ADELGAZAR LA ADMINISTRACIÓN

El número total de municipios en España es 8.116, de los cuales 771 están en Andalucía. La provincia de Málaga cuenta con 101 municipios, de los cuales 25 no llegan a los mil habitantes. Algunos de ellos, como Júzcar, Salares, Pujerra, Faraján, Atajate o Alpandeire, cuentan con menos vecinos de los que viven en mi bloque. Mantener esta distribución administrativa de los municipios es un despilfarro tanto económico como político que nuestra realidad no puede permitirse. Reducir los municipios malagueños a 75 en lugar de 101, significaría un adelgazamiento importante de nuestra red municipal, garantizando obviamente la prestación de los servicios municipales que actualmente se realizan. Sobran municipios en Andalucía y en España, calculándose la cifra óptima de los mismos prácticamente en la mitad de los actuales. Una distribución nacional de unos 4.000 Ayuntamientos sería más que suficiente para garantizar una gestión de lo público mucho más equilibrada, ahorrando una serie de gastos superfluos sin necesidad de perder la identidad cultural, social y económica de ninguno de los núcleos de población. Como es un asunto un poco delicado, ya que los habitantes de un determinado pueblo pensarían que le están tocando lo más entrañable de su ser y puede utilizarse como demagogia política sin escrúpulos, tenemos que introducir el debate social y político para que forme parte de un gran pacto de estado por la reducción de las administraciones municipales en nuestro país. La radiografía que realizamos actualmente de estos pequeñísimos municipios dan el dato de que progresivamente se siguen perdiendo habitantes en los mismos y que el balance entre los mayores de 65 años que habitan en el municipio y los menores de 19 años en el mismo, mantiene una tendencia negativa que terminará con el tiempo con reducir drásticamente el número de lugareños. La fusión, la agregación, la unificación, con municipios cercanos de mayor población no deben implicar ningún tipo de menoscabo de su cuestión identitaria, ni por supuesto poner en peligro el bienestar logrado ni las inversiones a futuro. Simplemente se trata de una reducción de administraciones municipales absolutamente inviables, costosas y multiplicadoras de las prebendas políticas. Así mismo, se hace necesario plantear en el marco de este pacto de estado, la desaparición de las Diputaciones Provinciales, ya que en la mayoría de los casos triplican la intervención sobre determinadas zonas y, si bien están orientadas a trabajar principalmente con los municipios menores de 20.000 habitantes, dicho espacio puede y debe ser cubierto sin mayores problemas por la comunidad autónoma y en parte por los propios ayuntamientos, acabando así con un espacio provincial que se ha convertido en un respiradero y oficina de colación para los partidos políticos.