CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ETIOPÍA

Una vez finalizada la etapa de ejecución de los Objetivos del Milenio 2000-2015, desarrollados por las Naciones Unidas, con resultados desiguales para cada apartado, la Secretaría General lanzó la propuesta de la agenda Post 2015, que utiliza el año en curso para la finalización de la evaluación de los ODM y el avance de la nueva propuesta de Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) en el periodo 2015-2030.

En diversas conferencias regionales se han ido avanzando los ODS, pero hacía falta concretar la cuestión de la financiación antes de llegar a la Asamblea General de la ONU de septiembre próximo, que aprobará dichos objetivos bajo la base de los compromisos de financiación de los países donantes. Con este fin se convoca la 3ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Etiopía, uno de los países más pobres del planeta, del 13 al 16 de Julio próximos, en la que se darán cita los Jefes de Estado y de Gobierno del todo el mundo.

La situación actual de la Ayuda Oficial al Desarrollo, según el último informe de la OCDE presentado este mismo año, resulta preocupante. En su conjunto, los países donantes cerraron 2014 con la dedicación media del 0’29% del PIB, muy lejos del 0’7 recomendado por NNUU. A la cabeza del compromiso por el desarrollo se sitúan cinco países: Suecia con un 1,1%, Luxemburgo (1,07%), Noruega (0,99%), Dinamarca (0,85%) y Reino Unido (0,71%). En términos absolutos de dinero aportado encabezan la lista como mayores donantes: Estados Unidos con 30.260 millones de euros, Reino Unido (17.925 millones de euros), Alemania (15.000 millones de euros), Francia (9.590 millones de euros) y Japón (8.500 millones de euros).

El Secretario General de las NNUU, ha declarado que los países donantes deberán realizar un esfuerzo mucho mayor, apuntando a la necesidad real de acercarse al 1% si queremos obtener los resultados deseados.

España se encuentra en esta clasificación en la posición número 15 con una aportación total de 1.426,97 millones de euros, con una dedicación en 2014 de un vergonzante 0’14% del PIB, cuando la media europea es del 0,42%. Los recortes en Cooperación al Desarrollo han supuesto el 70% de lo que se venía dedicando en 2007. Ello ha provocado que centenares de acciones de las ONGs españolas se hayan visto mermadas, obligando a disminuir nuestra presencia reconocida por años en los ámbitos de la cooperación internacional y dejando bajo mínimos una de las etiquetas más valoradas de la “Marca España”.

La estrechez de miras de nuestros gobernantes refleja su desinterés por abordar con seriedad propuestas de igualdad global, crecimiento, desarrollo y sostenibilidad, convirtiéndose en el gobierno español más cicatero desde que dejamos de ser un país receptor de ayuda.

8.119 AYUNTAMIENTOS.

He optado por colocar el número de municipios españoles en el título del artículo, por considerarlo llamativo a la hora de ahondar en lo que representa para la estructura política del estado español : Mantenemos la ratio más elevada de Europa y una de las más elevadas del mundo en proporción territorio-habitantes.

En algún momento tendrá que abrirse en nuestro país el debate sobre el mantenimiento de tantos entes locales, que conllevan demasiados cargos políticos, muchos cargos políticos de confianza, y no suele estar relacionado con la buena gestión o la transparencia, pues hoy día la mayor cantidad de casos de corrupción emanan de los ayuntamientos y la deuda de los municipios españoles asciende a 35.000 millones de euros.

Europa supo aprovechar la obligada planificación para la recuperación económica y social tras las II Guerra Mundial, para aplicar una nueva concepción del funcionamiento municipal, agrupando municipios, reduciendo burocracias y cargos políticos al frente de la gestión de lo público. Alemania redujo a la mita sus municipios y a finales del pasado siglo Dinamarca aplicó la concentración o fusión en proporción 1 a 4, un municipio agrupó generalmente la fusión de cuatro, con unos resultados espectaculares tanto en gestión pública como en reducción del gasto en los ámbitos municipales.

España ha mantenido una política distinta basada en la arcaica distribución del siglo XIX de las parroquias, que fueron convirtiéndose con el paso del tiempo en núcleos mayores culminando su proceso en la constitución de un Ayuntamiento. La Constitución del 78 consagró dicha división político administrativa de los entes municipales, en un momento marcado por la recuperación de la democracia y la necesidad de que toda la gestión municipal pasase a los partidos políticos, garantizando así una fuerte presencia política en la gestión de lo público.

Después de la experiencia hemos de confluir en que la misma no ha sido positiva por las siguientes razones:

1.     Tiene un alto coste para la administración.

2.     La gestión ha sido muy opaca y difícil de controlar por el Estado.

3.     Ello ha inducido a que en los Municipios se produzcan el mayor número de casos de corrupción, fundamentalmente vinculados al urbanismo pero también en otros sectores.

4.     Sus escasas competencia como prestadores de servicios a la comunidad no justifican tal cantidad de entes municipales.

Los partidos políticos saben que de aplicar una reducción de municipios con criterios de eficacia y eficiencia, perderían poder de sus propios afiliados y de presión política sobre entes superiores. Por eso no quieren aplicar la reforma y se aferran a una estructura caduca, cara, manipulable, proclive a la corrupción y altamente ineficiente.

La defensa a ultranza del terruño, que utilizan los alcaldes o candidatos de todos los partidos, nada tiene que ver con una buena gestión de lo público. Los pueblos no desaparecerían del mapa, continuarían existiendo con su denominación, con sus fechas festivas locales, con sus costumbres, con sus gentes. Lo único que cambiaría es que la gestión pública no sería llevada a cabo por un ente llamado Ayuntamiento en cada uno de los pueblos o ciudades, sino por un Ayuntamiento que agrupe a varios municipios. La opción es clara, mantenemos los municipios (sin ningún problema jurídico pueden continuar denominándose así), pero agrupamos varios municipios en un solo Ayuntamiento como ente jurídico, político y administrativo.

Durante la experiencia de gestión acumulada hasta ahora en democracia, muchos ayuntamientos han ido creando y conformando mancomunidades de municipios, precisamente para lograr mayor eficacia y reducción de costes en la gestión. Pues bien, con la propuesta anterior desaparecerían estas mancomunidades (también con demasiados problemas de deuda y escaso control), podrían desaparecer sin ningún problema las Diputaciones Provinciales (que fundamentalmente se ocupan de los municipios pequeños) y las Comunidades Autónomas asumirían la relación directa con los nuevos Ayuntamientos creados por la fusión.

Esta propuesta es la que se ha venido aplicando en Europa y la que más resultados ha dado para la mejora de la gestión municipal y el control y eficacia del gasto público. No querer verlo así, será enrocarse en una suerte de cargos y carguillos cuando podríamos ahorrarnos, al menos, la mitad de ellos.