PODEMOS Y LAS MUNICIPALES.

Se acercan las elecciones municipales y aún no sabemos, a ciencia cierta, si PODEMOS se presentará en algunos municipios y en cuáles. Confieso que en un primer momento consideraba acertada la opción de no presentarse y llegar inmaculados a las elecciones generales, verdadero objetivo para el cambio real, pero voy cambiando de opinión a medida que nos acercamos a la fecha.

El pulso lo va dando la calle y la gente con la que hablo, de lo más variopinto en cuanto a sus preferencias anteriores, sostiene en su mayoría que PODEMOS debería presentarse en las municipales porque no tienen a quien votar. Ante la negativa absoluta a hacerlo, cabría la opción de una línea intermedia que contemplara dicha posibilidad al menos en los municipios mayores de 50.000 ó 100.000 habitantes.

El razonamiento es claro. Por un lado, PODEMOS prefiere no correr el riesgo de que en sus listas propias, con su marca, se coloquen en Ayuntamientos concejales de su formación que no les ofrezcan garantías máximas de control, pudiendo posibilitar pactos de gobierno que posteriormente les pase factura en las generales. De otro lado, sus resultados en los comicios no serán espectaculares, es decir, no obtendrían por mayoría absoluta alcaldías a borbotones, lo que les obligaría a mojarse a la hora de decidir a quién o quiénes apoyar para la conformación de muchos ayuntamientos.

Al mismo tiempo, la demanda ciudadana desea poder votar a PODEMOS también en las municipales. Muchos de los círculos debaten su capacidad para incorporarse ya a los ayuntamientos y tienen los resortes necesarios para autocontrolarse en cuanto a las listas y política de alianzas. Las alternativas de candidaturas ciudadanas como las de “Ganemos”, o no les satisfacen o entienden diluyen la opción de su propio trabajo en el ámbito de lo municipal para los próximos cuatro años.

Entiendo, por tanto, que los dirigentes de PODEMOS se muevan en la misma dualidad que he descrito, pero más temprano que tarde habrá que tomar una decisión. Las elecciones municipales son muy importantes y la visibilidad de PODEMOS ganaría muchos enteros con gente responsable al frente de unas listas alternativas a lo de siempre. Presentarse con la marca en alrededor de cien ayuntamientos, podría ser una opción intermedia que debería ser contemplada. Capitales de provincia y municipios importantes, además de concurrir a las elecciones de las trece comunidades autonómicas, allanarían el camino para un excelente resultado en las generales de noviembre 2015.

Habrá que darle una vuelta al asunto.

8.119 AYUNTAMIENTOS.

He optado por colocar el número de municipios españoles en el título del artículo, por considerarlo llamativo a la hora de ahondar en lo que representa para la estructura política del estado español : Mantenemos la ratio más elevada de Europa y una de las más elevadas del mundo en proporción territorio-habitantes.

En algún momento tendrá que abrirse en nuestro país el debate sobre el mantenimiento de tantos entes locales, que conllevan demasiados cargos políticos, muchos cargos políticos de confianza, y no suele estar relacionado con la buena gestión o la transparencia, pues hoy día la mayor cantidad de casos de corrupción emanan de los ayuntamientos y la deuda de los municipios españoles asciende a 35.000 millones de euros.

Europa supo aprovechar la obligada planificación para la recuperación económica y social tras las II Guerra Mundial, para aplicar una nueva concepción del funcionamiento municipal, agrupando municipios, reduciendo burocracias y cargos políticos al frente de la gestión de lo público. Alemania redujo a la mita sus municipios y a finales del pasado siglo Dinamarca aplicó la concentración o fusión en proporción 1 a 4, un municipio agrupó generalmente la fusión de cuatro, con unos resultados espectaculares tanto en gestión pública como en reducción del gasto en los ámbitos municipales.

España ha mantenido una política distinta basada en la arcaica distribución del siglo XIX de las parroquias, que fueron convirtiéndose con el paso del tiempo en núcleos mayores culminando su proceso en la constitución de un Ayuntamiento. La Constitución del 78 consagró dicha división político administrativa de los entes municipales, en un momento marcado por la recuperación de la democracia y la necesidad de que toda la gestión municipal pasase a los partidos políticos, garantizando así una fuerte presencia política en la gestión de lo público.

Después de la experiencia hemos de confluir en que la misma no ha sido positiva por las siguientes razones:

1.     Tiene un alto coste para la administración.

2.     La gestión ha sido muy opaca y difícil de controlar por el Estado.

3.     Ello ha inducido a que en los Municipios se produzcan el mayor número de casos de corrupción, fundamentalmente vinculados al urbanismo pero también en otros sectores.

4.     Sus escasas competencia como prestadores de servicios a la comunidad no justifican tal cantidad de entes municipales.

Los partidos políticos saben que de aplicar una reducción de municipios con criterios de eficacia y eficiencia, perderían poder de sus propios afiliados y de presión política sobre entes superiores. Por eso no quieren aplicar la reforma y se aferran a una estructura caduca, cara, manipulable, proclive a la corrupción y altamente ineficiente.

La defensa a ultranza del terruño, que utilizan los alcaldes o candidatos de todos los partidos, nada tiene que ver con una buena gestión de lo público. Los pueblos no desaparecerían del mapa, continuarían existiendo con su denominación, con sus fechas festivas locales, con sus costumbres, con sus gentes. Lo único que cambiaría es que la gestión pública no sería llevada a cabo por un ente llamado Ayuntamiento en cada uno de los pueblos o ciudades, sino por un Ayuntamiento que agrupe a varios municipios. La opción es clara, mantenemos los municipios (sin ningún problema jurídico pueden continuar denominándose así), pero agrupamos varios municipios en un solo Ayuntamiento como ente jurídico, político y administrativo.

Durante la experiencia de gestión acumulada hasta ahora en democracia, muchos ayuntamientos han ido creando y conformando mancomunidades de municipios, precisamente para lograr mayor eficacia y reducción de costes en la gestión. Pues bien, con la propuesta anterior desaparecerían estas mancomunidades (también con demasiados problemas de deuda y escaso control), podrían desaparecer sin ningún problema las Diputaciones Provinciales (que fundamentalmente se ocupan de los municipios pequeños) y las Comunidades Autónomas asumirían la relación directa con los nuevos Ayuntamientos creados por la fusión.

Esta propuesta es la que se ha venido aplicando en Europa y la que más resultados ha dado para la mejora de la gestión municipal y el control y eficacia del gasto público. No querer verlo así, será enrocarse en una suerte de cargos y carguillos cuando podríamos ahorrarnos, al menos, la mitad de ellos.

AIRE FRESCO.

La llamada transición democrática tuvo un principio y tiene que tener un final. No se puede estar permanentemente en “la transición”. Determinar cuándo termina, seguramente, no pondrá de acuerdo a muchos, pero me atrevería a sugerir con la opción de equivocarme, que podríamos colocar dicho final en el año 2014.

Dos hechos fundamentales argumentarían la decisión: por un lado, la celebración de la Marcha por la Dignidad del 22 de Marzo y, por otro, los resultados electorales del 25 de Mayo en las elecciones europeas. Si a ello le añadimos el cambio automático de rey y los peores efectos perversos de una crisis provocada que alientan nuevas propuestas, podríamos concluir que algo nuevo se avecina.

Durante todo este periodo transicional, se han puesto en marcha miles de instituciones públicas: Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Institutos, fundaciones y observatorios (no astronómicos). Los partidos políticos han estado enfrascados en un concepto de la política basado en la representatividad: el partido se presenta y la gente les vota o no.

Con ese concepto, los partidos han ido generando una serie de prebendas, corruptelas y, sobre todo, alejamiento del pueblo, de los problemas reales de la gente, que han provocado una desafección masiva de la ciudadanía de las propuestas y de los propios partidos políticos.

Si los partidos han sido los principales protagonistas del periodo de la transición, han conseguido llegar al desencanto más profundo de la sociedad, al comprobar que su tarea de gobernar para el bien común no ha sido realizada y que se han centrado básicamente en priorizar el partido sobre los ciudadanos.

El hartazgo que han provocado es mayúsculo y se hace necesario un cambio profundo en la forma de entender la política, las instituciones, los partidos, la ciudadanía y la gestión de lo público. Cientos de miles de ciudadanos han dicho basta y han dejado claro que no se llegará muy lejos con este sistema que responde a intereses ajenos al pueblo llano.

Nos encontramos absolutamente en medio de un cambio de ciclo, que va más allá de la transición para colocar en primer término a la Democracia. Ahora toca Democracia. Entendida como reforma total de la administración pública, establecimiento de controles que acaben con la corrupción, una democracia que garantice la independencia del poder judicial, la defensa de lo público en Salud, Educación y Vivienda, Políticas económicas contra la pobreza y la exclusión social, Empleo digno y como derecho fundamental, sostenibilidad del medio ambiente, Igualdad real y total entre mujeres y hombres, una política humana sobre inmigración, jubilación digna, solidaridad internacional y justicia universal.

Con las anteriores premisas, es obvio que el siguiente paso es promover un proceso constituyente que nos dote de un nuevo marco global, una nueva carta magna que se adapte al siglo XXI y a nuestra realidad de ahora, no a la de 1978. Y en todo ese proceso van a participar, de manera estelar, los ciudadanos. Dejar en manos exclusivamente de los partidos políticos tradicionales y vetustos que marquen dicho proceso, sería como dejar en manos del zorro la construcción del gallinero. El nuevo marco constitucional debe ser el de una sociedad libre, avanzada, solidaria y social, organizada frente a los privilegios de unos pocos para garantizar el bien de muchos.

Los partidos políticos van a poner muchísimas trabas a estos cambios profundos a sabiendas de que perderán bastante poder en el envite. Pero el país necesita de aire fresco, de abrir puertas y ventanas, de levantar alfombras y quitar todo el polvo posible.

Ese aire fresco no puede ni debe ser un aire de enfrentamiento, sino de encuentro. Hacer sintonizar las demandas sociales de la ciudadanía con los instrumentos públicos para provocar esos cambios tan necesarios. Los que no quieran comprender que este proceso es irreversible se estarán equivocando. Los que mantengan estructuras partidarias rígidas basadas en su propia representación para cambiar las cosas estarán cercenando un profundo cambio que todos necesitamos.

POBRE ANDALUCÍA

Parece ser que la tan cacareada autonomía de Andalucía, el poder andaluz y otras zarandajas esgrimidas por el gobierno de la Junta, se van a reducir una vez más a lo que se decida en la calle Ferraz de Madrid el próximo sábado18.

Si se convocan las elecciones andaluzas anticipadas coincidiendo con las europeas o se dejan para otro momento que les pueda interesar más a los socialistas, se decidirá en Madrid y no en Sevilla. Mientras, los graves problemas que se viven en Andalucía continúan al margen de las agendas del Susanato y de izquierda unida. El paro juvenil asciende en nuestra comunidad al 60% y el desempleo general al 34,5%, mientras los representantes del pueblo se dedican a marcar estrategias internas, partidarias y de marketing electoral.

Llevamos tres años durísimos en cuanto al desempleo juvenil y debería haberse declarado la emergencia en la comunidad autónoma para abordar este tremendo problema. Nuestros jóvenes están saliendo de Andalucía aceptando trabajos basura en otras comunidades autónomas, ganando lo justo para sobrevivir o saliendo al exterior donde la incertidumbre es mucho mayor. Tendríamos que haber dedicado al menos el 10% del presupuesto autonómico (unos 2.500 millones de euros) a la creación de empleo juvenil, lo que obligatoriamente hubiera supuesto reducir gastos en bastantes de las partidas actuales, recomponer los presupuestos y marcar prioridades.

El gobierno andaluz ha estado en otras historias internas, despreocupándose de este problema que les interesa se profundice para seguir arremetiendo contra el gobierno central. Las perspectivas de la juventud andaluza continúa careciendo de opciones vitales y la desesperación se acentúa cada día. El pacto entre PSOE e Izquierda Unida da solo para gobernar la miseria, continuar instalados en el frente de oposición desde un gobierno regional y esperar mejores tiempos para la lírica.

Los andaluces no se lo vamos a perdonar. Son muy preocupantes los casos de corrupción que se han dado y que esperemos cesen de una vez por todas, pero despreocuparse del mayor problema que se ha vivido en Andalucía en decenas de años no tiene perdón. No hablamos ya de una generación perdida, sino de dos. Esperanzas frustradas en una juventud sin esperanza, condenada a la oscuridad absoluta por la ineptitud de los gobernantes y de la oposición del PP que permanece oculta, tapada y silenciada por su pésima gestión a nivel nacional.

No basta con tener poderío folklórico, no basta con mantener una coalición de gobierno autodenominada de izquierdas si no se aborda con contundencia el principal problema que tiene Andalucía. Las estrategias internas, partidistas y tácticas de pacotilla, son sólo para ellos, de ese viven. Espero que al menos se les caiga la cara de vergüenza cuando se crucen con una persona joven por la calle y tengan la dignidad de mirarle a la cara.

MALDITOS BASTARDOS

Cuando recuperamos nuestra democracia a finales de los 70, un alivio recorría nuestra ansia de libertad por la gestión de lo público en manos de los ciudadanos con la ilusión de convertirnos en artífices de una nueva era, una España mejor para nuestros hijos y una dignidad que tanto tiempo había permanecido disminuida.

Se pusieron en marcha Ayuntamientos democráticos con una ingente tarea por realizar en barriadas que habían sido sistemáticamente olvidadas por el régimen, fuimos capaces de darnos una Constitución negociada que permitiera avanzar en el desarrollo político sin contratiempos, todos a una recuperando la democracia.

Eran tiempos de ilusión y de esperanza, de un mapa autonómico que se acercaría a solucionar los problemas reales de cada comunidad, con una confianza casi sin límites en los partidos encargados de la hazaña.

Hoy, después de más de 30 años de empeño, hemos comprobado cómo se han ido instalando en los partidos políticos los que denomino “bastardos”, hijos ilegítimos de la ilusión democrática. Tanto el PP como el PSOE se han ido encargando de situar la política fuera del alcance de los ciudadanos, alejando cada día el apego y el afecto de los primeros años de nuestra democracia hacia los partidos. Les ha interesado poco o nada que la abstención creciera y el desafecto se hiciera patente.

Han ensuciado lo más sagrado para los ciudadanos libres: la gestión de lo público. Y no les ha preocupado lo más mínimo que los electores se fueran desencantando, a ellos lo que les interesa es el porcentaje, no el número de votos, y cuantos cargos les conceden esos porcentajes.

Han permitido, cuando no encabezado, tantísimos casos de corrupción como ocasiones se daban, prostituyendo el fin del trabajo para el bien común. Ambos son culpables y además no podemos perdonarlos porque sabían lo que hacían.

Pero los ciudadanos hemos de ser responsables y cumplir con nuestra obligación de regenerar la vida pública. Primero, echándolos a la calle, no votándolos; y, segundo, sabiendo elegir a quienes nos representen desde otra forma de hacer política, manteniendo sobre ellos un control permanente para que no se desvíen.

Los bastardos de la política tienen sus horas contadas. No vamos a permitir por más tiempo su ineptitud, los clanes, las mafias, los robos ni la corrupción. Miraremos con lupa ciudadana las propuestas y pediremos explicaciones y resultados. Se acabó la fiesta.

A todos los bastardos que se habían instalado en la opulencia, el latrocinio, el poder por el poder, tenemos que recordarles que a cada cerdo le llega su San Martín.

LOS MALES DEL BIPARTIDISMO

Después de 35 años de democracia en nuestro país, muchas son las cuestiones a revisar de nuestro funcionamiento político. Como en cada situación de cambio, al pasar un determinado tiempo conviene hacer una evaluación global para detectar aquello que ha servido, con lo que nos ha ido bien, así como lo que no ha funcionado para intentar cambiarlo a mejor.

Si nos detenemos a analizar cada uno de los aspectos que no funcionan, la lista sería interminable y, posiblemente, nos alejaría de buscar el punto focal en dicha evaluación, ya que todos ellos tienen una raíz común: el bipartidismo PP-PSOE.

Ambos partidos han tenido periodos de gobierno, alternándose en el poder en todos los ámbitos de la administración: central, autonómica, provincial y local. Para ambos, la alternancia era la opción, no la alternativa. Mantener todas las estructuras de poder político y una administración gigantesca, les permitía un amplio escenario donde ubicar miles de puestos políticos que engrosarían la mamadera de lo público.

Ninguno de los dos partidos grandes (que no grandes partidos) han abordado, con rigor y velando por los intereses de todos, la necesaria reforma de la estructura política del Estado. Y no lo han hecho porque a ambos le ha ido y les va bien. Mantienen más de 8.000 ayuntamientos en España, cuando por ejemplo Brasil, con 200 millones de habitantes sólo cuenta con 5.300 municipios. Mantienen las Diputaciones Provinciales, entes que quedaron absorbidos en competencias al ponerse en marcha el mapa autonómico y que duplican inexplicable el gasto y estructuras públicas. Permitieron la creación de infinidad de mancomunidades, instituciones que se han convertido en un coladero de enchufes y mal gobierno. Asumieron como normal los estatutos autonómicos llamados de segunda generación, que vinieron a profundizar las asimetrías entre comunidades autónomas consolidando la desigualdad entre los servicios públicos a los españoles.

Pero eso a PP-PSOE les daba exactamente igual. Lo importante, lo realmente importante para ellos, es obtener el poder y distribuir miles de cargos públicos que, como bocas agradecidas, trabajen para mantenerse en el poder. Esa ha sido su única visión de Estado, su única vinculación con las estructuras políticas que no han usado para cambiar la realidad española y poner en marcha la previsibilidad de acciones políticas para la mejora social y económica, sino simplemente para permanecer en el poder.

Tanto daño nos ha hecho esto en el avance democrático en nuestro país, que por fin cada vez más ciudadanos captan el mensaje de que el discurso y el debate, al que nos han querido llevar, es ficticio. Ya hemos descubierto que no se trata de contraponer propuestas sobre determinados temas o asuntos claves (asuntos que ellos decidían si eran claves o no), sino de estar o no estar en el poder.

Detenerse a visualizar la gran cantidad de casos de corrupción, la ineficacia de la política económica, la pérdida de servicios sociales, la pésima gestión pública, los recortes en educación o sanidad, las propuestas de privatización, el contubernio con la iglesia católica, el paro general o el juvenil, sería entretenernos en los síntomas sin ver la causa.

Atacar de raíz la causa que ocasiona un país a la deriva significa acabar con el bipartidismo, erradicarlo de los ámbitos de poder, terminar con las estructuras empresariales y oficinas de colocación en las que se han convertidos ambos, para recuperar la dignidad.

Los políticos a los que elegimos son nuestros representantes en las instituciones, nosotros los ponemos y nosotros los quitamos. Es la quintaesencia de la democracia. Por eso, si realmente queremos cambiar la situación actual y avanzar en un desarrollo democrático, hemos de tomar la decisión firme de acabar con un bipartidismo dañino y autocomplaciente.

¿QUIÉN PAGA LA CRISIS?

Iniciamos septiembre con la aplicación bestial de la subida del IVA por parte del Gobierno del PP. Rajoy acaba de prometernos que en 2013 no subirá más el IVA ni el IRPF, aunque dejando la postilla del “siempre que no sea necesario”, lo que deja a todas luces claro que volverá a subir los impuestos el año próximo.

Recordemos, (no hace falta ser muy mayor), que cuando un país siente la presión sobre su moneda suele recurrir al truco de la devaluación de la misma, potenciando el valor de sus exportaciones al hacerlas más competitivas y enfriando el consumo interno. España no puede recurrir en este momento a la vieja treta debido a su inclusión en la llamada “Zona Euro” cuya moneda solo podría ser devaluada por el Banco Central Europeo.

Para abordar la estrategia Rajoy, al igual que Zapatero, ha optado por devaluar el Euro en España vía disminución del poder adquisitivo. De ahí que los funcionarios hayan sufrido recortes del 5%, congelación salarial, desaparición de la paga extra de navidad, subido el IRPF, subido el IVA, incremento del pago por medicamentos, congelación de pensiones y un largo etc., que no reproduzco para no crear depresión psicológica.

Así, a groso modo, podemos estar hablando de una devaluación de nuestra moneda, o para ser más exacto de una pérdida del poder adquisitivo, en los últimos dos años del 30% real, incluyéndoles el 2,7% de inflación interanual actual. Es posible que no hayamos reparado en ello en el día a día de nuestros gastos y compras habituales, pero nuestro Euro, la moneda que utilizamos, cada vez vale menos. Es decir, el poder adquisitivo de las familias españolas ha disminuido considerablemente y amenaza con reducirse aún más en 2013.

Si a ello le sumamos que el desempleo español alcanza ya el 25,1% y el paro juvenil el 55%, el grado de desesperación aumenta, ya que no sólo tiene menos valor nuestro dinero sino que, además, disminuye de forma alarmante la posibilidad de obtenerlo.

Todo lo anterior ha sido provocado por una decisión política: el Partido Popular asume que la prioridad económica está en salvar a Sistema Financiero Español, es decir, bancos y cajas de ahorro, por lo que necesitará un rescate de la Unión Europea de hasta 100.000 millones de Euros, que pagaremos todos los españoles vía aumento de impuestos, reducción de servicios públicos y supresión de empleos.

Además de este rescate, que no hemos provocado los ciudadanos sino las entidades financieras, es el propio país el que recurrirá a un Rescate al Estado, que puede rondar los 300.000 millones de Euros y que incluirá nuevas condiciones, entre las cuales estarán, sin duda, la disminución de empleados públicos (no menos de 200.000), disminución de las pensiones y congelación de las mínimas, desaparición de subsidios y una vuelta de tuerca más a los servicios públicos en Educación y Sanidad.

Somos la ciudadanía la que al final va a pagar los platos rotos de años de políticas y políticos ineficaces, centrados en el derroche, y de cajas de ahorro y bancos manirrotos que son los verdaderos generadores del desastre económico en nuestro país. Personalmente no me siento responsable ni corresponsable de esta situación, como para tener que asumir que el valor de mi salario se devalúe en un 30%, pierdan calidad y cantidad los servicios públicos del estado del bienestar e hipotequen mi vida laboral, la de mis hijos y nietos, con tan nefasta política.

Los que han generado esta situación caótica deben pagar por ella. Banqueros y Consejos de dirección de Cajas de Ahorro (donde hay muchos responsables políticos), deben hacer frente a las repercusiones de su pésima gestión y, si no pueden, deben pagar por ello. Representantes políticos al frente de Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas y Gobierno Central, que han malgastado o dilapidado el dinero público endeudándose hasta las cejas, deben de responder de sus desmanes y pagar por ello.

Ninguno de los ciudadanos ha sido consultado sobre determinados gastos o políticas que conllevaran endeudamiento extra en ninguna de las administraciones. Los únicos y últimos responsables son los cargos políticos que han tomado esas decisiones y son ellos los que tienen que dar la cara y asumir las deudas generadas.

No pueden, aunque lo pretenden, trasladarnos a la ciudadanía mediante el miedo social la corresponsabilidad de que entre todos tenemos que salir de esta patética situación. Al menos no lo pueden hacer hasta que no veamos entre rejas y con sus bienes hipotecados totalmente a banqueros y políticos responsables de esta quiebra económica. Si hace falta construir nuevos centros penitenciarios, adelante, que hay mucha mano de obra preparada.

GOBERNAR LA MISERIA (II)

España supera en la actualidad en 24% de paro global y más del 52% de paro juvenil. Una situación insostenible para recuperar nuestro crecimiento y una economía fluida y ágil. Sin embargo, las distintas administraciones están absorbidas por el llegar a fin de mes, tener liquidez, efectuar recortes en lo que puedan y ver cómo pueden acabar este año sin muchos números en rojo.

Bajo mi punto de vista están olvidando su verdadero objetivo. En política, la gestión de lo público, tiene dos vertientes bien diferenciadas: en primer lugar, la propia gestión, eficaz, eficiente, saneada, de calidad, que por la experiencia acumulada en estos años podemos afirmar que dista mucho de haber cumplido con sus fines. Pero, de otro lado, la gestión de lo público debe incorporar, indefectiblemente, el máximo nivel de previsibilidad que garantice un desarrollo armónico y nos prepare para afrontar el futuro.

Este nivel de previsibilidad, a su vez, tiene dos finalidades. La primera, evitar la improvisación, que es lo que está ocurriendo ahora en todas las administraciones públicas; y la segunda, adelantarse a los acontecimientos poniendo en marcha políticas con visión de futuro que coadyuven a paliar efectos de una situación no deseada.

No dudo que la prioridad está ahora en cómo llegar a final de mes sin causar demasiados estropicios, pero si las administraciones públicas, especialmente el Estado y las Comunidades Autónomas, no se ponen manos a la obra en un nuevo diseño de nuestra economía a futuro, lo más probable es que perezcamos en el intento.

Hemos de trabajar con la perspectiva y el diseño de la España que queremos en el año 2050. Para eso están los planificadores, que partiendo de una realidad dada (diagnóstico), dibujan un escenario de cambio a largo plazo que contiene todos los parámetros necesarios en pasos a dar para transformar dicha realidad (tratamiento).

Los que hemos trabajado en Planificación Estratégica para el Desarrollo, no sólo sabemos que esto es posible por las experiencias acumuladas en América Latina y África, sino que en el caso español y europeo, es absolutamente imprescindible.

Podemos cebarnos con el análisis de la situación a corto, crucificar todo lo que queramos o imponer penitencias a los culpables. Pero si no actuamos ya en diseños de escenarios distintos al actual, con previsiones a medio y largo plazo introduciendo las modificaciones necesarias, paso a paso, para poder conseguir nuevos objetivos, lo que estaremos haciendo es “Gobernar la Miseria” y ustedes me disculparán, pero eso lo hace cualquiera.

El perfil del político debe cambiar de inmediato. Mucho más cercano a la realidad social y con experiencia profesional, motivando los planes citados, con capacidad de diseños a futuro, analítico, generador de cambio social y estadistas. Andamos escasos en la actualidad de esos perfiles en PP y PSOE, por eso hemos de proceder a cambios de opciones que anulen un bipartidismo trasnochado y vayan al fondo de la labor real que ha de cumplir la política.

LA ESTABILIDAD ECONÓMICA.

Hemos asistido, y lo que nos queda, al espectáculo más bochornoso que podríamos esperar del fin del zapaterismo. PP y PSOE han escenificado en el congreso la verdadera cara de su perfil como partidos, dispuestos a continuar repartiéndose el poder en España pase lo que pase y pese a quien pese. El Parlamento condenado al rodillo del bipartidismo, alejándose cada vez más de los ciudadanos y tomando decisiones absurdas que no nos conducen a ningún lado.

La aprobación, a velocidad de Fórmula I, de la reforma constitucional para fijar la estabilidad presupuestaria y del déficit, no será aplicada hasta 2020, y hemos tenido que aguantar la puesta en escena de la pretendida unidad nacional de Rajoy y Rubalcaba, de PP y PSOE. Hemos desaprovechado la oportunidad del siglo para incorporar las verdaderas reformas que precisa nuestra Constitución, con la pantomima de que fijando el control del déficit en la carta magna ya se ha solucionado el problema, cuando para llegar a la estabilidad lo que hay que tomar son medidas concretas.

Algunas de ellas son las siguientes:

n - Tenemos que disminuir nuestra estructura político administrativa del Estado. No podemos contar con 8.871 ayuntamientos, todos ellos deficitarios, la mitad de los cuales no cuentan ni siquiera con 5.000 habitantes. Hay que adelgazar las estructuras municipales.

n - Las Diputaciones Provinciales deben desaparecer, pues todas sus funciones y tareas pueden ser asumidas sin ningún tipo de problema (de hecho ahora se superponen en demasiadas ocasiones) por las comunidades autónomas y por los propios ayuntamientos. Así eliminamos la estructura provincial.

n - Hemos de fijar los techos competenciales en las comunidades autónomas, así como sus techos presupuestarios, recuperando para el gobierno central algunas de las competencias como Salud, Educación, Justicia, que ameritan de un tratamiento único tanto a nivel legislativo como ejecutivo. Así adelgazamos y colocamos tope a las estructuras autonómicas.

n - Hay que mejorar y perfeccionar, consiguiendo mayor eficacia y eficiencia, la gestión de todo lo público, eliminando el sinfín de cargos de confianza, de libre designación, que estrangulan los gastos de las administraciones y dotar a las mismas de elementos de control para evaluar sus objetivos. Dicha mejora en la gestión de lo público ayudaría a reducir nuestro gasto.

n - Terminar con los privilegios, prebendas, prerrogativas, regalías y concesiones de todos los cargos públicos, desde los diputados hasta los concejales. Los instrumentos mínimos para desarrollar eficazmente su trabajo y punto. Ahorraríamos una buena cantidad.

Pero esto les da igual tanto a PSOE como a PP, que además impiden que los ciudadanos opinen y ratifiquen, en su caso, las reformas constitucionales planteadas. ¿Estamos condenados a sufrir esta clase política o, por el contrario, podemos aspirar a tener políticos con altura de miras? ¿Podremos romper este bipartidismo antes de que nos lleve a la ruina total y a una crisis social, política y económica sin precedentes?.

El 20 N contaremos con la posibilidad de cambiar esto, de apoyar alternativas reales y no alternancias caducas. De nosotros depende que esto siga así.