Evo Morales
ha dejado para final de año la nacionalización de cuatro empresas filiales de
la española Iberdrola: dos de las principales distribuidoras de electricidad en La Paz,
Electropaz, y en Oruro, Elfeo, además de la empresa de servicios Edeser y la
gestora de inversiones Cadeb.
Independientemente de la argumentación esgrimida por el Gobierno
boliviano para realizar la acción expropiadora, lo que realmente me llama la
atención es la escasa respuesta por parte del Gobierno español, que muestra a
las claras su conocimiento y aceptación del hecho.
Evo Morales se reunió con el Presidente Rajoy el pasado 8 de diciembre,
es decir, veinte días antes de esta nacionalización, donde abordaron entre
otros temas la necesaria seguridad jurídica de las inversiones de las empresas
españolas en Bolivia. El valor nacionalizado sobre el total de la empresa
Iberdrola es ridículo (representa el 0,2% del total de negocio de Iberdrola y
unos 8 millones de dólares de beneficio sobre un total de 3.700 millones), lo
que me hace pensar que Rajoy tenía conocimiento directo previo significando, a
nivel internacional, que da respaldo al proceso realizado por Morales.
El gobierno español ha emitido una tibia nota de prensa, reclamando un
justiprecio por el valor de las empresas de Iberdrola en Bolivia, elemento que
aparece con nitidez en el decreto firmado por el propio Evo Morales, otro
elemento más para pensar que el proceso ha contado con el asentimiento de
Rajoy, a diferencia de la ocurrida en primero de mayo de este año, con la
filial Transportadora de Electricidad, perteneciente a Red Eléctrica Española.
Hemos de insistir una vez más en la necesidad de garantizar la seguridad
jurídica de las inversiones realizadas por las empresas españolas en el exterior
y el gobierno debe adelantarse a los procesos de intervención o nacionalización
revisando los contratos existentes, los niveles de inversión y dando prioridad
desde la necesaria previsibilidad a reducir estas acciones, vengan de los
países que vengan.
Con estas últimas nacionalizaciones en Bolivia, que han afectado también
a empresas canadienses y francesas, el Gobierno boliviano se ha hecho con el
control total del sistema eléctrico en el país a través de su empresa ENDE. Un
sector estratégico que andaba demasiado diseminado y que aplicaba serias
diferencias en la prestación del servicio eléctrico según la zona del país.