EL CLUB BILDERBERG

El siniestro Club Bilderberg viene reuniéndose desde 1954, a puerta cerrada, sin secretarios, asistentes, ni expertos que apoyen a las personas más influyentes de este mundo: Banqueros, Políticos, Dueños de Multinacionales, Reyes y Generales. Dicen, porque está todo bajo un hálito de secretismo, que este Club gobierna el mundo y que cuenta con diversos grupos que luego desarrollan o aplican las decisiones que toman. Lo que es seguro es que no han estado de tertulia en Sitges. Los mercados y las multinacionales siguen controlando el mundo. Si bien el poder político se ha planteado en varias ocasiones revertir aquello y meter en cintura a los mercados y a la banca, siempre se obtiene justo el efecto contrario, siendo los poderosos lo que marcan la línea al poder político. Pero el famoso Club trata de muchos temas, sigo imaginando. Por ejemplo de la invasión de Irak en su momento antes de que Bush tomara la decisión, o la previsible invasión de Irán si se desmadran con el uranio, o el trazo de la línea de capturar a posibles terroristas internacionales para llenar los famosos vuelos ilegales. Terminar con el comunismo en Corea del Norte, Cuba y el peligro bolivariano de Hugo Chávez. Indicar los precios del petróleo para el año, el peso del dólar en la economía mundial y el freno del euro como moneda internacional, el peligro africano (que no el hambre en África), incluso los efectos del 2012 vaticinados por los mayas o si Lula debe o no ser el próximo Secretario General de la ONU. A saber… Sea cual fuera su cometido, en los tiempos que corren, la opinión pública internacional debemos oponernos con rotundidad a este tipo de siniestros clubes, sencillamente por su falta de transparencia. Bastaría con que al final de su encuentro emitieran un comunicado de los temas abordados y algunas de sus conclusiones o recomendaciones, incluso sin la necesidad de desvelar el personal que participó de las reuniones. Pero claro, entonces ya no sería el Club secreto de Bilderberg y desaparecería lo enigmático de su existencia. La verdad es que nos han pillado un poco distraídos. Los chavales preparando la nueva selectividad, los funcionarios preparando la huelga del día 8, los miembros del gobierno preparando el informe para el examen del ECOFIM y el decreto de la reforma laboral, y para entretenernos algunos partidos de la selección española en su preparación a Sudáfrica. Además tuvimos buen tiempo y nos fuimos a las playas. Parece que Zapatero estuvo invitado como país anfitrión de la reunión, lo cual ya puede dar idea del posible nivel que hubo en la misma, aunque dicen las malas lenguas que sólo estaba invitado a la hora del té.

NO A LA REDUCCIÓN EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MANIFIESTO DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBRO DE LA COORDINADORA ONGD-ESPAÑA FRENTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO LAS PERSONAS PRIMERO DESARROLLO HUMANO Y CRISIS FINANCIERA La crisis financiera mundial tiene responsables concretos y conocidos. Y aún están pendientes las medidas que pongan un precio a esa responsabilidad. También están pendientes las decisiones que permitan transformar el mercado financiero y el actual modelo de desarrollo en un sistema más equitativo, justo, sostenible y humano, y que impidan que los mismos responsables vuelvan a actuar impunemente. Pero mientras tanto, esta crisis ya se está cobrando víctimas. No víctimas simbólicas. Víctimas con nombres y apellidos, más de 1.020 millones de personas entre las poblaciones más vulnerables del planeta, principalmente en países y zonas muy distantes del parqué de las bolsas y de las sedes de los grandes bancos e instituciones financieras. También en nuestras calles, pero afectando siempre a los más vulnerables. Es inadmisible, y éticamente reprobable, que las medidas para luchar contra la crisis financiera se dirijan en contra del Desarrollo Humano y de los Objetivos del Milenio. Por principios y por coherencia. Por principios como la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la solidaridad con los más débiles. Por coherencia con todos los compromisos firmados, internacionales, nacionales y locales, por nuestros gobernantes y políticos, empezando por la Declaración del Milenio, siguiendo por el Pacto de Estado contra la Pobreza y terminando con los pactos y compromisos de las administraciones autonómicas y locales. El incumplimiento de los compromisos firmados en nombre de la ciudadanía y comprometidos con la sociedad no constituyen el mejor activo para un representante político. La Ayuda Oficial al Desarrollo no es un lujo para tiempos de bonanza, ni una limosna para cuando las arcas están llenas. Es una necesidad vital para millones de personas, es un imperativo ético y moral que responde a criterios de justicia, además de constituir un compromiso firmado y una obligación de los poderes públicos. Detrás no hay estadísticas, ni porcentajes... Hay pueblos, comunidades, sociedades, personas, alimentos, pozos de agua, escuelas, medicamentos, centros de salud... La sociedad española ha expresado reiteradamente su compromiso solidario con los más necesitados y ha de respetarse esa voluntad manifiesta. Y, de manera significativa, ha expresado su rechazo a la medida de recorte de la ayuda a los países más empobrecidos. Pedimos a nuestros representantes políticos que tomen conciencia. Que tomen conciencia de sus actos. Y de sus consecuencias. Que no actúen desde la presión cortoplacista de los mercados. Que lo hagan desde la responsabilidad moral de tener en sus manos el destino de cientos de miles de personas. Aunque éstos no tengan posibilidad de votarles en las próximas elecciones, millones de ciudadanos sí podrán hacerlo y exigirán principios y coherencia. Las organizaciones y ciudadanía abajo firmante realizan un llamamiento a los líderes políticos y de gobierno de las administraciones e instituciones públicas para que: 1.- Impulsen medidas de lucha contra la crisis que se dirijan prioritariamente hacia los responsables y causantes de la misma mediante la creación de una tasa a las transacciones financieras, medidas fiscales que recaigan sobre quien más tiene y recortes que no actúen contra el gasto social y la economía productiva. 2.- Reiteren su compromiso con la lucha contra la pobreza, con el Desarrollo Humano y con los Objetivos del Milenio, manteniendo sus compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo tanto a nivel estatal como en las administraciones autonómicas y locales en las que la participación y vinculación de la sociedad civil con la cooperación al desarrollo es aún más cercana y directa. 3.- Y a aquellos de nuestros gobernantes y políticos -en el estado, comunidades autónomas y ayuntamientos- que han anunciado medidas de recorte en este sentido les pedimos que tomen conciencia de sus actos. Y de sus consecuencias. Y rectifiquen.

LA ESTRUCTURA POLÍTICA DEL ESTADO

Mucho han de cambiar las cosas para que este país de un giro a la situación política y social que vive. Durante más de 30 años hemos ido desarrollando un sistema democrático con altibajos, pero que ha permitido un avance considerable en nuestra situación económica, social y política. No obstante, la descentralización y desconcentración política del Estado ha supuesto una errática rutina de duplicidades competenciales, presupuestarias y políticas, que han originado un agigantamiento del aparato de lo público, Al mismo tiempo, los municipios obtenían unas competencias enormes en urbanismo que han servido para sembrar muchas corruptelas, obtener muchos ingresos por las construcciones, falseando la realidad de lo que un ayuntamiento obtiene para poder desarrollar sus tareas. Las diputaciones provinciales se han ido convirtiendo en un órgano donde los partidos políticos enviaban a sus perdedores en las municipales y donde se colocaban vía personal de confianza a las estructuras partidarias, lo que ayudaba a los partidos a continuar desarrollando sus políticas de organización interna con personal pagado por la diputación provincial. Las comunidades autónomas, cargadas de competencias y dinero, han ido renovando sus primeros estatutos de autonomía, y viendo cómo realmente se han convertido en un factor político de fuerza en el Estado, pero multiplicando por 17 políticas que deberían ser únicas en el país, como las de Sanidad, Justicia, Educación, la cooperación al desarrollo, etc… La virtud de las autonomías ha sido acercar las políticas públicas a los ciudadanos, pero a costa de una duplicidad tremenda de acciones y presupuestos y mantener un pulso permanente con el gobierno central que ha ido quedando vacío de competencias. Los últimos Gobiernos de España han querido mantener un perfil más de coordinador de las autonomías que de Gobierno como tal. De ahí que no hayamos contado con una planificación estratégica del Estado para situar nuestra economía en convergencia con Europa, encontrándonos en este momento en un callejón sin salida donde las únicas alternativas que se plantean vienen por los recortes a diestro y siniestro, pero sin tener la visión de altura para el medio y largo plazo que la situación amerita. Por ello, se hace necesario y urgente, una reforma global de las estructuras políticas del estado, que aparecen en nuestra constitución, aprovechando para hacer un análisis evaluativo. No planteo un borrón y cuenta nueva, eso sería irresponsable. Pero sí una análisis exhaustivo de lo que ha ido funcionado bien y de lo que ha significado un fracaso al modelo de estructuración que nos dimos en el 78. El principio de subsidiaridad ha de ser tenido en cuenta y aplicado en esa reflexión, al mismo tiempo que se contraponen los resultados obtenidos hasta la fecha. No debe ser muy difícil conseguir un acuerdo sobre el tema, si pensamos que cualquier institución, empresa, organización, realizan sus propias evaluaciones en relación a sus planes estratégicos, y normalmente lo realizan en periodos no superiores a cinco años; con más razón, una estructura del estado creada ya hace 32 años debe ser analizada, revisada y planificada, quizás para los próximos treinta años. Seguro que todos salimos ganando.

DIPUTACIONES PROVINCIALES NO, GRACIAS

Desde la Pepa en 1812 en su artículo 325, se menciona la creación de las Diputaciones Provinciales como órgano que encauce la prosperidad de las provincias. A lo largo de todo este tiempo las Diputaciones Provinciales adquirieron diversas competencias ya que fueron el nexo de unión entre el centralismo de Madrid y la política en las provincias como ente superior a los Municipios. En la etapa franquista las diputaciones sirvieron como un elemento más de control social y político (junto a los Gobernadores Civiles), siendo una institución clave en la etapa democrática al contar con una representación provincial completa asumiendo las propuestas de desarrollo local y mancomunado tan necesarias a primeros de los 80. Posteriormente a ello se han producido algunos cambios en el desarrollo constitucional que no han sido tenidos en cuenta sobre la vigencia o no, la necesidad o no de mantener las diputaciones provinciales como instituciones del Estado. Cuando se redacta la Ley de Bases de Régimen Local del 85, las Comunidades Autónomas en España recién acababan de instalarse y de ir dando forma a lo que serían sus competencias, ampliándose las mismas durante estos años hasta las reformas estatutarias últimas. Así, hemos visto que la Comunidad Autónoma desarrollaba competencialmente las políticas en cada una de las provincias donde aplicaba las mismas, quedando muy relegadas las funciones de las Diputaciones Provinciales. ¿Qué elementos hemos de considerar para analizar la validez de estas instituciones?. Pues lamentablemente en lo que han ido derivando las mismas en los últimos tiempos. Veamos. a) Duplicidad de funciones y competencias con las Comunidades Autónomas.- Al desarrollarse las Comunidades Autónomas en la aplicación de sus competencias, las Diputaciones se van quedando vacías de contenido, de tal forma que comienzan a ocuparse de otros temas para justificar su permanencia. Si ponemos el ejemplo de Andalucía, la Junta cuenta con un delegado provincial de todas y cada una de las Consejerías a excepción de Presidencia. Es decir, se replica en cada Provincia la estructura de gobierno de la Junta de Andalucía. Estos Delegados Provinciales serían los encargados de aplicar las políticas correspondientes en todos los municipios de la Provincia. b) Se produce un gasto inmenso en el pago de Diputados Provinciales, grupos políticos, órganos de gobierno provincial, asesores en las distintas áreas, gasto que se realiza ya en la delegación provincial de la Junta de Andalucía que puede asumir con facilidad la aplicación de las políticas públicas que desarrollan las diputaciones. c) Los partidos que obtienen representación en la Diputación Provincial, han utilizado la misma como oficina de recolocación de muchos concejales que han perdido en sus municipios las elecciones como Alcalde, premiándolos con una diputación, ó como puesto para liberados con dedicación a tiempo completo a la estructura del partido. Es decir, se utiliza la representatividad en la institución para otros fines internos en las estructuras partidarias. d) La desaparición de las Diputaciones Provinciales en estos tiempos de crisis en los que vivimos, se hace ya una cuestión prioritaria, pues simplemente en la reducción de los gastos políticos citados estamos hablando de algunos miles de millones de euros que hacen falta para la mejora de la economía. Es decir, es un tema urgente. ¿Cuáles serían los problemas subyacentes a la adopción de esta medida?. En principio ninguno. Sería necesaria una reforma Constitucional (para este y para otros muchos temas), una nueva Ley de Bases de Régimen Local (que ya es urgente) y un plan de normativa para proceder al desmantelamiento de las instituciones provinciales. Los puestos de trabajo de las Diputaciones Provinciales no corren peligro, puesto que allá donde vaya la competencia va el funcionario y su correspondiente partida presupuestaria de la propia Diputación. La distribución de las competencias pueden dividirse entre las que van directamente a los municipios, las que pueden ir a reforzar estructuras intermedias como son las mancomunidades, y aquellas que pasan directamente a la gestión de la Comunidad Autónoma. Es fácil en cada caso realizar un estudio para la aplicación de esta distribución. En cuanto a las instalaciones, bienes inmuebles, vehículos y materiales pasarán a ser gestionados por las instituciones más apropiadas, en unos casos los municipios y en otros la Comunidad Autónoma. La deuda contraída por las diputaciones será abonada en un periodo no superior a 4 años que se tarde en realizar todos los traspasos competenciales, de personal, de presupuesto y de bienes. Esto podría iniciarse perfectamente a raíz de las elecciones municipales de Mayo de 2011, teniendo por delante cuatro años (2015) para finalizar todo el proceso de desmantelamiento. El ahorro para las arcas públicas (es decir del dinero que pagamos en nuestros impuestos) sería notable y se mejoraría el nivel de gestión de las políticas con una visión holística en su aplicación, anulando las prebendas a municipios del signo político que gobierna en Diputación. Tal y como me confesara hace algunos años un Presidente de Diputación, esto de las diputaciones es un chollo para la mal llamada “clase política”. Hemos de insistir en modificar esta situación que no beneficia en nada los intereses de los ciudadanos.