PACTO DE ESTADO.

Nuestra economía se encuentra en la UCI desde 2008 y su pronóstico de mejora, de momento, es desfavorable. Los constantes anuncios de brotes verdes realizados por el gobierno no acaban de llegar y analistas y expertos europeos y mundiales vaticinan que con nuestra realidad tardaremos en salir de la UCI al menos cinco años más y ello para ir a planta, lo de conseguir el alta médica se aplaza diez años. La recesión avanza y la deflación va enquistándose en nuestros números y amenazan con colocarnos en una situación crítica si no se toman medidas de urgencia. Nuestro estado del bienestar peligra y estamos obligados a afrontar con un serio Pacto de Estado las políticas necesarias para prevenir su caída. Los baluartes de dicho estado son la Sanidad y la Educación, ámbitos para los cuales sólo podemos plantearnos dos opciones. La primera tiene que ver con la recuperación para el gobierno central de las competencias en ambas materias que garantice el control sobre las inversiones en ambos rubros. Aquí se necesita el consenso generalizado para modificar las competencias autonómicas que registran el mayor gasto de las mismas y suponen una carga sustanciosa de los déficits regionales. La segunda opción, caso de no prosperar la primera, implicaría fijar un techo competencial y un gasto máximo para las comunidades autónomas, que incluyera una intervención sobre las reglas de gasto en las autonomías. Sería algo parecido a un rescate con el símil europeo: La aplicación presupuestaria en las Comunidades Autónomas y el aporte del estado al desarrollo autonómico, debe llevar implícito unas reglas del juego de obligatorio cumplimiento. Si queremos llevar al déficit máximo al 3%, pasando primero por el 6% en 2012, las medidas a adoptar deben contar con el necesario Pacto de las fuerzas políticas y las organizaciones sociales. Nuestro desempleo situado en el 21’3% nos aleja de cualquier expectativa de crecimiento y los escasos resultados de la reforma laboral, la falta de acuerdo en negociación colectiva, las bajísimas propuestas de inversión estatal y la inestabilidad política española, nos colocan con mucha desventaja para que mejoren nuestros índices en el corto plazo. En Europa aún se sorprenden de lo gigantesco de nuestra Administración Pública y hemos de recoger en el pacto citado un adelgazamiento estricto de nuestras instituciones. El control del déficit sólo será posible con un apretón de cinturón conjunto, con propuestas económicas consensuadas como política de estado y ello sólo se conseguirá si la altura de miras de los partidos mayoritarios supera los intereses particulares para fijar una estrategia común de estado. Si el principal déficit lo encontramos en la falta de previsibilidad de nuestros políticos, hemos de considerar un cambio real que devuelva la perdida ilusión en nuestro sistema colocando la prioridad en la defensa de nuestro estado del bienestar. Igual es mucho pedir para la escasez de estadistas con la que contamos.