EL PROCESO CATALÁN

Kafka se hubiera sentido ridiculizado si en sus tiempos se hubiera vivido el escenario de este Proceso. Los participantes en la escenificación han jugado todas sus cartas y los tiempos de una forma magistral, a sabiendas de que sus decisiones tendrían un cierto coste político para los protagonistas, que sopesaron muy bien antes de asumir el reto.

Tras los resultados de las elecciones catalanas, se vislumbró que el recorrido para formar gobierno no sería nada fácil y se diseñó una estrategia que pasaba por no llegar a ningún tipo de acuerdo hasta que se celebraran las elecciones generales. Rajoy, a sabiendas de la intención, retrasó al máximo la convocatoria de elecciones para colocar el tema catalán en la campaña electoral, reduciendo el impacto de sus políticas antisociales y su currícula de corrupción. Por su parte, los independentistas intentaban sacar los mejores beneficios de un nuevo escenario político tras el 20D. Y eso es lo que se ha producido.

El acuerdo in extremis de la CUP con Junts pel sí , que garantiza el inicio del proceso hacia la soberanía de Cataluña, pone en jaque la inestabilidad del futuro gobierno español. Coloca a Rajoy en la mejor posición de salida posible para la nueva realidad y cerca al PSOE, que se verá abocado a apoyar un gobierno del PP con su abstención, posiblemente en la segunda sesión. Al proceso, le interesa que haya un gobierno del PP en minoría absoluta y casar al PSOE con el inmovilismo político para reforzar sus posicionamientos en Cataluña.

Hemos pasado de puntillas los últimos meses sobre el proceso de Cataluña, pero a partir de hoy la cuestión de la independencia se coloca en trending topic de la política española. Todo aquello que se haga, se diga, se piense o se manifieste, tendrá una repercusión a medio plazo en los avances soberanistas de Cataluña. Lo único serio que hemos oído en la campaña electoral, es la necesidad de caminar hacia una consulta, basada en el derecho a decidir, que ponga fin a los despropósitos de unos y de otros. Lo demás ha sido, simplemente, postureo.

En el año en que se cumplen 80 del inicio del golpe fascista, el inicio de la guerra civil que acabó con la II República y la democracia en este país, hemos de plantearnos muy seriamente si ha llegado el momento de recomponer nuestro espacio compartido con un reconocimiento plurinacional y dibujar una nueva Constitución que nos sirva para otros cuarenta años, como mínimo. Las posturas enfrentadas e inmovilistas solo nos traerán resultados retrógrados. Es urgente cambiar la Constitución, adaptarla al Siglo XXI y a nuestra realidad de Estado. No será fácil el camino, pero los resultados nos colocarán en la mejor posición posible para afrontar con garantías de éxito los próximos decenios. Enrocarse en discursos trasnochados y rancios no es la mejor opción.

EL REFERÉNDUM EN CATALUÑA.

Volver a oír hablar, a estas alturas de la película, de un Frente Nacional por la España Una, Grande y Libre, me retrotrae a momentos de nuestra reciente historia de los que no quiero ni acordarme. Que la única ocurrencia que pongan sobre el tapete PP, PSOE y Ciudadanos, sea la de formalizar un pacto por la Unidad de España, suena tan ridículo e insultante a la inteligencia que asusta un caminar por esos derroteros.

Los catalanes han intentado, por todos los medios a su alcance, ser escuchados en sus demandas para realizar una consulta legal sobre la creación de un nuevo Estado. Si a las cúpulas dirigentes de este país lo único que se les ocurre para solucionar el tema es la creación del Frente Nacional y el Pacto de Unidad de España, es que no han aprendido nada.

Los estados modernos, libres y democráticos, tienen la obligación de propiciar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Así ocurrió en el referéndum por la soberanía de Quebec y su independencia de Canadá, resuelto con un ajustado 50,58% por el No y un 49,42% por el Sí, con solo 54.228 votos de margen. También Reino Unido propició la celebración, el año pasado, del referéndum de secesión de Escocia, aquí con un margen mayor triunfaba el No con el 55,3% frente al 44,7% que optó por el Sí.

Pero claro, estamos hablando de dos Estados modernos, modélicos y democráticos.  En España somos diferentes, aquí lo que mola es la imposición de la Unidad por decreto. La Constitución Española santifica la unidad del territorio español, pero la Constitución la hicimos en su momento, la aprobamos en su momento y la podemos cambiar en un momento, tal y como demostraron PP y PSOE con la modificación del famoso Art. 135, con agosticidad y alevosía.

La Constitución puede y debe cambiarse. Es la Ley de Leyes o Marco Fundamental de la Convivencia, pero todos sabemos que necesita una repensada para adaptarse al Siglo XXI y preparar una propuesta que pueda servirnos, como tal “Marco”, para los próximos cincuenta años. Solo los partidos retrógrados, miedosos y cavernarios se posesionarán por la defensa a ultranza de un texto caduco.

En Democracia, con mayúsculas, el pueblo es quien tiene la última palabra. Y los catalanes, como ocurriera en Canadá y Reino Unido, no cejarán en su empeño de ser consultados en un referéndum legal, auspiciado por el gobierno de España y con toda la validez que situaciones como esta requieren. El problema en Cataluña solo se solucionará “votando”. En lugar de enrocarse el tripartito para mantener con firmeza una estructura del Estado monolítico y centrípeto, hay que abrirse a las nuevas realidades y considerar a España como un Estado Plurinacional, sin complejos ni mensajes de asusta viejas, sino con la madurez necesaria para hacer viable una mejor convivencia.

Después vendrán las propuestas, los análisis, los cambios a introducir para que los catalanes puedan sentirse cómodos dentro de la propuesta de la nueva España. Quebec y Escocia perdieron sus referéndums y no ha pasado absolutamente nada. Ambos pueblos caminan de la mano con sus estados para construir un futuro juntos con la satisfacción de haber sido los protagonistas de su historia. Lo que no se puede hurtar es el derecho a decidir. Cualquier solución que no contemple ese derecho está condenada al más absoluto de los fracasos.

ELECCIONES EN CATALUÑA

En estos días de incertidumbre sobre las plebiscitarias catalanas, he podido hablar con un amigo polaco, de Badalona, para compartir su visión desde dentro sobre la convocatoria de Artur Mas. Mi amigo es muy europeo, por tanto esto de los nacionalismos e independencias le suena arcaico, pero reconoce que en Cataluña se ha dado un proceso que puede desembocar en una tragedia constitucionalista, si no se pone remedio.

Según su percepción, las cartas que ha jugado el nacionalismo catalán han sido: la aplicación de la normalización lingüística durante 30 años, el arraigo del sentimiento patrio catalán, los enfrentamientos permanentes con el gobierno central a cuenta de las cuotas a recibir del Estado, la frustración del veto del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía que Zapatero se comprometió a aceptar saliese lo que saliese del Parlament y, por último, los enfrentamientos directos a cuenta del derecho a la consulta.

Con estos ingredientes, se ha ido cocinando una situación de punto límite, donde las únicas opciones posibles serán: que la propuesta independentista pierda las elecciones del 27S y no gobierne en Cataluña, o que Rajoy saque pecho y haga su campaña de las generales aplicando el Artículo 155 de la Constitución Española.

Desde Badalona, mi amigo ve las cosas feas. Hay mucho exaltado de uno y otro bando, es decir, “ultras” que están dispuesto al enfrentamiento con el Estado si hiciera falta y otros “ultras” que azuzan a los militares a que tomen las instituciones catalanas con los tanques en la calle. Parece que esos extremos están descartados por un grueso de catalanes, que lo que quiere es vivir en paz, poder decidir en paz, convivir en paz y ser algo más felices. Pero es obvio que, con el marco normativo de la actual Constitución, las opciones de independencia ni son posibles ni se van a permitir.

El panorama dista mucho de una solución fácil y hemos de contemplar todos los escenarios posibles. Pero comparto con mi amigo que Rajoy ya tiene la campaña hecha si el enfrentamiento se da y es muy probable que recupere en las dos Castillas, Extremadura, Madrid, Valencia y Andalucía, buena parte de los votos que ha perdido, gracias a la mano dura contra los independentistas catalanes.

Tendremos que observar los movimientos de unos y de otros en los próximos días, pero todo parece apuntar a una solución complicada. Lo que parece definitivo es que nuestra Constitución tiene que entrar al taller y hacerse algunas reparaciones, después de 37 años se merece, al menos, una puesta a punto.

LA YIHAD DE LOS MERCADOS.

El sistema financiero internacional rinde pleitesía a su “dios” omnipresente, el dinero, colocando en su catecismo fundamentalista las virtudes de la codicia, el egoísmo, la acumulación y el despilfarro, mientras sus clérigos y acólitos, disfrazados de presidentes de gobierno, procuran hacer méritos para alcanzar el paraíso sin reparar en los daños colaterales de sus acciones u omisiones.

Si del sistema dependiera, les encantaría regresar a las épocas feudales, pero saben adaptarse a los nuevos tiempos y traducen a la actualidad en qué consistiría tal situación en el Siglo XXI. En principio, los trabajadores tienen que ganar lo justo dándose por satisfechos al menos por tener un trabajo. La clave está en que su salario les siga manteniendo en situación de cuasi exclusión o pobreza, porque de esa forma protestarán menos, aguantarán más y se mostrarán serviles con el patrón.

Hay que hacer retroceder la presión sindical, anulando sus posibles respaldos de los propios trabajadores y mantener un número elevado de desempleo para que se mantenga la relación deseada. Controlan, a través de sus señores feudales en los gobiernos, la represión sobre las protestas con leyes mordazas para los residuos callejeros pensantes. Manejan los medios de comunicación que utilizan como adormidera de las masas para que se entretengan y no molesten mucho. En ellos mienten como cosacos, pero se confiesan rápido aludiendo a piadosas mentiras.

Hay que anular cualquier atisbo incontrolado que pretenda atacar políticamente al sistema financiero, utilizando la artillería pesada de que esas opciones supondrán la escasez y racionamiento del papel higiénico, como pasa en los confines de la tierra, llamando a la cordura para impedir que unos melenudos con coleta impidan que nos podamos limpiar el culo.

Promueven los desahucios en su diseño del mal, para que sirvan de escarmiento y de referente a aquellos que osen vivir por encima de sus posibilidades, que vean que el sistema es firme y contundente contra los parias, mientras adornan sus constituciones con derechos fundamentales a la vivienda digna, trabajo digno, salud y educación universales. Constituciones que defienden como libro sagrado que jamás cumplirán, pero que utilizan para frenar a los avispados e indignados.

Llevan aplicando esta Yihad de los mercados contra la población mucho tiempo. A veces pierden alguna batalla, pero saben planificar con antelación las siguientes estrategias para sacar partido y adelantar dos pasos el paso perdido. Su bandera no es negra ni tiene letras árabes, enarbolan la bandera de la libertad, de la democracia, de la racionalidad y la modernidad, para colocar fuera del sistema a aquellos disparatados poco dóciles y acoger en su santo seno a las almas a las que engaña con el mensaje del estado del bienestar.

No pretendo exculpar a los de la otra Yihad del califato, ni mucho menos. Pero no debemos perder de vista en que Yihad nos tienen metidos una buena pandilla de golfos y maleantes, disfrazados de gobernantes para el pueblo.

SE ACABÓ LA FIESTA.

Basta recordar el proceso de transición en España para darse cuenta de dónde estaban situados los intereses de la entonces “clase política”. Arias Navarro de presidente post-franco, representaba los intereses del “movimiento” y pretendía establecer un Franquismo sin Franco, una continuación del régimen. El Rey Juan Carlos, bien asesorado, optó por retirarle su confianza y nombra a Adolfo Suárez Presidente del Gobierno, encargándole expresamente el inicio de transición a una democracia moderna. Suárez viaja a Washington para el obtener el visto bueno de la nueva opción para España, recibiendo el apoyo norteamericano de inmediato. Se inicia, así el proceso de transición que no se concretará hasta la firma de los “Pactos de la Moncloa”, dos años más tarde.

La redacción de la Constitución Española del 78, sirvió de motivo para afirmar la ruptura con el régimen anterior y perfilar un país nuevo, moderno y adaptado a los tiempos europeos. Nuestra actual Constitución, aunque ya necesita una puesta a punto pasando por la ITV, recoge una serie de declaraciones de principios que han sido vulnerados por todos los gobiernos desde el 79 hasta ahora. Ningún partido ha entrado en la defensa de estos principios y de articulados concretos que sitúan al pueblo como principal soberano y aparece protegido por encima de los intereses económicos en lo referido a su propio bienestar con la gestión de los servicios básicos a la población. La Constitución simplemente ha sido utilizada para frenar, reprimir o castigar, aquellos empeños territoriales que no se amoldaban al modelo descrito y aprobado, pero nunca se tomó como libro de cabecera para acometer una verdadera política de Estado.

Los partidos se amoldaron al nuevo sistema, fabricándose al efecto una Ley Electoral absolutamente injusta, que permitía la presencia de dos grandes partidos y que realmente les ha funcionado durante todo este tiempo. Tanto PP como PSOE, han sido paladines de lo que ellos denominan “estabilidad”, respetándose en la alternancia para que nada cambiara. Más allá de algunas cuestiones de maquillaje, ambos han estado y están de acuerdo en lo que denomino “Los principios fundamentales del Sistema”. En la alternancia les ha ido bien, tenían su cantera de vividores de la política pero lo importante era estar o recuperar el poder en todo momento, sumiendo a los españoles en un discurso arcaico de las izquierdas y las derechas, reflejo de la época post-franquista, con el fantasma de la guerra civil en las mentes del personal.

Y no se han dado cuenta que esta realidad ha cambiado. Demográficamente, nuestro país ha sufrido un cambio generacional que no ha sido asumido ni estudiado por los grandes estrategas y analistas de las máquinas de marketing en que se habían convertido ambos partidos, pensando que todo les funcionaría igual que hasta ahora, hiciesen lo que hiciesen, pasara lo que pasara y con la total impunidad de que han disfrutado en todo este tiempo.

Han pasado casi 40 años de la muerte del dictador y durante este tiempo también han ido cambiando la edad de los españoles, su formación y capacitación, teniendo hoy a una gran parte de la pirámide poblacional que sólo ha vivido en democracia. Una mayoría que ha visto todo el proceso político y que conoce y analiza sus propias contradicciones, con una responsabilidad ciudadana al alza. Alguno dirá que esto mismo ocurría hace tres años, cuando más de 10 millones de españoles votaron al PP. Y es cierto.

Pero lo que ha cambiado, partiendo de los jóvenes y sumando cada vez más voluntades de distintas capas de la población, sobre todo de capas medias, es que en estos tres años transcurridos de gobierno del PP se ha llegado al hartazgo del propio sistema. La ciudadanía ya no aguanta más y no está dispuesta a ser cómplice de un sistema que actúa contra ellos en lugar de respetar la Constitución y aplicar políticas públicas en beneficio del pueblo. Se les ha ido de las manos, a ellos y al resto de partidos irrelevantes que pretendían jugar en ese mismo tablero para, alguna vez, romper el bipartidismo haciendo de bisagras o muletillas y promoviendo algunas reformas.

Pensaban que esto sería siempre así, que la población española seguía siendo inmadura y temerosa de cambios bruscos de orientación, avalando sus tesis del bipartidismo. Y se equivocaron. Lo único que aparece claro en estos momentos es que España necesita un cambio, un cambio real de reglas, prioridades, escenarios, líderes y representantes del pueblo. No les asusta la opción de Podemos, lo que realmente les asusta a ambos y a los irrelevantes, es perder todo el poder que han ido acumulando durante este tiempo y que no han sabido utilizar para ilusionar al país, relegándolo a un estado europeo de segundo nivel mientras vivían de lujo a costa de los demás. Simplemente, se acabó la fiesta.

LA SOBERANÍA DEL PUEBLO.

Todas las constituciones modernas recogen el latiguillo de que la soberanía recae sobre el pueblo. Es como un soniquete que intenta empañar lo que a posteriori sucede y es que quien decide realmente son los poderes políticos.

Miles, decenas de miles o cientos de miles, según las fuentes, han salido a las calles a protestar en demanda de su derecho a decidir y argumentando que son el pueblo y que se les tiene que escuchar que para eso son los soberanos. No cesan en su empeño por la demanda y día tras día aparecen mujeres, hombres, niños, jóvenes, de todos los sectores sociales para fortalecer su demanda. Unas protestas transversales que ponen en entredicho las decisiones del gobierno central.

El gobierno se ampara en la Ley y en la obligatoriedad de su cumplimiento: Nada por encima de la Ley o la Ley por encima de todo, esgrimiendo el argumento con rotundidad y señalando a los osados ciudadanos que pretenden otra cosa (creyéndose soberanos). Sin embargo, la gente continúa saliendo a la calle y cada día con más convencimiento de que llevan la razón y que tienen derecho a decidir, que votar es la expresión más democrática de las que se puedan poner en práctica y que los avances de dicha democracia exigen apertura de mente y vista de largo alcance.

Ante la negativa feroz del gobierno central, los líderes de las protestas y manifestaciones, han amenazado con pasar a una fase de desobediencia civil bajo la premisa de: “si no atienden nuestros derechos que creemos fundamentales no podremos obedecer lo que nos parecen decisiones injustas y arbitrarias”. Los más aguerridos incluso han amenazado con tomar edificios públicos institucionales del estado, como medida de presión para que se les escuche y su protesta sea conocida en los confines de la Tierra.

La negativa del gobierno central continúa y amenazan con hacer recaer la Ley sobre dichos líderes y promotores si el movimiento no cesa. No están dispuestos a que las movilizaciones se multipliquen a otras regiones del país ni a dar soluciones que puedan ser copiadas por otros descontentos. Siempre hay algún político mandamás que señala artículos de la Constitución para amenazar con aplicarlos y retirarles competencias o el status que ya tienen y, posiblemente, poner ante la justicia a los promotores que desacatan el cumplimiento. Sobre la desobediencia civil que se vayan olvidando, el que no obedezca tendrá sanciones. Como ven un gobierno central inmovilista, caduco y falto de opciones políticas a poner sobre la mesa.

Si realmente la soberanía recae en el pueblo, es este quien debería decidir en cada momento por dónde deberían orientarse los avances de la democracia. El gobierno central debería analizar las distintas opciones y ponerlas encima de la mesa para que, al final, la soberanía del pueblo decida. Pero me temo que lo único que harán será aplicar la represión.

Efectivamente, como se han imaginado, no les estaba hablando de Cataluña, sino de Hong Kong.

VIVIR DE LAS RENTAS.

Si los partidos políticos que participaron en el diseño de la transición, acordando una Ley Electoral que beneficiaba un bipartidismo alternante, piensan que pueden continuar viviendo de las rentas de sus labores de gobierno, están muy equivocados.  Sólo en países con una estabilidad casi perfecta y una sincronía entre servicios públicos de calidad, bases impositivas y proyección vital, puede conseguirse que la movilidad o alteración política sea prácticamente insignificante.

En el periodo de crisis económica y financiera, desde 2007 hasta no sabemos cuándo, se han generado otras crisis como la política y la social. En esta última, poniendo en grave riesgo servicios fundamentales para la ciudadanía como la Salud o la Educación, gravando la cultura, disminuyendo el apoyo a la dependencia, recortando libertades civiles, condenando al desempleo a cientos de miles de personas, creando un mercado laboral propio de países tercermundistas y alentando el exilio laboral de centenares de miles de jóvenes.

En la crisis política, señalando decenas de casos de corrupción que han salpicado todo tipo de instituciones, desde la Casa Real hasta Consejos de Administración de entidades financieras (cajas de ahorro), políticos corruptos y posible financiación ilegal de los propios partidos políticos, cuentas en paraísos fiscales defraudando al fisco, sobreprecios en obras públicas, sobresueldos, inversiones en fomento cerradas e inútiles, y un sinfín de ejemplos de mala gestión que recaen en gastos sobre el erario público que pagamos entre todos.

La interrelación de estos vectores, crisis política, económica y social, es lo que ha terminado indignando a la ciudadanía, que ha visto como se ha ido tejiendo una tela de araña del atraco, la indignidad y las malas artes en el manejo de lo público. Ha visto como el bien común ha quedado relegado en la filosofía de la clase dirigente para convertirlo en un bien para unos pocos, dotándose de leyes protectoras, indultos, estructuras, consejos consultivos, observatorios, fundaciones, pagadas con el dinero del pueblo al que decían representar.

Es esa misma actuación descarada la que ha hecho que la población vaya tomando conciencia de que no podemos continuar así. A este sentimiento o reflexión política lo llaman antisistema, entrando a combatirlo con todas su poderío desde la política, la economía y los medios de comunicación, que controlan por su dependencia. Un escenario que ni ellos mismos esperaban se produjera, acostumbrados a las grandes tragaderas del personal. No han sabido respetar las reglas del juego y han provocado un verdadero tsunami que nadie sabe en qué puede terminar.

La proyección a futuro pasa por cambiar la vida política, económica y social en nuestro país. Es decir, no es solo el referente político, sino una visión mucho más holística de recuperación de dignidades. Una nueva Constitución para el Siglo XXI que avance en el desarrollo de España como país y coloque de verdad al ciudadano a la cabeza del dicho desarrollo.

A los que han vivido de las rentas durante todo este tiempo y han provocado la necesidad de este cambio, se les ha acabado el chollo. Ya no vamos a permitir más saqueos, corruptos ni usurpadores de lo público. Es la hora del pueblo, de retomar el mando de la situación, de colocar a cada uno en su sitio y de saber que si no hacemos algo ahora lo pagaremos muy caro durante otra larga temporada.

8.119 AYUNTAMIENTOS.

He optado por colocar el número de municipios españoles en el título del artículo, por considerarlo llamativo a la hora de ahondar en lo que representa para la estructura política del estado español : Mantenemos la ratio más elevada de Europa y una de las más elevadas del mundo en proporción territorio-habitantes.

En algún momento tendrá que abrirse en nuestro país el debate sobre el mantenimiento de tantos entes locales, que conllevan demasiados cargos políticos, muchos cargos políticos de confianza, y no suele estar relacionado con la buena gestión o la transparencia, pues hoy día la mayor cantidad de casos de corrupción emanan de los ayuntamientos y la deuda de los municipios españoles asciende a 35.000 millones de euros.

Europa supo aprovechar la obligada planificación para la recuperación económica y social tras las II Guerra Mundial, para aplicar una nueva concepción del funcionamiento municipal, agrupando municipios, reduciendo burocracias y cargos políticos al frente de la gestión de lo público. Alemania redujo a la mita sus municipios y a finales del pasado siglo Dinamarca aplicó la concentración o fusión en proporción 1 a 4, un municipio agrupó generalmente la fusión de cuatro, con unos resultados espectaculares tanto en gestión pública como en reducción del gasto en los ámbitos municipales.

España ha mantenido una política distinta basada en la arcaica distribución del siglo XIX de las parroquias, que fueron convirtiéndose con el paso del tiempo en núcleos mayores culminando su proceso en la constitución de un Ayuntamiento. La Constitución del 78 consagró dicha división político administrativa de los entes municipales, en un momento marcado por la recuperación de la democracia y la necesidad de que toda la gestión municipal pasase a los partidos políticos, garantizando así una fuerte presencia política en la gestión de lo público.

Después de la experiencia hemos de confluir en que la misma no ha sido positiva por las siguientes razones:

1.     Tiene un alto coste para la administración.

2.     La gestión ha sido muy opaca y difícil de controlar por el Estado.

3.     Ello ha inducido a que en los Municipios se produzcan el mayor número de casos de corrupción, fundamentalmente vinculados al urbanismo pero también en otros sectores.

4.     Sus escasas competencia como prestadores de servicios a la comunidad no justifican tal cantidad de entes municipales.

Los partidos políticos saben que de aplicar una reducción de municipios con criterios de eficacia y eficiencia, perderían poder de sus propios afiliados y de presión política sobre entes superiores. Por eso no quieren aplicar la reforma y se aferran a una estructura caduca, cara, manipulable, proclive a la corrupción y altamente ineficiente.

La defensa a ultranza del terruño, que utilizan los alcaldes o candidatos de todos los partidos, nada tiene que ver con una buena gestión de lo público. Los pueblos no desaparecerían del mapa, continuarían existiendo con su denominación, con sus fechas festivas locales, con sus costumbres, con sus gentes. Lo único que cambiaría es que la gestión pública no sería llevada a cabo por un ente llamado Ayuntamiento en cada uno de los pueblos o ciudades, sino por un Ayuntamiento que agrupe a varios municipios. La opción es clara, mantenemos los municipios (sin ningún problema jurídico pueden continuar denominándose así), pero agrupamos varios municipios en un solo Ayuntamiento como ente jurídico, político y administrativo.

Durante la experiencia de gestión acumulada hasta ahora en democracia, muchos ayuntamientos han ido creando y conformando mancomunidades de municipios, precisamente para lograr mayor eficacia y reducción de costes en la gestión. Pues bien, con la propuesta anterior desaparecerían estas mancomunidades (también con demasiados problemas de deuda y escaso control), podrían desaparecer sin ningún problema las Diputaciones Provinciales (que fundamentalmente se ocupan de los municipios pequeños) y las Comunidades Autónomas asumirían la relación directa con los nuevos Ayuntamientos creados por la fusión.

Esta propuesta es la que se ha venido aplicando en Europa y la que más resultados ha dado para la mejora de la gestión municipal y el control y eficacia del gasto público. No querer verlo así, será enrocarse en una suerte de cargos y carguillos cuando podríamos ahorrarnos, al menos, la mitad de ellos.

AIRE FRESCO.

La llamada transición democrática tuvo un principio y tiene que tener un final. No se puede estar permanentemente en “la transición”. Determinar cuándo termina, seguramente, no pondrá de acuerdo a muchos, pero me atrevería a sugerir con la opción de equivocarme, que podríamos colocar dicho final en el año 2014.

Dos hechos fundamentales argumentarían la decisión: por un lado, la celebración de la Marcha por la Dignidad del 22 de Marzo y, por otro, los resultados electorales del 25 de Mayo en las elecciones europeas. Si a ello le añadimos el cambio automático de rey y los peores efectos perversos de una crisis provocada que alientan nuevas propuestas, podríamos concluir que algo nuevo se avecina.

Durante todo este periodo transicional, se han puesto en marcha miles de instituciones públicas: Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Institutos, fundaciones y observatorios (no astronómicos). Los partidos políticos han estado enfrascados en un concepto de la política basado en la representatividad: el partido se presenta y la gente les vota o no.

Con ese concepto, los partidos han ido generando una serie de prebendas, corruptelas y, sobre todo, alejamiento del pueblo, de los problemas reales de la gente, que han provocado una desafección masiva de la ciudadanía de las propuestas y de los propios partidos políticos.

Si los partidos han sido los principales protagonistas del periodo de la transición, han conseguido llegar al desencanto más profundo de la sociedad, al comprobar que su tarea de gobernar para el bien común no ha sido realizada y que se han centrado básicamente en priorizar el partido sobre los ciudadanos.

El hartazgo que han provocado es mayúsculo y se hace necesario un cambio profundo en la forma de entender la política, las instituciones, los partidos, la ciudadanía y la gestión de lo público. Cientos de miles de ciudadanos han dicho basta y han dejado claro que no se llegará muy lejos con este sistema que responde a intereses ajenos al pueblo llano.

Nos encontramos absolutamente en medio de un cambio de ciclo, que va más allá de la transición para colocar en primer término a la Democracia. Ahora toca Democracia. Entendida como reforma total de la administración pública, establecimiento de controles que acaben con la corrupción, una democracia que garantice la independencia del poder judicial, la defensa de lo público en Salud, Educación y Vivienda, Políticas económicas contra la pobreza y la exclusión social, Empleo digno y como derecho fundamental, sostenibilidad del medio ambiente, Igualdad real y total entre mujeres y hombres, una política humana sobre inmigración, jubilación digna, solidaridad internacional y justicia universal.

Con las anteriores premisas, es obvio que el siguiente paso es promover un proceso constituyente que nos dote de un nuevo marco global, una nueva carta magna que se adapte al siglo XXI y a nuestra realidad de ahora, no a la de 1978. Y en todo ese proceso van a participar, de manera estelar, los ciudadanos. Dejar en manos exclusivamente de los partidos políticos tradicionales y vetustos que marquen dicho proceso, sería como dejar en manos del zorro la construcción del gallinero. El nuevo marco constitucional debe ser el de una sociedad libre, avanzada, solidaria y social, organizada frente a los privilegios de unos pocos para garantizar el bien de muchos.

Los partidos políticos van a poner muchísimas trabas a estos cambios profundos a sabiendas de que perderán bastante poder en el envite. Pero el país necesita de aire fresco, de abrir puertas y ventanas, de levantar alfombras y quitar todo el polvo posible.

Ese aire fresco no puede ni debe ser un aire de enfrentamiento, sino de encuentro. Hacer sintonizar las demandas sociales de la ciudadanía con los instrumentos públicos para provocar esos cambios tan necesarios. Los que no quieran comprender que este proceso es irreversible se estarán equivocando. Los que mantengan estructuras partidarias rígidas basadas en su propia representación para cambiar las cosas estarán cercenando un profundo cambio que todos necesitamos.

MALDITOS BASTARDOS

Cuando recuperamos nuestra democracia a finales de los 70, un alivio recorría nuestra ansia de libertad por la gestión de lo público en manos de los ciudadanos con la ilusión de convertirnos en artífices de una nueva era, una España mejor para nuestros hijos y una dignidad que tanto tiempo había permanecido disminuida.

Se pusieron en marcha Ayuntamientos democráticos con una ingente tarea por realizar en barriadas que habían sido sistemáticamente olvidadas por el régimen, fuimos capaces de darnos una Constitución negociada que permitiera avanzar en el desarrollo político sin contratiempos, todos a una recuperando la democracia.

Eran tiempos de ilusión y de esperanza, de un mapa autonómico que se acercaría a solucionar los problemas reales de cada comunidad, con una confianza casi sin límites en los partidos encargados de la hazaña.

Hoy, después de más de 30 años de empeño, hemos comprobado cómo se han ido instalando en los partidos políticos los que denomino “bastardos”, hijos ilegítimos de la ilusión democrática. Tanto el PP como el PSOE se han ido encargando de situar la política fuera del alcance de los ciudadanos, alejando cada día el apego y el afecto de los primeros años de nuestra democracia hacia los partidos. Les ha interesado poco o nada que la abstención creciera y el desafecto se hiciera patente.

Han ensuciado lo más sagrado para los ciudadanos libres: la gestión de lo público. Y no les ha preocupado lo más mínimo que los electores se fueran desencantando, a ellos lo que les interesa es el porcentaje, no el número de votos, y cuantos cargos les conceden esos porcentajes.

Han permitido, cuando no encabezado, tantísimos casos de corrupción como ocasiones se daban, prostituyendo el fin del trabajo para el bien común. Ambos son culpables y además no podemos perdonarlos porque sabían lo que hacían.

Pero los ciudadanos hemos de ser responsables y cumplir con nuestra obligación de regenerar la vida pública. Primero, echándolos a la calle, no votándolos; y, segundo, sabiendo elegir a quienes nos representen desde otra forma de hacer política, manteniendo sobre ellos un control permanente para que no se desvíen.

Los bastardos de la política tienen sus horas contadas. No vamos a permitir por más tiempo su ineptitud, los clanes, las mafias, los robos ni la corrupción. Miraremos con lupa ciudadana las propuestas y pediremos explicaciones y resultados. Se acabó la fiesta.

A todos los bastardos que se habían instalado en la opulencia, el latrocinio, el poder por el poder, tenemos que recordarles que a cada cerdo le llega su San Martín.

UNA EUROPA PROGRESISTA

A pesar del euroescepticismo lampante actual, he de confesar que siempre he sido un defensor de la idea de una Europa Unida. Una simple mirada a nuestra reciente historia (últimos 100 años) nos indica muchísimas razones para insistir en este empeño de paz, desarrollo y caminar comunes.

Construir la Unión Europea ya sabíamos que no sería una tarea fácil, demasiados intereses nacionales y pocos supranacionales. El avance podría darse en la medida en que los estados miembros apostarán realmente por políticas comunes, fiscales, financieras y, sobre todo, sociales, que hicieran real la convergencia entre los europeos. Sin embargo, lo que nos encontramos es algo absolutamente asimétrico, a las órdenes del sistema financiero, sobre todo de Alemania y otros países comparsa que apuestan por la Europa a dos o tres velocidades. Para las intenciones de los partidos más conservadores, cuanto más divididos y  más débiles sean las instituciones europeas, mejor.

Se hace vital la promulgación de la Constitución Europea y su desarrollo legislativo, así como la aplicación de políticas comunes. Es obvio que para ello ha de entregarse una buena parte de la llamada “soberanía nacional” a favor de la “soberanía supranacional”, pero con el actual panorama la empresa se presenta con demasiados obstáculos para su avance.

A nadie se le escapa que los intereses de las grandes transnacionales europeas, los grandes bancos y los que mueven el sistema financiero, apuestan por una Europa lenta, pesada, ineficaz, haciendo todo lo posible para que los europeos dejemos de sentirnos europeos y acabemos por nosotros mismos con el proyecto. Y esto es así, precisamente porque contar con una Europa Unida fuerte, progresista en lo social, lo laboral, lo cultural y controladora del sistema financiero y productivo, no es un buen negocio para ellos.

Las actuales estructuras de gobierno de la Unión Europea van quedando caducas. Ni el Consejo Europeo ni la Comisión, deberían permanecer tal cuales en una futura aplicación de la carta magna europea. Habría que aplicar la elección directa de la ciudadanía de una presidencia y del gobierno, quizás a través del Parlamento, que debe asumir mucho más protagonismo en el control de la aplicación de las políticas públicas y desarrollo de las leyes que emanaran de la Constitución.

Muchos piensan que lo ideal estaría en aplicar el modelo estadounidense, pero la realidad europea es mucho más compleja, comenzando por las lenguas y terminando por la historia de cada uno de los estados miembros. Sin embargo, aplicando todas las salvaguardas necesarias, sería un modelo a tomar en consideración si realmente queremos avanzar en la construcción de una verdadera Unión.

Por tanto, una Europa Unida y Progresista, sería fundamental para lograr un nuevo escenario apoyado por la población, frente a la actual manipulación que del proyecto se realiza desde las propuestas más conservadoras.

ESPAÑA EN FIESTAS

Ha comenzado la larga etapa estival y se reproducen toda una serie de ferias y festejos por todo el mapa español. No habrá municipio que no celebre sus fiestas populares y, aunque este año gastemos algo menos, seguiremos acudiendo a los eventos organizados por nuestros miles de ayuntamientos en plazas y barriadas.

Mientras tanto el gobierno de Rajoy se prepara para dar uno de los mayores zarpazos en recortes hasta la fecha y eso que ya van muchos. Aprovechando que el Guadalquivir pasa por Córdoba y que los españolitos estaremos aún celebrando la Eurocopa, tomando un espeto de sardinas o filetes empanados con tortilla en las playas más cercanas, el Consejo de Ministros del próximo viernes promete ser histórico.

El martes 10 de julio, la Comisión Europea nos trasladará su recetario (de cumplimiento obligatorio) para que el PP lo cumpla a rajatabla, sin rechistar. Medidas que el viernes serán refrendadas en la Moncloa y trasladadas al personal mientras degustamos un tinto de verano. Definitivamente parece que el rescate a la banca irá con cargo a la deuda y no directamente a los bancos como habían pretendido vendernos la semana pasada.

A Merkel le cuesta abrir el bolso, pero si lo hace no quiere sorpresas y la garantía máxima la da un gobierno que asuma su deuda con el dinero que saque la alemana incluso aún siendo del monedero. La calderilla de este rescate bancario tiene un yugo más a añadir a nuestro escuálido presupuesto general: 8.000 millones de intereses anuales que tendremos que pagar. A ello habrá que añadir el engañabobos del dinero a entregar a los bancos (cajas), que les servirá, precisamente, para pagar sus deudas con el principal banco alemán y dos bancos franceses. De préstamos, a las PYMES y a particulares, los justos para cubrir el expediente.

Las medidas del próximo viernes, como decía, serán de armas tomar (quizá no sea sólo una metáfora), ya que prevén reducir en 30.000 millones más el presupuesto general del estado, más recortes a la sanidad y a la educación, reducción de una paga extra a los funcionarios, subida de impuestos y una batería de controles a los gastos de la administración descentralizada que hará temblar a las CCAA y Ayuntamientos.

Es un buen mes Julio para estos menesteres. De los pocos días que uno puede respirar vacación, contacto con amigos y actividades lúdicas, donde apenas si encendemos el televisor ni escuchamos la radio. Franco ya lo utilizó en muchísimas ocasiones: “a población dormida, clavada y exprimida”. Pero en esta ocasión el tiro le puede salir por la culata a Rajoy.

Los españoles ya nos estamos cansando de su mal hacer, de los engaños manifiestos que uno tras otro impone cargados de una ideología privatizante y falta de alternativas que podrían aplicarse con facilidad. No hay sólo una salida, sino múltiples y no necesariamente hemos de aplicar aquellas que afecten en mayor medida a la población en general.

Si la prima de riesgo llega a consolidarse en torno a los 600 puntos y el bono a 10 años lo pagásemos al 7%, España está condenada al RESCATE A LA GRANDE (como el órdago) y les aseguro que estamos muy cerca de que se produzca este escenario. Entonces tendremos que decidir en serio si modificamos nuestro actual modelo de estado transformándolo en uno mucho más eficaz, económico y eficiente, eliminando las diputaciones provinciales, mancomunidades, entes comarcales, empresas públicas y fundaciones, unificando ayuntamientos, incluso reduciendo comunidades autónomas.

Modificar todo ello no es ningún drama. Los padres de la Constitución nos plantearon una propuesta organizativa del estado que ha quedado caduca y que, además no podemos pagarla. El ahorro conseguido con todo ello bastaría para evitar el Rescate Grande, pero para ello los viejos y rancios partidos tienen que renunciar a sus privilegios, a sus miles de puestos a cargo de la administración.

Mucho me temo que no querrán hacerlo, que incluso prefieran hundirse con el barco a cambiar el modelo administrativo de nuestro país. Pero han de ser conscientes de que o se realiza un cambio profundo o el Rescate llegará más temprano que tarde.

BUENOS SÚBDITOS, MALOS GOBERNANTES

Reunidos la semana pasada Sarkozy y Merkel, decidieron que una forma de garantizar el control de los excesos en las deudas públicas de los países miembros de la UE, sería incorporar a las constituciones nacionales tal mandato, ya que el criterio incumplido por todos los países de la eurozona de no superar el 3%, no había resultado suficiente. El interés no es otro que dar mayor peso a este criterio convirtiéndolo en norma constitucional, colocando en un serio peligro a los países que no cumplan su propia Constitución.

Esta modificación, que sin ser menor no deja de resultar absolutamente parcial y escasa, no va a influir de forma drástica en el control de nuestros déficits públicos, servirá de orientación e incluso de metodología presupuestaria, pero no garantiza lo realmente importante: que lo que gastemos sea lo necesario, que gestionemos bien, que existan mecanismos de control sobre el gasto público y que acabemos de una vez con la corrupción y el despilfarro. Por lo tanto, la modificación constitucional sólo servirá para contentar una vez más a los mercados, a los dueños de Europa (Alemania y Francia) y para poner de garantía la carta magna de que las deudas las vamos a pagar, precisamente a estos dos países y sus bancos, a los que debemos tanto.

PP y PSOE, como alumnos aventajados, aplicados y obedientes, han querido ser de los primeros de la clase, para demostrarles a los jefes que sabemos y podemos hacerlo, pero este nivel de obediencia debida (como en el ejército), deja al descubierto la absoluta sumisión a los mandatos del eje franco-alemán, dejando pasar la oportunidad de readecuar nuestra Constitución a las necesidades propias de este momento y 30 años más por delante. La prisa por cumplir la orden ha sido excesiva e innecesaria la forma de llevarla a cabo mediante su aprobación exclusiva por el congreso y el senado, al no reunirse el 10% necesario de diputados que obligarían a la celebración de un referéndum.

Hubiera bastado, incluso, que los dos partidos incorporasen tal propuesta en sus programas electorales para el 20N y llegar a una nueva cámara que aplicara los resultados emanados de las urnas, con una renovación de los apoyos concretos. No han querido. Como tampoco han querido (por no arriesgarse a quedar en ridículo) someter a referéndum popular la aprobación de esta modificación, tan solo colocando una urna más el 20N, demostrando que la opinión del ciudadano se las trae al pairo.

Un debate sosegado sobre las necesarias y urgentes reformas de nuestra Constitución hubiera supuesto un avance extraordinario para colocarnos en un mejor puesto en la parrilla de salida de la crisis política, social y económica en la que estamos inmersos. De nuevo han hurtado la posibilidad de hacerlo, optando por mantener sus privilegios de bipartidismo y dejando pasar una oportunidad de lujo que costará volver a encontrar en el breve plazo. Tomaremos nota de su ineptitud y de su desprecio sobre la opinión del pueblo, a la hora de elegir la papeleta de voto el 20N.