ENDEUDADOS.

La deuda de la comunidad autónoma andaluza asciende ya a los 10.000 millones de euros, lo que significa que cada persona radicada en Andalucía deberíamos unos 1.200 euros. Y esto es sólo de la Comunidad Autónoma. A ello habría que sumarle la deuda de los 772 Ayuntamientos andaluces, más las 8 Diputaciones Provinciales. La convergencia europea nos obliga a situar nuestro déficit en un máximo de un 3%, siendo en la actualidad a nivel del estado de un 11%. La Ministra de Economía garantiza al Consejo Europeo que en 2013 España conseguirá reducir el índice al obligatorio del 3%, pero para ello tendrán que bajarse las deudas de administración descentralizada, es decir, todas las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos del país, que están endeudados hasta las cejas. El leve incremento del consumo en este primer trimestre del año ya anuncia una nueva recaída con la entrada en vigor de la subida del IVA en junio próximo, subida que retraerá el gasto incluso en elementos básicos para la canasta familiar. Por ello, el incremento de inversión necesaria para elevar la producción y por ende los puestos de trabajo, amenaza con estancarse de nuevo y empeorar en el último semestre del año en curso. Al mismo tiempo, se acaban las ayudas a los municipios contempladas en el Plan E 2, y no sabemos si de la chistera se sacarán un Plan E 3, pero lo cierto es que la capacidad inversora y ejecutora de los Ayuntamientos es cada vez menor. En los presupuestos municipales de 2010 de la mayoría de los municipios andaluces hemos encontrado una reducción de los mismos de entre un 5% y un 10%, que repercuten, básicamente, en el capítulo de inversiones. También están aplicando la amortización de plazas por jubilación sin cubrir nuevas plazas en los ayuntamientos para disminuir el capítulo I de personal. Lógicamente eso repercutirá en el mantenimiento de nuestras tasas de desempleo. Lo cierto es que las instituciones autonómicas, provinciales y municipales para poder funcionar van a continuar con su escalada de endeudamiento. El problema viene de anteriores legislaturas donde los ingresos por obras y construcciones urbanísticas tenían las arcas municipales bastante engrosadas y los ediles planificaron gastos que corresponden a épocas de vacas gordas, encontrándose en situación de ruina manifiesta cuando ha llegado la hora de las vacas flacas. Dicho de otra forma, las administraciones se acostumbraron a gastar por encima de sus posibilidades porque entendían que tendrían dinero para pagar los excesos de sus inversiones con los ingresos sustanciosos que les llegaban por el ladrillo. Ahora toca recortar gastos y pagar deudas, y eso se va a notar en los presupuestos, al menos, de los próximos tres años, donde los Ayuntamientos prácticamente tendrán que hacer encaje de bolillos para llegar a fin de mes y la comunidad autónoma reducirá su capacidad inversora a niveles básicos de supervivencia, convirtiéndose nuestros gobernantes en gestores de la miseria. Lástima que no contemos en las administraciones con políticos de altura que sepan planificar la economía sostenible y que sólo hayan sabido gastar sin prever los malos tiempos.