jueves, 4 de agosto de 2011

LA SEGUNDA TRANSICIÓN (y II)

A las modificaciones constitucionales que implicarían las propuestas realizadas en la primera parte de esta entrada, deben sumarse toda una serie de reformas que hagan posible el perfeccionamiento del sistema dado. Principalmente hemos de contemplar aquellas referidas a la Reforma de la Ley Electoral. Quizás con buen criterio, los legisladores de la época buscaron la forma de evitar que el congreso estuviera compuesto por un sinfín de partidos pequeños que hicieran imposible la gobernabilidad del país, aprobando una Ley Electoral que primaba el bipartidismo y dejaba fuera a los pequeños partidos. Hoy hemos superado esa etapa y hemos de abordar con máxima urgencia una Ley Electoral que sea más igualitaria, que no discrimine entre el valor de los votos según el territorio donde se ejerza y que recoja el verdadero sentir del elector. Hemos además de recuperar la independencia total de poder judicial. Sin una justicia independiente nunca podremos perseguir la corrupción política y económica, verdaderas lacras de nuestra situación actual. Para ello, han de modificarse los sistemas de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, así como dotar a la Justicia de los instrumentos más eficaces para acelerar todos los procesos pendientes en nuestro país. Urgente abordar una verdadera reforma laboral que incluya criterios de igualdad y proporcionalidad, que evite las dificultades en la contratación y se acerque más a la realidad europea en esta materia. Mayor control sobre los mercados financieros y no al contrario, pues cada vez los Mercados marcan las políticas a desarrollar. Garantizar unos servicios sociales básicos a la población independientemente del territorio donde se viva, evitando las asimetrías que se dan actualmente según la comunidad autónoma donde vivas. También de forma urgente plantear la lucha contra la corrupción en todos los niveles, de forma que garanticemos una transparencia en empresas, partidos, sindicatos, fundaciones, ayudas y subvenciones públicas, etc. Hemos de reorientar nuestra participación en la Unión Europea, con mayor claridad de nuestras acciones bajo la premisa de que más Europa será también más democracia y más España. Redefinir y consolidar nuestra presencia en el mundo, desde la acción exterior y la cooperación internacional al desarrollo. Todos estos asuntos que parecen propios de cada partido en sus programas electorales, deberían ser asumidos como una cuestión de estado por el congreso, eliminando así las posibilidades de vaivenes en nuestras acciones políticas y favoreciendo la credibilidad en nuestro sistema tanto al interior como al exterior del país. Si fuésemos capaces de alcanzar un gran Pacto de Estado que abordara al menos las cuestiones formuladas, habríamos marcado para una buena temporada las líneas maestras a seguir desde la política nacional, autonómica y municipal, permitiendo alcanzar altos grados de fiabilidad y confianza. Se acerca la hora de tomar opciones y es necesario que cada uno de los ciudadanos electores sepan discernir cuáles son los verdaderos intereses de las propuestas de los partidos y decidir con quién quieren acudir a las urnas.

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