REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN

Desde 1978 que fue aprobada nuestra Constitución hasta 2010, han pasado 32 largos años en los que el sistema democrática se ha ido desarrollando, paso a paso, mostrando algunas cuestiones de nuestro ordenamiento político y administrativo nacional, autonómico y local, que precisan de un cierto acondicionamiento de la carta magna. ¿Necesitamos una nueva Constitución en España?, yo pienso que no es necesario. De momento el texto continúa prestando el servicio para el que fue concebido: dotar al país de un marco general de reglas que posibiliten el desarrollo en paz y en armonía. Pero treinta y dos años son muchos como para sólo haberle introducido el lifting europeísta del “y pasivo”, para que la ciudadanía europea pudiera votar en nuestras elecciones municipales fruto del Tratado de Maastricht. Algún retoque más habría que hacerse para no quedarse obsoletos y adecuar aquello que a nivel legislativo se ha ido desarrollando en la propia Constitución. Corporación congrestética debería plantearse ya el tema. Ejemplo de estos retoques pueden ser los techos competenciales de las comunidades autónomas. Lamentablemente, tanto PSOE como PP, han utilizado el intercambio de cromos, la geografía y la geometría variable, para constituir de hecho un desarrollo del estado de las autonomías completamente asimétrico. Ello ha dado lugar a diferencias sustanciales entre regiones (territorios) y entre ciudadanos. Hay que revisar este asunto, ya que el propio desarrollo constitucional no puede incumplir que todos los españoles seamos iguales y por ello habría que determinar dicha igualdad en todos los planos de la administración política del estado. Fijar un techo competencial para evitar que ningún partido negocie con los mismos. Se hace necesario recuperar para el Gobierno Central las competencias de Salud, Educación y Justicia, pilares fundamentales de la igualdad estructural, que han de tener un mismo nivel de desarrollo en todo el país. El techo competencial debería fijarse en la Constitución, así le ahorramos trabajo después al Tribunal Constitucional para interpretar los asuntos. Asimismo, hemos de plantearnos la reforma del título VIII de la Constitución, para poder ordenar de una forma más lógica y eficaz nuestra organización política y administrativo. Sobran municipios, sobre todo los más pequeños. No podemos continuar con 8.812 municipios en España, cuando más de 1.000 de ellos tienen menos de 100 habitantes. Esto es de cortar y dar algún pespunte, pero debería recogerse en una nueva especificación dentro de la carta magna. Luego, una manita de pintura tampoco vendría nada mal a las políticas sociales, que en treinta y dos años las realidades sociales van cambiando y tenemos que adecuarnos. Las políticas de igualdad, equidad y garantizar los derechos de asistencia social, no tienen por qué ser atributos electorales de ningún partido, sino constitucionales. Importante y urgente, cumplir fielmente la máxima de “un español un voto”, de tal forma que dicho voto valga lo mismo en cualquier circunscripción electoral y en cualquier tipo de elección, para lo que habrá de reformarse la Ley Electoral cumpliendo así con la Constitución. No estaría mal incluir este nuevo desarrollo en los cambios.