EL CONTROL DE LAS NACIONES UNIDAS.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cumple el 24 de Octubre, 65 años desde su creación en San Francisco (California) con la firma de la Carta de las Naciones Unidas por 51 países. Actualmente forman parte de la organización 192 estados miembros, lo que la convierte en el mayor organismo internacional de la historia. Su propia definición como gobierno global, que aborda los asuntos del Derecho Internacional, el desarrollo económico, los avances sociales, los Derechos Humanos, los asuntos humanitarios, la paz y la seguridad internacional, la convierten en una estructura imprescindible desde su creación después de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad. Siempre se ha afirmado que de no existir hubiera sido necesaria crear una institución similar que posibilitara el entendimiento a nivel planetario y resolviera asuntos de envergadura internacional. Sin embargo, las críticas hacia su funcionamiento van en aumento no sólo desde el interior, es decir, la necesidad de la reforma de las Naciones Unidas, sino también desde el exterior, desde las sociedades civiles de los países miembros. El control sobre lo que realiza Naciones Unidas sólo viene de los gobiernos de los estados miembros, aunque dicho control es prácticamente inexistente debido a dos razones fundamentales: por un lado, el escaso peso que los países tienen (excepción de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad) y, por otro, la falta de transparencia de la gestión propia de NNUU en todos sus programas y organismos, que hace muy difícil elevar elementos de control, evaluación y calidad, que permitan siquiera proponer cambios en lo cotidiano. Si las acciones de los gobiernos son complicadas a la hora del control, la sociedad civil, los ciudadanos del mundo, no tienen ninguna cabida a la hora del seguimiento y propuestas para la mejora del propio sistema. Y aunque se haya estipulado un sector de sociedad civil dentro del Consejo Económico y Social, la verdad es que al mismo pertenecen unas pocas ONGS internacionales muy poco críticas con el funcionamiento y objetivos de la organización. Una lucha permanente de intereses internacionales se presentan tanto en la Asamblea General anual (que es más un escaparate de buenas intenciones y de discursos ocasionales) y en el Consejo de Seguridad, donde conseguir un puesto rotativo centra los esfuerzos de muchos países, al tiempo que se pide la ampliación de los permanentes y la eliminación del derecho de veto. Pero donde mayor descontento existe hacia la acción de Naciones Unidas es en la aplicación de sus agencias y programas. Una amalgama de siglas que actúan en la mayoría de los países empobrecidos sin demasiada coordinación entre ellos, cada uno mirando hacia sus intereses propios incluso de financiación, buscando donantes según van desarrollando sus propuestas, han ido generando en la organización un verdadero ejército de expertos y técnicos, muy bien pagados, encerrado en sí mismos, en una espiral de bussines para su propia manutención y permanencia. Un ejemplo claro de esta situación viene dado por la exigua rentabilidad y eficiencia de los fondos destinados al desarrollo, tanto dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como del resto de las agencias, donde una gran cantidad de los fondos que los países donantes consignan para su funcionamiento se quedan en pagar estructuras, personal, vehículos y campañas más o menos acertadas, pero que difícilmente llegan a abordar los problemas reales que la ciudadanía más vulnerable padece. La reforma del sistema que actualmente se viene realizando no va a entrar en estas cuestiones, simplemente pretender adecuar las fórmulas de intervención y la priorización de objetivos de la propia organización. Pero realmente lo que preocupa es el grado de ineficacia que está teniendo NNUU en la consecución de los propios objetivos que se marca. Baste señalar el ejemplo de los Objetivos del Milenio, ODM, cuyo cumplimiento estaba previsto para 2015, y después de la última cumbre celebrada al efecto ya se afirma por la propia organización la necesidad de ampliar dicho plazo, al menos en diez años más. Teniendo en cuenta que a nuestros gobiernos podemos controlarlos en su gestión y que tenemos la posibilidad de cambiarlos según la responsabilidad del voto ciudadano, se hace imprescindible la creación de instrumentos de control del sistema de las Naciones Unidas por parte de la sociedad civil que garanticen una mayor eficacia y eficiencia en su actuar, sobre todo en lo referido a la aplicación de sus programas de desarrollo económico y social. Se nos va demasiado dinero de los países donantes en mantenimiento de la estructura y muy poco llega a planes serios de desarrollo y mejora de las sociedades más empobrecidas. Por ello, la participación ciudadana en el control de su aplicación se hacen imprescindibles. Una propuesta concreta para esto sería la creación de una comisión de seguimiento y evaluación de los fondos de los países donantes, donde estuvieran incluidos algunos miembros de la sociedad civil, con el objetivo básico de hacer más transparente la gestión, realizar propuestas concretas y supervisar un destino real de los fondos al desarrollo. Desde el oscurantismo de la organización y de los gobiernos se hace un flaco favor a la concepción global de la ONU como un instrumento universal de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos del mundo.