LA SEGUNDA TRANSICIÓN (I)

Aunque la transición a la democracia sabemos cuándo se inició, aún no hemos convenido en darle carpetazo y pasar a otra cosa. Después de 35 años creo amortizado el proceso que dimos en llamar “la transición”, que tan dispares resultados nos ha traído. Los Pactos de la Moncloa para ordenar nuestra vida política en democracia, la Constitución del 76, la puesta en marcha del proceso autonómico, sus estatutos, la renovación de los mismos, la desconcentración y descentralización de competencias a las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos; todo eso formaría parte de la transición. En el camino se ha abonado el terreno a la desesperación, el hartazgo, la indignación, fruto de algunas malas interpretaciones del qué hacer político. Se hace necesario y urgente colocar un punto y aparte en este proceso y comenzar a diseñar una segunda transición que repare algunos daños causados, dibuje un nuevo escenario en la administración política del estado y nos marque el camino para los próximos cincuenta años. Estos planes de cambios estructurales son necesarios ahora y dejar pasar más tiempo supondrá una irresponsabilidad no sólo política sino también ciudadana. Nuestra Constitución necesita ser modificada para recoger la adaptación necesaria a estos nuevos tiempos y sobre todo contemplar con el máximo de previsibilidad posible hacia dónde vamos a caminar. La reforma del título VIII es urgentísima. Hemos de cambiar el concepto de Municipio o Ayuntamiento, otorgando tal calidad a aquellos que cuenten con un determinado número de habitantes para ser considerados como tales. España cuenta en la actualidad con más de 8.800 municipios, de los cuales más de 1.000 tienen menos de 100 habitantes. Alemania, Reino Unido, Italia y Grecia, ya redujeron hace tiempo en su territorio el número de municipios a la mitad. Es posible que no nos pongamos de acuerdo tan rápido en el número de habitantes mínimo para ser considerado municipio, podría ser 20.000, 10.000 ó incluso 5.000, pero lo que es urgente es redefinir dicho concepto pues el mantenimiento de tantísima estructura municipal es demasiado costosa para los exiguos recursos del Estado. Conseguir un mapa municipal en España cercano a los 5.000 municipios nos colocaría en la media de la Unión Europea, evitaríamos tanta dispersión administrativa y política y ahorraríamos en gastos fácilmente prescindibles, al tiempo que se mejorarían los servicios a los ciudadanos. La ineficacia de las estructuras de las Diputaciones Provinciales, su utilización por parte de los partidos políticos para recolocar a sus candidatos que salieron mal parados de las municipales, el número de cargos de confianza que incluyen en esta caduca estructura, hacen necesario que nos planteemos su desaparición. No podemos permitirnos el lujo de mantener cuatro estructuras administrativas: municipios, diputaciones, autonomías y estado, a la que hemos de sumar nuestra pertenencia a la Unión Europea. Demasiados filtros que producen gastos desorbitados y a veces multiplican la misma competencia mareando al ciudadano. Una vez en funcionamiento las comunidades autónomas, estas pueden asumir con total garantía el grueso de las escasas competencias que actualmente tienen las diputaciones provinciales. Otras pueden pasar directamente a los municipios. Ahorraríamos con ello una estructura burocrática, disminución de los cargos políticos y cargos de confianza contratados a dedo y ganaríamos en eficacia y eficiencia para los ciudadanos. Por último, las Comunidades Autónomas, que han visto crecer su grado competencial de tal forma que hemos construido un estado de las autonomías compartimentando en 17 territorios las competencias que deberían ser del Gobierno Central. La Sanidad y la Educación deben ser referentes de la política social del estado y su aplicación y legislación única para todo el territorio español. No podemos permitirnos por más tiempo 17 leyes de sanidad, otras tantas de educación, ni la organización dispersa de la justicia. Es necesario modificar las competencias autonómicas al tiempo que se fija un techo de las mismas. No se puede abrir el melón de mayores competencias por el hecho de la necesidad de negociar con partidos nacionalistas que obligan a ello. Otro techo a aplicar sería el tope de endeudamiento de todas las administraciones, permitiendo así al estado controlar la deuda global del país. Resulta obvio que para realizar estos cambios necesitamos de un gran pacto de estado, donde todas las fuerzas políticas y sociales encuentren el necesario acuerdo para colocar nuestra estructura administrativo política en la senda del progreso del siglo XXI, siendo necesaria la modificación constitucional correspondiente.