obtenga ninguna contraprestación para intereses propios. La OEA sin estas aportaciones está condenada a su desaparición, ya que no podrá sostener los enormes gastos burocráticos, salariales y protocolares que actualmente tienen. La OEA ha sido siempre un nido de jubilados de la política de la región, una especia de cementerio de elefantes, una organización que no ha tenido peso político real en la zona pero que ha servido para instrumentalizarla cuando se requería, sirviendo como ejemplo el último suceso en Honduras. Es cierto que la importancia de la organización es aparentemente nula para los Estados Unidos, pero sólo aparentemente, pues es el único organismo multilateral regional en el que participa el coloso del norte. Por el contrario, la propuesta de avance de UNASUR (Unión de Naciones de América del Sur), que excluye a Estados Unidos, sigue consolidando poco a poco su estructura y avanza su proceso de unificación (a la europea) sin prisas pero sin pausas. Caminan hacia la moneda única, inversiones comunes en investigación más desarrollo, coordinación de los servicios de defensa así como pertrechos militares, armamento, munición, etc., dando pasos de gigante en cuanto a eliminación de aranceles, situándose en estos momentos como en los inicios que se dieron de la Comunidad Económica Europea, pero teniendo en cuenta sus errores e incorporando medidas más locuaces relacionadas con los mercados y la exportación. Se equivoca Estados Unidos al eliminar su apoyo a la OEA, pues aún siendo un cadáver viviente a su política exterior le servía como referente donde verter sus posicionamientos políticos. Ahora su nivel de intervención en el área se circunscribirá a las relaciones bilaterales y los tratados de libre comercio con algunos de sus países, que se están viendo mermados por las intervenciones del gigante asiático (China) y los acuerdos con la Unión Europea. Con ello, tendremos una OEA con menor peso en la región condenada a desaparecer y UNASUR subiendo en sus propuestas integradoras.