OBAMA, 1.000 MILLONES.

A un año y medio de la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Obama ha iniciado su campaña de recolección de fondos, dando por comenzada la carrera hacia la revalidación de su triunfo del 2008. En aquel año consiguió recaudar la cifra de 700 millones de dólares para la campaña, con aportaciones de 10 y 20 dólares, de decenas de miles de personas de los lugares más recónditos del país, que apostaron por el cambio. En esta ocasión se ha planteado recaudar la cifra de 1.000 millones de dólares movilizando a los demócratas y progresistas para hacer frente a una derecha republicana cada vez más posicionada hacia el extremo y que se va a volcar en las presidenciales del año próximo. Hasta aquí todo más o menos normal, la argumentación, la necesidad y la puesta en marcha de la campaña. Pero hay alguna reflexión que se asoma para cuestionar este derroche de dinero en campañas electorales. No se trata de una aportación ciudadana para atender una catástrofe humanitaria en algún lugar del mundo, ni de una cuestación popular parar afrontar alguna pandemia o epidemia o combatir una enfermedad. Se trata de recaudar 1.000 millones de dólares para gastarlos en una campaña electoral. Es legal, sin duda. Pero ¿es legítimo?. Las ordenanzas y leyes no indican techos económicos a dedicar en los gastos de campaña electoral, por eso es legal. Pero la legitimidad de gastarse tal cantidad de dinero en la promoción política dista mucho del compromiso que se le debe suponer a un dirigente político en los difíciles tiempos que corren. La peor crisis económica de la historia, que ha golpeado sin piedad a las clases más populares en la mayoría de los países desarrollados y dejado KO a los pobres de los pobres en los países menos desarrollados, manifiesta con los 1.000 millones para Obama una asimetría que, por lo menos, chirría. Este tipo de gasto debería regularse, ser transparente y fiscalizado. Una propuesta de techo presupuestario en campañas electorales podría ser que ningún partido tuviera un presupuesto superior al euro por cada habitante/elector del país. En este caso, por ejemplo en España, ningún partido podría dedicar más de 36 millones de euros a las campañas y Obama tendría que conformarse con dedicar unos 200 millones de euros. Mientras no pongamos tope a este despilfarro del dinero para campañas electorales, estaremos sometidos al poder de los que más tienen y no de los que mejor pueden hacer las cosas. Los ciudadanos queremos campañas que expliquen los programas electorales de cada fuerza política, para poder comparar, estudiar sus propuestas y optar por aquella que más se acerque a nuestro pensamiento sobre lo que debe ser la gestión pública. Pero en cambio nos vemos sometidos a los recursos que los partidos dedican a publicitarse gastando grandes fortunas y olvidando los problemas que tenemos los ciudadanos. No me parece muy ético.